Se viene sosteniendo que la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral es una atribución del Congreso que para aprobarse requiere, solamente, un mínimo de 87 votos. O sea, basta declarar que el presidente es un inmoral con esa mayoría calificada. Nada más.
Se trata de una nueva visión político constitucional que contradice nuestra tradición histórica. Si así de simple fuera, nos hubiéramos evitado muchas turbulencias políticas.
Veamos. Durante el siglo XX, el Perú estuvo regido por cuatro Constituciones. En cada una de ellas, con el mismo texto, está reconocida la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Como se ha recordado, durante todo ese tiempo, dicha figura únicamente se aplicó dos veces: con Billighurst al iniciarse el siglo y con Fujimori al terminarse.
Sin embargo -esto es fundamental relievarse- durante los últimos cien años de historia, solo en tres ocasiones hubo traspasado legítimo de un gobierno elegido democráticamente a otro. En 1945 de Manuel Prado a José Luis Bustamante y Rivero, en 1985 de Fernando Belaúnde a Alan García, y en 1990 de éste a Alberto Fujimori. El siglo XX estuvo caracterizado por gobiernos de facto derivados de golpes militares originados por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso.
El caso del primer gobierno de Femando Belaunde es aleccionador a este respecto. El nivel de disputa entre el Gobierno y el Parlamento durante el año 1968 fue de tal magnitud, que la crisis se resolvió con el golpe militar del general Velasco. Algo semejante había ocurrido con José Luis Bustamante y Rivero en 1948, cuando fue derrocado por el general Odría.
La reflexión que habría que hacer, entonces, parte de la siguiente pregunta: ¿cómo es que los Parlamentos de aquellos tiempos, aplicando exactamente el mismo criterio que ahora se viene invocando, no recurrieron a la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, teniendo en cuenta que la Constitución se los permitía?
La solución a las crisis hubiera sido menos traumática y la historia política del Perú habría sido, también, sustancialmente diferente. Cada Congreso tenía la facultad constitucional, reunía los votos y la causal era la misma que los militares utilizaron para derrocar los gobiernos.
Pues bien, no se hizo porque existen valores intrínsecos a las instituciones y límites que deben respetarse. El presidente de la República, sin importar quién sea, es una institución que representa al Estado y personifica a la nación. Su vacancia está escrupulosamente restringida en todas las Constituciones del siglo XX, incluida la actualmente vigente.
Ocurre que dichos valores y tales límites, se han perdido en el país desde el año 2016. El gobierno elegido democráticamente en esa oportunidad aún no ha terminado su mandato, y tiene cuatro pedidos de vacancia presidencial, el doble de todo el siglo XX. Se está trastocando el sentido de las instituciones y se está poniendo en serio cuestionamiento la estabilidad de la figura presidencial.
Si el siglo XX se caracterizó por los golpes militares, no permitamos que el siglo XXI lo haga a través de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.
*Abogado y fundador de Foro Democrático
