El 20 de marzo de 2020, los 36 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberán elegir a quien ocupe su Secretaria General. Las candidaturas deberán presentarse hasta el 15 de este mes.
Derechos humanos y observación electoral son los quehaceres de la OEA que más impacto han tenido en tiempos recientes. El Sistema de Derechos Humanos, con la Comisión y la Corte interamericanas, es el aspecto más avanzado.
El impacto de la consideración, por parte de la OEA, de la situación de los derechos humanos y la observación electoral ha conducido a los Estados a observar con atención los resultados de esa observación, ya que ellos pueden dar lugar a medidas colectivas de los Estados para corregir los errores que puedan haber sido identificados. El impacto político de las recomendaciones de la OEA en materia de derechos humanos y de las elecciones observadas tiene un impacto político importante en los Estados a los que se dirijan.
Los Estados llegan a conclusiones en esas materias con la ayuda de los organismos especializados con los que cuenta la OEA y con las labores desarrolladas por su Secretaria General, encargada de ejecutar las actividades administrativas para implementar las decisiones adoptadas por los Estados. El Secretario General es quien dirige la operación administrativa y es quien será elegido el 20 de marzo próximo.
LAS CANDIDATURAS
El actual Secretario General, Luis Almagro, se ha presentado a la reelección. Su candidatura es apoyada por Colombia y Estados Unidos y se espera que las adhesiones crezcan a medida que se desarrolle el proceso. La acción que ha desarrollado en materia de democracia y derechos humanos, a partir de la profunda crisis venezolana, ha superado cualquier acción que haya sido adoptada por secretarios generales anteriores. Hay que reconocer que sus limitaciones administrativas han sido ampliamente superadas por su vocación democrática. No es frecuente este comportamiento en un secretario general; ha desarrollado una acción decidida que provocó que el partido político de izquierda al que pertenecía en Uruguay lo haya apartado de sus filas. La oposición venezolana lo apoya decididamente.
En contraste, Antigua y Barbuda ha propuesto, en nombre de la Alianza Bolivariana (ALBA), a María Fernanda Espinosa, quien fuera canciller y ocupará otras funciones de confianza del expresidente Rafael Correa. Sobre ella pesan denuncias por corrupción y es apoyada por Nicolás Maduro; se esperan algunos apoyos más de países que reciben contribuciones en petróleo de Venezuela. Ecuador ha apoyado la candidatura de Almagro. Espinosa fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el apoyo de Venezuela y Cuba.
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El tercer candidato es el peruano Hugo de Zela, embajador en Estados Unidos y dos veces jefe de gabinete de dos secretarios generales: Joao Clemente Baena Soares y Jose Miguel Insulza. Si Almagro reveló su vocación por la vigencia de la democracia durante su mandato, Hugo de Zela, desde la jefatura de gabinete de Baena, fue el principal operador del gobierno de Alberto Fujimori en la OEA después del autogolpe que perpetró el 5 de abril de 1992.
El papel de la OEA fue muy importante en ese periodo pues se había convocado una Reunión de Consulta de cancilleres para examinar el autogolpe. Hugo de Zela operó en la OEA para lograr que prevalecieran los planes de Fujimori y entorpeció en todo lo posible la participación que le cupo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con la decisión de la Reunión de Consulta, especialmente para impedir la participación del Presidente de la CIDH, el venezolano Marco Tulio Bruni Celli, en la visita de la CIDH al Perú.
La Reunión de Consulta fue presidida por el uruguayo Héctor Gross Espiel, quien terminó asesorando a Vladimiro Montesinos para que Perú denunciara la jurisdicción de la Corte IDH. Esa Reunión, asimismo, aceptó una salida de la situación política peruana aceptando en Bahamas la convocatoria de un Congreso Constituyente a la medida de Alberto Fujimori.
En los prolegómenos de la visita de la CIDH, el gobierno de Fujimori masacro a más de 60 miembros de Sendero Luminoso que habían tomado el pabellón de la carcel de Canto Grande, a pesar que los senderistas ya habían aceptado salir y así lo habían comunicado al funcionario de la CIDH que se lo informó al presidente Fujimori.
Se explicó la matanza como una medida para aumentar la popularidad del régimen, a la luz del igual efecto que había tenido la matanza del Frontón en tiempos de Alan García. En resumen: si Almagro revela una vocación de defensa de la democracia, Hugo de Zela personifica lo que es desvirtuar la labor diplomática para justificar los designios autoritarios de un mandatario impresentable en términos de democracia y derechos humanos como fue Alberto Fujimori. ¿Será eso lo que quieren los Estados?
El Perú tiene una tradición diplomática y democrática que merece y puede tener un mejor candidato.
