La asunción a la presidencia de la República de Francisco Sagasti, es lo mejor que puede haberle sucedido al Perú en los dramáticos momentos que vivimos. Hay una sensación de alivio y otra no menor de esperanza.
De no haberse logrado, estaríamos regresando al siglo XIX, a aquellos momentos en los que lo imprevisible era nuestro signo distintivo. Recordemos que durante la guerra con Chile, nuestra clase política no encontró mejor cosa que discutir quién era presidente de la República mientras el ejército invasor ocupaba nuestro territorio.
Si entre el año 2016 y el momento actual hemos tenido cinco presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, el mandato de algunas horas de Mercedes Araoz, ungida como tal por el Congreso disuelto, Martín Vizcarra, Manuel Merino y, ahora, Francisco Sagasti, no es en absoluto equivocado hablar de una severa crisis institucional. En vísperas de cumplir nuestro bicentenario, el país ha desnudado su notoria precariedad.
Durante estos sorprendentes días, han corrido ríos de tinta y no menos palabras acerca de cómo el Perú se ha convertido en un verdadero foco de atención mundial sobre la disfuncionalidad de un país. No es para menos: que en estos últimos cuatro años, en el transcurso de un gobierno que aún no termina, se hayan presentado cuatro pedidos de vacancia presidencial y se haya disuelto un Congreso, combinación de hechos que han dado lugar a los cinco presidentes mencionados, constituye un conjunto de fenómenos digno de estudio detenido.
Todo, además, en el medio de una pandemia no controlada todavía, y de una recesión económica que está por disputarse el primer lugar más perjudicial de nuestra historia.
La figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, recogida en todas nuestras Constituciones del último siglo, no está recogida para generar crisis de la envergadura que estamos padeciendo. De hecho, solo se ha aplicado dos veces en los últimos cien años.
Y es que resulta inadmisible que una mayoría calificada de parlamentarios, solo por tener los votos y no las razones constitucionalmente reconocidas, destituya al Jefe del Estado, como se ha hecho recientemente. El precedente para el futuro es nefasto. En adelante, no es difícil advertir que el Congreso podrá relevar al presidente de la República, en cualquier momento, recurriendo a la simple consideración de reunir los votos necesarios para hacerlo. Y esa no ha sido nuestra tradición histórica, ni es tampoco nuestro esquema constitucional de gobierno.
Por eso, lo importante en la hora presente es delimitar los alcances de dicha figura. La responsabilidad del Tribunal Constitucional (TC), a este respecto, resulta fundamental. No puede abstenerse de resolver el fondo de la cuestión de competencia promovida en la primera vacancia de Martin Vizcarra, aun cuando ésta haya quedado superada, invocando que ya no hay nada por resolver, ni tampoco debiera inhibirse de conocerla porque el mismo Vizcarra aceptó su vacancia en la segunda oportunidad que se le presentó.
Está claro entonces que lo que resuelva el TC no implicará que Martín Vizcarra retorne a su cargo, no solo porque aceptó la decisión del Congreso, sino porque Francisco Sagasti ya asumió el poder; pero lo que debe establecer como supremo interprete de la Constitución, hasta donde resulte jurídicamente razonable, es definir qué se entiende por incapacidad moral permanente, cuáles son sus características y cómo debe compatibilizarse su utilización con el régimen democrático de pesos y contrapesos.
*Abogado y fundador del Foro Democrático
