MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio Público Federal brasileño ha anunciado la apertura de una investigación contra la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por un posible delito de “violación del derecho a la vida y la salud” por aceptar ser sede de la competición de fútbol de la Copa América pese a la pandemia de coronavirus.
En la investigación, la fiscalía ha includio a SBT y a Disney, dueños de los canales ESPN y Fox Sports, que tarnsmitirán los partidos, así como a las empresas patrocinadoras: Mastercard, Ambev, Latam, Semp TCL, Diageo, Kwai, Betsson, TeamViewer21 y Betfair22, informa el diario ‘Folha de Sao Paulo’.
LEE | Remanentes de las FARC ingresan al Perú para resguardar cargamentos de droga con destino a Bolivia, Chile y Brasil
El subprocurador Carlos Alberto Vilhena, afiliado a la Procuradoría Federal de Derechos del Ciudadano, ha ordenado abrir oficios a los fiscales de los estados de Goiás, Mato Grosso, Río de Janeiro, Sao Paulo y Distrito Federal.
El pleigo recoge así la posible omisión del “deber de prevención de conductas contrarias a los Derechos Humanos en el contexto de actividades empresariales y del deber de protección contra comportamientos contarios a los mencionados derechos fundamentales”.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la semana pasada que Brasil acogería la Copa América tras rechazar Colombia y Argentina ser sedes de la competición.
La fiscalía considera que los planes presentados hasta el momento no garantizan que se evitará una alta tarnsmisibilidad del coronavirus. Así, la realización de pruebas no es totalmente eficaz para detectar contagios y el virus puede contagiarse incluso si el portador es asintomático.
Por ello, la celebración de la competición supone un riesgo para la salud de los trabajadores: profesionales del fútbol, equipos técnicos, periodistas, equipos de televisión y radio, trabajadores de los estadios y servicios auxiliares.
Además, los fiscales recuerdan que las ciudades sede –Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro– tienen más de un 80 por ciento de ocupación de las camas de cuidados intensivos.
