MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno de Bolivia ha amenazado este lunes con sanciones de hasta diez años de cárcel por no llevar el certificado de vacunación contra la COVID-19 para asistir a eventos sociales o ingresar en ciertas instalaciones, que entrará en vigor el 1 de enero.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha hecho hincapié en que la medida “no es chiste” y ha detallado que las personas que no porten el documento y den positivo por COVID-19 podrán ser sancionadas en base a un delito de atentado a la salud pública.
“Si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID-19 estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso”, ha indicado en declaraciones a la televisión pública boliviana, recogidas por el diario ‘El Deber’.
“No es chiste, no es una cosa que salió y (…) el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple”, ha insistido. El decreto 4640 exige la presentación del certificado de vacunación o la presentación de una PCR negativa para poder acceder a ciertos espacios –como instituciones públicas, entidades financieras, religiosas o centros comerciales– y para viajar entre departamentos.
Horas más tarde, Silva ha lamentado que sus palabras se hayan tergiversado y ha aclarado que el Gobierno boliviano “no meterá en la cárcel a quienes no se vacunen”.
“Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen”, ha subrayado en rueda de prensa, incidiendo en que la inmunización contra la COVID-19 es “universal, gratuita y voluntaria”, según ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.
Así, ha explicado que “por un tema de proteger la salud de la población” se ha establecido que “para ingresar a ciertos establecimientos puedan portar su carné de vacuna o su prueba PCR (…) quienes no tengan su carné de vacunación deberán mostrar su prueba PCR o no podrán entrar a ciertos lugares”.
Silva ha indicado de manera general que, de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal boliviano, los delitos contra la salud pública pueden ser sancionados con uno a diez años de privación de libertad.
Hasta el momento, más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en Bolivia, con casi medio millón de ciudadanos inmunizados con la dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud boliviano.
