Decir que la tierra es plana es una aberración. Decir que Joe Biden ganó la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump con fraude, es una mentira. Decir que el Congreso peruano aprueba leyes apegadas a la Constitución es, en algunos casos, una combinación de ambas cosas: aberrantes mentiras.
Está establecido que todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución. Dicha obligación es especialmente relevante para los congresistas, quienes están al servicio de la nación. No obstante estos inequívocos mandatos, el Congreso viene aprobando leyes manifiestamente contrarias a la Constitución, tanto es así que el propio Tribunal Constitucional (TC) las ha declarado como tales en sentencias que han merecido unánime pronunciamiento.
Repasemos los casos. La Constitución señala que los contratos no pueden ser modificados por ley. El mandato es explícito. Sin embargo, el Congreso aprobó suspender el pago de los peajes a los concesionarios titulares de los contratos que los autorizaban a cobrarlos. El Poder Ejecutivo impugnó dicha ley y el TC la declaró inconstitucional. Ha trascendido que los afectados están requiriéndole al Estado el pago de todo aquello que dejaron de cobrar. El daño está cuantificado.
La Constitución también establece que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. A pesar de dicha prohibición, el Congreso aprobó una ley que autorizaba los ascensos automáticos en el sector salud. Otra vez, el Gobierno interpuso una demanda y el TC acordó, por unanimidad, declarar inconstitucional la mencionada ley. Se estima que de haberse ejecutado, el daño habría superado los mil millones de soles.
Violando exactamente el mismo principio de que los congresistas carecen de iniciativa de gasto, el Parlamento ha aprobado la ley que ordena la devolución de aportes a los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El Ejecutivo ha planteado una acción de inconstitucionalidad, la cual se encuentra pendiente de resolverse ante el TC. Se calcula que el costo de aplicar esta ley supera los 16 mil millones de soles, que el Estado simplemente no tiene.
Ahora bien, los congresistas proceden de la manera descrita, sabiendo que las leyes que aprueban son contrarias a la Constitución y que, tarde o temprano, se convertirán en aberrantes mentiras, intentando cosechar (equivocadamente por cierto) réditos políticos inmediatos, y protegidos por la irresponsabilidad constitucionalmente reconocida a su favor.
En efecto, la Constitución dispone que los Parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo y que no son responsables ante ninguna autoridad por las opiniones y votos que emitan. Ese es el escudo que les permite perpetrar los cuestionables actos que aprueban.
Sin embargo, hay que llamar la atención sobre lo siguiente: la Constitución no ampara el abuso del derecho. Se trata de una figura jurídica que descalifica a quien actúa de acuerdo a su facultad, pero la ejerce contrariando sus fines o rebasando sus límites.
¿No es acaso eso precisamente lo que hacen los congresistas –abusar de su derecho- cuando aprueban intencionalmente leyes contrarias a la Constitución?
Queda planteada la pregunta.
