MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) –
La ONG Human Right Watch (HRW) ha advertido este martes que la propuesta del Gobierno mexicano de modificar la Constitución del país para reformar el sistema electoral del país podría socavar “gravemente” la independencia de las autoridades electorales, poniendo en riesgo elecciones libres y justas.
La propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, eliminaría muchas de las salvaguardas destinadas a preservar la independencia de las dos autoridades nacionales a las que se le encarga la tarea de supervisar todas las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según la organización.
Se espera que el Congreso discuta y vote sobre la propuesta antes de que finalice la sesión legislativa actual el 15 de diciembre de 2022.
“Los cambios propuestos por el presidente López Obrador al sistema electoral harían que sea mucho más fácil para cualquier partido en el poder cooptar las instituciones electorales del país para permanecer en el poder”, ha sostenido el investigador sobre México de HRW, Tyler Mattiace.
“Dada la larga historia de gobierno de partido único de México mantenido a través de elecciones cuestionables, es extremadamente problemático que los legisladores consideren una propuesta altamente regresiva que debilitaría la independencia de la autoridad electoral”, ha agregado Mattiace.
Según la propuesta del López Obrador, se eliminarían todos los institutos electorales estatales y los tribunales electorales estatales, las autoridades independientes que administran la mayoría de las elecciones estatales y locales y que hacen cumplir las reglas de campaña además de resolver disputas electorales.
Sus responsabilidades serían transferidas al INE y al TEPJF, que se convertirían en los únicos árbitros de todas las elecciones en México.
La propuesta también cambiaría la forma en que se nombran a los miembros rectores del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral, eliminando salvaguardas destinadas a asegurar su independencia del gobierno.
La propuesta acortaría y unificaría los mandatos de los miembros de modo que todos los miembros gobernantes de ambas autoridades electorales fueran designados a la vez, en el mismo proceso, durante cada mandato presidencial de seis años. Actualmente, estos funcionarios cumplen mandatos escalonados de nueve años y son designados en procesos de selección separados por diferentes funcionarios en diferentes años, según ha detallado la ONG.
“Reducir el número de autoridades responsables de administrar las elecciones y hacer posible nombrar a todos los funcionarios electorales a la vez facilitaría mucho que el gobierno influyera en el proceso de selección, lo que podría socavar la independencia de las autoridades electorales”, esgrime el comunicado difundido por Human Right Watch.
Para la organización, el sistema electoral actual de México, que incluye “muchas salvaguardas para proteger la independencia de las autoridades electorales”, es el resultado de décadas de reformas que comenzaron con la creación del INE en 1990 y llevaron al fin del gobierno de partido único en 2000.
Durante la gran parte del siglo XX, un partido político controlaba casi todas las instituciones públicas de México. El gobierno organizó elecciones periódicas, que en general no se consideraban libres ni justas , y casi siempre mantuvo el poder.
La propuesta del presidente también eliminaría el mandato constitucional para que el Instituto Nacional Electoral, en lugar del gobierno, administre el registro electoral así como la lista oficial de votantes registrados.
“La posibilidad de que el registro electoral pueda ser transferido al control del gobierno podría contravenir la legislación mexicana y las normas internacionales de protección de datos personales. Estos estándares prohíben que las organizaciones que tienen información personal, como nombres, fotos y huellas dactilares, compartan esa información sin el permiso expreso de las personas cuyos datos podrían transferirse”, ha añadido HRW.
“Cada país está obligado, según el Derecho Internacional, a proteger el derecho de los ciudadanos a votar y participar en la conducción de los asuntos públicos asegurando que haya una autoridad electoral independiente que pueda supervisar las elecciones de manera justa e imparcial”, ha advertido la organización en su misiva.
