Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, visitó Venezuela el pasado mes de junio de 2019. El informe que emitió a su regreso fue calificado de “lapidario” por esta revista (Ver aquí nota de CARETAS) pues señaló en detalle las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Sometido el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este decidió conformar una Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela. Esta misión fue compuesta por tres especialistas (dos de los cuales han trabajado en la fiscalía de la Corte Penal Internacional – CPI) y elaboraron un informe que fue presentado al Consejo. En el se identifican los hechos y sus autores -mediatos e inmediatos- y asevera que los hechos considerados constituyen crímenes de lesa humanidad.
Señala que ellos fueron ordenados por el presidente Maduro, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, y sus ministros de Defensa (Padrino López) y del Interior; identifica 45 personas y la participación del Servicio de Inteligencia (SEBIN) en los detalles operativos de los asesinatos, torturas y desapariciones que denuncia. A pesar de las solicitudes de la Misión al gobierno para que autorizara visitas al país, ellas no le fueron permitidas.
El informe de la Alta Comisionada Bachelet identificó violaciones a los derechos humanos pero su mandato no incluía la identificación de los responsables. Esto es lo que realiza esta Misión con lo cual se abre la posibilidad de que aquellos que hayan sido identificados puedan ser sometidos a la Corte Penal Internacional que tendría la última palabra en la eventual determinación de sanciones. Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y los otros identificados como responsables tendrán por delante un verdadero via Crucis.
Es la primera vez que existe la posibilidad de que responsables de un gobierno Latinoamericano sean sometidos a la CPI. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaido, hizo un enérgico llamado a los gobiernos de Argentina y México para que tengan en cuenta este nuevo informa de las Naciones Unidas y presionen sobre el gobierno venezolano para lograr el respeto de los derechos humanos.
