MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno de Canadá ha apelado este viernes un fallo del Tribunal Federal de Canadá que ordenaba una indemnización para niños indígenas que fueron discriminados en la prestación de servicios gubernamentales y que se vieron obligados a abandonar sus hogares para acceder a los mismos.
El Ejecutivo de Justin Trudeau ha presentado los documentos de apelación en la fecha límite marcada por el Tribunal Federal, que ratificó a finales de septiembre una sentencia de 2016 del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos que dictaminaba un pago de 40.000 dólares canadienses –27.000 euros– a cada uno de los menores afectados, o sus familias, al no haberse financiado el sistema de bienestar infantil en las reservas.
La ministra de Servicios Indígenas, Patty Hajdu, ha apuntado que si bien el Gobierno ha apelado la decisión judicial, está trabajando con los grupos afectados para llegar a un acuerdo de compensación antes del final de este año, “implementando un enfoque que sirva mejor a los niños”, informa la cadena canadiense CBC.
El Gobierno quiere llegar al consenso fuera de los tribunales, una opción que los representantes de los menores en el caso han decidido explorar a partir del próximo lunes, 1 de noviembre, con la participación de la Sociedad de Cuidado de Niños y Familias de las Primeras Naciones y la Asamblea de las Primeras Naciones.
Precisamente, la directora ejecutiva de la primera de estas agrupaciones, Cindy Blackstock, ha aceptado negociar un acuerdo, pero ha advertido de que si no se llega a uno, la parte indígena irá “a las audiencias rápidamente”.
No obstante, ha mostrado su rechazo a que el Gobierno “haya acordado un calendario de reuniones aceleradas” y ha lamentado que, con ello, “parece que no se detiene la agresión” con la comunidad.
Por su parte, la jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Rose Anne Archibald, ha afirmado sentirse “decepcionada” de que el Ejecutivo “continúe presentando apelaciones”, aunque ha expresado que “alienta que se establezca una fecha límite para llegar a un acuerdo”.
El argumento para apelar la decisión del Tribunal Federal ha sido que este se equivocó al encontrar que el Tribunal de Derechos Humanos “actuó razonablemente” en su decisión de ordenar una compensación monetaria para los niños y las familias afectadas.
“Canadá reconoce el hallazgo de discriminación sistémica y no se opone al principio general de que se debe proporcionar una compensación a las personas de las Primeras Naciones (…). Sin embargo, otorgar una indemnización a las personas en la forma ordenada (…) fue incompatible con la naturaleza de la denuncia, las pruebas, la jurisprudencia anterior y la Ley de Derechos Humanos de Canadá”, ha defendido el Ejecutivo.
La disputa por la compensación se remonta a hace 14 años, cuando la directora ejecutiva de la Sociedad de Cuidado de Niños y Familias de las Primeras Naciones alertó de que al no financiar los servicios infantiles en las reservas, la conducta de Ottawa equivalía a discriminación racial.
Algunas estimaciones sitúan el número de niños potencialmente afectados en unos 50.000, con el mayor número la provincia de Columbia Británica. El fallo también cubre a los niños de las reservas en Yukón.
