Una consecuencia puede observarse en la incertidumbre en torno a la relación con la colaboración con Estados Unidos.
En agosto, el excanciller Héctor Béjar firmó con la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, acordó un mecanismo de consultas bilaterales cada seis meses para revisar y evaluar los proyectos trabajados con USAID. Ni el viejo guerrillero le hizo ascos a los gringos.
Al mes siguiente, el sucesor de Béjar el breve, Óscar Maúrtua, firmó un convenio de donación por US$321 millones para proyectos de cooperación por los próximos cinco años entre USAID y el Perú.
Pero el ingreso de Barranzuela al despacho de Interior puso un signo de interrogación sobre la cooperación. El exministro Juan Carrasco firmó una orden en la que ponía fecha de reinicio a las operaciones de erradicación: 15 de octubre. Sin embargo, ni bien se ciñó el fajín Barranzuela le informó a la DEA que los operativos en el VRAEM quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.
Durante la pandemia, el Perú ha visto dispararse los cultivos de hoja de coca ilegal. Según el informe anual de Devida, en el año 2020 la superficie cocalera creció en 13,03%, pasando de 54.655 hectáreas en el 2019 a 61.777 el año pasado. Son más de 7 mil hectáreas adicionales. Después de Colombia, Perú es el segundo productor mundial de cocaína.
Barranzuela se presentó como “asesor en temas cocaleros” del congresista Bermejo cuando el 2 de octubre, días antes de asumir el cargo, arengó a los cocaleros del Vraem para que expresen su oposición a la erradicación de la hoja de coca y le dieran su “apoyo total” a Bermejo.
Se trataba de un marcado giro en la relación bilateral.
El exfiscal Carrasco había visto in situ el equipamiento con tecnología de punta que la colaboración estadounidense posibilitó recientemente en la División de Investigación Criminal del Callao. Similar implementación se llevaba a cabo también en Trujillo y Chiclayo.
Del mismo modo, el 2 de setiembre, Carrasco visitó la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra para conocer los avances con la instalación del polígono de tiro virtual y el mejoramiento de 20 aulas, proyectos desarrollados gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
“Durante mi gestión le estamos dando una especial atención a la formación de los cadetes de la Policía Nacional en investigación criminal. El potenciar estas capacidades es fundamental para atacar frontalmente a la delincuencia común y organizada en el país, respetando siempre los derechos humanos”, dijo Carrasco.
Las mejoras incluyen un aula de computación para la investigación de delitos cibernéticos; 3 laboratorios de análisis de escena del crimen; y un aula de simulación de sala de audiencia.
De otro lado, el polígono de tiro contará con dos simuladores de entrenamiento virtual con cinco pantallas de 180 grados, los cuales brindarán un entorno de entrenamiento completo para que el personal policial maneje adecuadamente la fuerza potencialmente letal.
“La Embajada de Estados Unidos es un aliado estratégico del Mininter para impulsar las capacidades de la PNP a través de la mejora en infraestructura y equipamiento a nivel nacional. Agradecemos esa colaboración permanente en favor de nuestro país. Venimos trabajando para brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, dijo entonces Carrasco.
En esa visita estuvo presente Charles Sewall, director de asuntos Antinarcóticos de la Embajada, quien seguramente se quedó bastante confundido con los episodios de los días siguientes.
En el interín, se produjo el paro de cocaleros en Puno, que fue, por el momento, desactivado por la primera ministra Mirtha Vásquez.
El exviceministro de gobernanza y experto en temas de descentralización, Raúl Molina, advirtió que los cultivos de esa zona son vendidos en Bolivia, donde se paga mejor que en el Perú.
“La de Puno es una zona muy compleja, muy alejada de los centros urbanos principales con muchas carencias. Principalmente migrantes de las zonas altas puneñas. Está en el borde del parque zonal Baguaja Somene. Mucho de los cultivos de la hoja de coca de esa zona están dentro del amortiguamiento del parque”, advirtió.
“Se les dijo que es inadmisible que cultiven hoja de coca dentro del parque y eso no se puede negociar y hay que erradicar. Lamentablemente la gente en su desesperación por buscar un sustento se ha ido metiendo dentro del parque y ese proceso es creciente y hay que detenerlo”, alertó Molina.
Con el ministro Barranzuela vieron la oportunidad de avanzar, con toda la depredación ambiental que trae consigo el sembrío ilegal de coca. En una zona de amortiguamiento de un área natural protegida, nada menos.
Ahora queda por verse si la política y el discurso del gobierno en la materia tendrá una sola dirección.
