Si la actual crisis política en la que está el país se hubiese presentado durante el siglo XX, ya habría sido resuelta: los militares habrían desalojado al presidente Castillo del Gobierno. Ese era el método mediante el cual se solucionaban las crisis a lo largo de esa época de nuestra historia: un golpe de Estado. Esa salida, sin embargo, conllevaba un mayor agravio: violar la Constitución sin atenuantes. Como quiera que los gobiernos depuestos estaban vinculados a actos de corrupción, el régimen de facto instaurado se inauguraba con gran aceptación popular. Los golpes del general Velasco y Alberto Fujimori son elocuentes a este respecto. Claro, no se ponderaba el enorme costo institucional que representaba para el Perú llevar a cabo dichas medidas de fuerza.
Aun cuando algunas pocas voces altisonantes invocan la intervención de los militares para una solución expeditiva a la actual situación, al estilo de lo que ocurría el siglo pasado, pareciera que dicha alternativa está descartada.Los sucesivos gobiernos constitucionales que se han hecho cargo del país a partir de este siglo XXI, no obstante sus notorias carencias, han establecido una nueva fórmula: las crisis deben resolverse dentro de los cauces constitucionales y, lo más importante, siempre preservando el sistema democrático.
Mucho se ha escrito y especulado sobre el entrampamiento en el que estamos desde que el presidente Castillo asumió el poder, el cual tiene los ingredientes para el desánimo: un Ejecutivo débil y desorientado, para colmo envuelto en clamorosos actos de corrupción; un Legislativo fragmentado en más de una docena de grupúsculos (que no merecen denominarse partidos políticos), absolutamente desprestigiado y sin ningún mensaje mínimamente coherente para albergar alguna esperanza; y, finalmente, una ciudadanía, por ahora, desinteresada de tales especulaciones, pues está preocupada por tener trabajo y vivir en paz.
Se han esbozado una serie de caminos para salir del actual desgobierno, todos ceñidos a la Constitución: aplicar la vacancia del presidente Castillo por permanente incapacidad moral, dada su eventual participación en los diferentes actos de corrupción que se vienen denunciando durante su gobierno. Esta vía, sin embargo, no ha prosperado en las dos ocasiones que se ha querido llevar a cabo. El Congreso, al que le corresponde atender el caso, no ha reunido los famosos 87 votos que se requieren, como mínimo, para acordar dicho relevo. También se ha hecho referencia al juicio político por infracción constitucional del mismo presidente Castillo, con ulterior suspensión en el cargo, pero para ello se requiere un trámite de procedimiento.
Se ha empezado a explorar otra alternativa, igualmente institucional: que la Fiscalía de la Nación active al Poder Judicial. La idea, en síntesis, sería que la Fiscalía, fundándose en la evidencia que obtenga en alguno de los casos que investiga, solicite al Poder Judicial que el presidente Castillo sea suspendido en el ejercicio de su cargo.
Es verdad que esta vía tiene el gran desafío de diseñarlo todo, ya que no existe precedente alguno, pero no es menos cierto que muchos avances de la civilización se han logrado mediante la innovación del derecho.
*Abogado y fundador del original Foro Democrático
