La Convención Constitucional se instaló la semana pasada en Chile. Serán 155 constituyentes que trabajarán durante once meses para redactar una nueva Carta Magna que entierre a la de Pinochet. Uno de los políticos chilenos que promovió este cambio hace años es Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista, quien habla con CARETAS sobre los beneficios y riesgos de este proceso que ha comenzado en su país.
—Usted mencionó que en América Latina debían realizarse reformas constituyentes. ¿La pandemia aceleró este proceso?
Creo que el Covid ha golpeado con mucha fuerza a América Latina y el Caribe debido a que somos el continente con mayor rezago en el mundo. Hay una crisis democrática que adquiere una nueva violencia porque aparecen problemas como el narcotráfico. Los problemas de la democracia se resuelven en democracia. Los procesos constituyentes son pacificadores. Le devuelven a la democracia momentos de paz que, creo, fue esencial en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile se suma con un proceso constituyente que ha permitido más paz que violencia.
—Pero pasan por un proceso.
Claro, después de la Constituyente viene un plebiscito. De ahí dos o tres años para discutir las leyes orgánicas para aplicar las nuevas reglas. Y eso es fascinante porque sacude a un sistema político fatigado muy elocuente. Si bien en 1990 regresa la democracia, a partir del 2000 hay un ausentismo de los jóvenes en un 90 % que no votaban. Había un divorcio entre la república y su pueblo.
—Opositores al proceso constituyente señalan que este nació de las protestas que mataron simbólicamente la Constitución de Pinochet y agudizaron la debilidad institucional de Chile. ¿Cuál es su lectura?
Chile es la Corea del Norte del capitalismo donde el Estado es el esclavo del mercado y eso está en la Constitución. Lo normal es que el Estado sea el brazo y el mercado sea la herramienta. Una de las consecuencias de estas reglas constitucionales es que las pensiones en Chile están obligatoriamente entregadas a privados. Ese fue el cimento de las protestas. Después se agregó la deuda, el abuso y la educación. Los chilenos entendieron que la Constitución es la que permite estos fondos de pensiones. En 11 meses más tendremos una Constitución que dé paz y un nuevo sistema provisional, entre otras cosas. Pero, los procesos constituyentes también pueden ser fallidos y dificultosos.
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—¿Qué más entra a tallar sobre el modelo económico?
La economía chilena exporta cinco cosas: cobre, salmo, madera, vinotinto y fruta. Tiene poco valor agregado y competencia. Fue un modelo exportador muy exitoso y efectivo. Nos abrimos al mundo antes que el Perú en los 90. Hicimos los Tratados de Libre Comercio y miramos a Asia. Entonces, esa pequeña economía del 4 % a nivel mundial y relevante para nuestras exportaciones le dijo a Chile que exporte mucho, achique la industria y vaya al banco a pedir plata prestada. Ese modelo de deuda privada colapsa el 2019. La Constitución aparece como un camino para ordenar otro sistema del Estado y no sea esclavo del mercado. Somos un pueblo enfurecido y divorciado del debate.
—El contexto opuesto al de 1980.
La Constitución de 1980 se hizo en dictadura. La economía se impuso sobre los derechos, la educación y el medio ambiente. El viejo Chile está a punto de morir. La clase política, que gobernó durante 31 años, está siendo jubilada muy duramente porque no fue capaz de corregir lo que el pueblo le fue exigiendo mucho.
—¿Es posible un diálogo en un proceso constituyente tan crispado, con prejuicios de clase o étnicos?
Chile tiene una cicatriz con sus pueblos originarios. Se le está reivindicando al pueblo mapuche al otorgarle la presidencia de la Convención Constitucional. Hay un ellos y nosotros. Los primeros que defienden sus privilegios y son conservadores, y los segundos que luchamos por más igualdad. En este momento, somos mayoría.
—¿Cuáles son las principales expectativas?
Uno, el fin del Estado subsidiario. Dos, el artículo 19 que son los derechos a la educación, la salud y al trabajo decente. Tres, la propiedad privada que debe tener un límite como bien común. Y cuatro que es lo más importante: un sistema político que supere esta monarquía napoleónica y borbónica que gobierna Chile hace más de 200 años. Esto es un sistema con mayor democracia participativa y directa. Un Congreso unicameral, un sistema semipresidencialista, un sistema de régimen revocatorio, con más plebiscitos, un confederalismo atenuado. Se busca una mejor Constitución.
—¿Tendrá algún impacto en las elecciones de noviembre?
En ninguna parte del mundo un proceso constituyente tiene elecciones presidenciales en el medio. Me parece negativo. Según los estudios, más del 60% de la Convención estaba en contra del Senado. Podrían eliminarlo, pero en noviembre vamos a elegir senadores por ocho años. En marzo asume el nuevo presidente o presidenta y si quiere legislar en materia forestal, minería o implementar un nuevo sistema de pensiones, no va poder hacer nada hasta que salga la nueva Constitución. Por eso propongo que el próximo gobierno dure dos años y sea de transición. El Perú lo tuvo con Valentín Paniagua, quien hizo mucho en pocos meses. Comenzó a realizar la limpieza de la corrupción dejada por el gobierno de Fujimori. Prefiero un Paniagua a un presidente que no va poder cumplir lo que promete en campaña.
—Perú tuvo cuatro presidentes y la pandemia nos ha golpeado también. ¿Cree que vive un momento constituyente?
Soy uno de los coordinadores del Grupo de Puebla. Uno de los principios de nuestro bloque es la libre autodeterminación de los pueblos. Mal haría en aconsejar en qué deben hacer, pero sí creo que los procesos constituyentes son pacificadores y el fin de la corrupción.
—¿Qué le ha parecido Pedro Castillo?
Me parece que es una persona fuerte y progresista que apuesta por la inclusión social. Sé que, apuesta también por un proceso constituyente, pero eso lo debe decidir el pueblo del Perú.
