En un contexto de creciente violencia contra los defensores del medioambiente, y de mayor presión sobre los recursos naturales, diversas organizaciones de Perú se han unido para exigir al Congreso de la República que ratifique el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional vinculante que fortalecerá la protección de los defensores y defensoras ambientales, la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia ambiental.
Luego de ser ratificado por 12 países, el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe. Sin embargo, si bien Perú desempeñó un rol clave en la promoción de este tratado durante el proceso de negociación, aún no lo ha ratificado.
A través de la plataforma Escazú Ahora Perú, que contiene recursos informativos sobre la relevancia de este acuerdo para la gobernanza ambiental nacional y global, la sociedad civil unida busca visibilizar la importancia, pero también la urgencia para el país de ratificar este tratado.
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“Nuestro país enfrenta importantes retos para garantizar estándares ambientales. No podemos ser de los países que se quedan atrás en la protección de derechos ambientales en nuestra región. El Congreso peruano debe ratificar este acuerdo y dar una señal concreta de interés por fortalecer la institucionalidad ambiental”, señaló Fátima Contreras, especialista legal de la SPDA.
Escazú Ahora Perú es la plataforma que busca visibilizar la importancia y urgencia de la ratificación de dicho tratado en nuestro país para generar una corriente de opinión en la ciudadanía, así como en los principales poderes del Estado como el Congreso de la República y el poder Ejecutivo.
Entre las organizaciones que se han unido en la plataforma Escazú Ahora Perú se encuentran Oxfam Perú, Hivos, Proética, Amnistía Internacional, EarthRights International, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), entre otras.
Firma el pronunciamiento de la plataforma Escazú Ahora Perú aquí: https://escazuahoraperu.pe/
DATO:
El Acuerdo de Escazú es una herramienta clave para fortalecer la institucionalidad ambiental en el país y garantizar un enfoque de derechos humanos en la gestión ambiental.
