En un mundo convulsionado por la pandemia del coronavirus, las graves alternativas de la competencia electoral de EEUU, la hecatombe venezolana y el drama del cambio climático con su secuela de incendios y huracanes, se produce una filtración de información que da cuenta del submundo de las finanzas internacionales y de los oscuros manejos de lavado de dinero que involucran a gigantescos bancos y a políticos intocables.
Así, el domingo 20 de setiembre pasado, un conjunto de más de 2.500 documentos que contienen Reportes de Actividades Financieras Sospechosas (SARS) fue publicado por Buzzfeed y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (que ganara notoriedad por sus investigaciones sobre los Panama Papers). El conjunto de reportes recibió el nombre de FinCEN (Financial Crimes Investigation Network – Red de Investigaciones sobre Delitos Financieros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta red, creada en 1990, tiene por objeto alertar sobre actividades financieras sospechosas del Tesoro a los bancos y de estos al Tesoro.
Las actividades sospechosas (no delictivas) abarcan los recursos provenientes del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas o de la corrupción de funcionarios públicos y sus socios empresarios, y por numerosos esquemas de estafas. La revista argentina Mercado (21/9/20) menciona a cinco bancos en especial: JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.
Los bancos son protegidos por la confidencialidad de sus operaciones y cumplen con transmitir la información sospechosa al Tesoro. Con ello, quedan a salvo de cualquier involucramiento delictivo. Esta impunidad, legalmente cubierta, alienta las actividades irregulares de los bancos que acaban beneficiándose con los inmensos recursos que mueven. Se calcula que en el periodo de 20 años que cubre la investigación los recursos traficados ascendieron a dos billones (millones de millones) de dólares.
Los actores de estas transacciones sospechosas van desde los fondos pertenecientes a los Talibanes hasta un íntimo amigo de Vladimir Putin, los “boligarcas” socios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro beneficiados con la construcción de viviendas populares y con el contrabando de gasolina de PDVESA que se calcula que sustrajeron alrededor de US$ 5.000 millones entre 2009 y 2017 en dinero público pagado por funcionarios, según BBC Mundo.
También se menciona a un operador de origen argentino que transfirió dinero en el esquema de “la ruta del dinero K” de Lázaro Báez, parte de la corrupción atribuida a los Kirchner en Argentina. Y, como no podía faltar, los recursos movidos por Paul Manafort cuando era jefe de la campaña electoral de Donald Trump en sus relaciones con el entonces presidente de Ucrania. Habrá que ver que más sigue emergiendo de esta investigación que recién comienza.
