BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) –
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado este jueves un acuerdo para reforzar el control y la transparencia sobre las operaciones con criptomonedas para impedir que se realicen transferencias anónimas y otras medidas que faciliten su trazabilidad para evitar que los activos digitales sirvan para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La reforma, que necesita aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y del Consejo para ser formalmente adoptada, impondrá la “regla de viaje” a todas las transferencias realizadas con moneda virtual de modo que los operadores estén obligados a recabar determinados datos tanto del emisor como del beneficiario de la transferencia realizada, independientemente del monto de la misma al caer durante la negociación los umbrales mínimos que se contemplaron para el control.
“Las nuevas normas facilitaran que se investiguen determinadas transferencias vinculadas a actividades delictivas e identificar a la persona real que está detrás de esas transacciones”, ha destacado el ponente de la Eurocámara sobre la revisión de este reglamento de transferencia de fondos y eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun.
La reforma prevé igualmente exigencia específicas en las operaciones de los proveedores con carteras no alojadas (‘unhosted’, en inglés) de modo que estén obligados a verificar las transferencias desde o hacia sus clientes con una de estas carteras sin registrar.
El eurodiputado ha destacado asimismo que la nueva norma “ayudará a aplicar las sanciones financieras” que la Unión Europea impone a los oligarcas rusos en represalia por la invasión de Ucrania porque no podrán recurrir a las criptomonedas para eludir la congelación de los activos que poseen en territorio comunitario.
Así, los proveedores de servicios de criptoactivos deberán aplicar políticas, procedimientos y mecanismos de control internos apropiados para mitigar los riesgos de elusión de las medidas restrictivas nacionales y de la UE.
Además, los Estados miembro que estos proveedores sean entidades sometidas a las reglas de la directiva contra el blanqueo de dinero, con el objetivo de que la UE se alinee con las recomendaciones del grupo de Acción Financiera (GAFI) y armonizar las normas nacionales que hasta ahora se aplicaban de manera divergente.
En virtud del acuerdo alcanzado, la UE se comprometerá también a crear un registro público sobre operadores de criptomonedas que no respeten las nuevas normas o escapan al control diseñado y con los que los proveedores europeos no estarán autorizados a operar.
También se aplicará el reglamento sobre protección de datos de la Unión Europea (GDPR) a este sector para asegurar que los mercados de activos virtuales adaptan las políticas y procedimientos que aplican a sus clientes a las reglas comunitarias en esta materia.
