El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que el jueves 9 de marzo inicia un operativo de control sin precedentes sobre todas las entidades el gobierno nacional. Shack, que termina su mandato en julio del próximo año, culmina en este 2023 una gran reforma del sistema de control. Si la corrupción e ineficiencia son los grandes lastres del Estado, la gestión de este funcionario tiene la data y experiencia para darles una verdadera pelea.
—¿Cómo se calcula el monto de lo que el Perú pierde por corrupción?
Permíteme explicarlo. Puedes analizar un caso, pero no sabes cuántos son todos. Por eso a nivel internacional la corrupción se mide por un índice de percepción. Transparencia Internacional expresó en un evento hace poco que quisieran hacer un tipo de medición como el de aquí. En la Contraloría preferimos hacer una evaluación no sobre lo que la gente cree sino sobre los datos que encontramos en nuestras investigaciones. La lógica es simple. Si a nivel de un caso puedes saber todos los detalles, también puedes tener una muestra representativa del universo. Es por eso de que podemos afirmar que el año 2021, se perdieron S/.24263 millones. Eso quiere decir 13.6% del presupuesto público. Casi 14 de soles de cada 100 que gasta el Estado se pierden. En el 2019 era casi 15%, en el 2020 bajó a 12% por el COVID, en el 2021 ha subido a 13% y espero que el 2022 bajemos a 12% (n. de ed.: frente al presupuesto. El monto sería similar al del 2022). Ya se celebró el convenio de Gobierno a Gobierno con los franceses para hacer la tan necesaria nueva carretera central que, dios mediante, estará en 2028 o 2030. Eso cuesta S/.12 mil millones. ¿Cómo sería nuestro proceso de desarrollo si tuviéramos dos carreteras como esas? Ahora que los bonos han estado de moda, con 12 mil millones eliminas la pobreza del Perú.
—¿Cómo será el mega operativo de control en el gobierno nacional?
No se ha dado nunca. La necesidad de control excede las capacidades. A la Contraloría llegan 16 mil denuncias al año. Cuando yo llegué en 2017 llegaban 3500 y se atendían alrededor de 2 mil. Ahora se atienden unas 12 mil en el año y 4 mil pasan al próximo año. No es que la corrupción se haya multiplicado por 5 sino que la gente tiene más confianza en el trabajo de la Contraloría. Pero no hay la suficiente cantidad de auditores. En Tumbes tenemos alrededor de 30. Es imposible absolverlo todo. El 2021 diseñamos un nuevo modelo de control con enfoque territorial. Si por cuatro meses imagino que Tumbes es el Perú y muevo toda la capacidad de los auditores a Tumbes, atiendo todo. Así se han hecho todos los megaoperativos el año pasado. Y ahora aplicaremos ese criterio en más de 170 entidades del gobierno central. Vamos a hacer un corte, el control se pondrá al día con todo lo pendiente.
PATRONES DE CORRUPCIÓN
—¿En ese despliegue se han encontrado patrones para entender la corrupción en las regiones?
El negocio no es hacer la obra. Es adjudicársela porque ahí se perfecciona la coima del proceso de selección. En los estudios producto del metaanálisis que hacemos en todas las regiones es que los expedientes técnicos están mal. Usan el de otro proyecto, copia y pega, y les pagan. Es un acto de corrupción. En Chile un expediente técnico cuesta en promedio un 6%, 7% del valor de la obra. Aquí en el Perú estamos en 2.8%-3%. Y en los países desarrollados es 10%. Mientras más inviertas en hacer estudios la ejecución del proyecto va a salir mucho mejor. Otro patrón es que hay mucha corrupción en el manejo de la planilla. En el sector Educación, en Salud ahora que se han repartido tantos bonos por el Covid, la evidencia demuestra que se pagan muchas cosas que no deberían pagarse. Otro caso son las compras de menos de 8 UITs. Del total de las contrataciones públicas, solo el 44% de ese gasto se hace con la ley de contrataciones 30225, que por cierto debió cambiarse hace mucho. Menos de 8 UIT es exactamente el 30%.
—¿Es el tema de la administración directa de las obras que los gobiernos locales pueden gestionar?
Esa es otra cosa, aunque muchas de estas pueden ser menos de 8 UITs, efectivamente. Una modalidad de ejecución es que haces el expediente, licitas y hay un contratista que hace la obra. Otra modalidad es que yo no contrato una obra. Contrato los materiales, compro los insumos, contrato al personal, entonces la modalidad de ejecución es directa. Yo mismo lo hago. Y esa es otra problemática que se ha visto en estos megaoperativos porque hay total desorden con respecto a esas obras. Ahí es donde todo se fracciona. De repente voy a hacer la obra y resulta que cuesta medio millón pero lo voy a partir, ya no es un solo contrato. Voy a contratar al personal uno por uno, y tanto cemento, fierro, y hago múltiples contrataciones chiquitas. En 2021 se gastaron 14450 millones de soles sin competencia, pluralidad, ni transparencia. El presupuesto del 2022 fueron 209 mil millones de soles. Descontando planilla y pensiones, el 30% de toda la contratación pública de bienes, servicios y obras, se hace a dedo. Así en cristiano. En 2022, durante el gobierno de Castillo, las contrataciones por menos de 8 UITs se expandieron brutalmente hasta 18 mil millones. Y se emiten 3.65 millones de órdenes de compra y servicio para gastar toda esa plata. Imagínate la cantidad de burocracia que se necesita para procesar esas órdenes. Muchas de esas son consultorías, personal que en realidad deberían ser trabajadores. Eso hay que reglarlo.
—¿Qué pasa con el nivel de profesionales en el interior?
En los niveles regionales y locales no existe un servicio civil calificado y meritocrático. Eso tiene que ver con un problema mayor porque el Estado paga muy poco. Quieres una persona que sepa del invierte.pe, con 10 años de experiencia en el sector y maestrías. Por 4 mil soles no hay. Por 12, seguramente. No tienes la plata ni el marco legal. En cambio, el fondo de apoyo gerencial que maneja el Ejecutivo al igual que el PAC (Profesionales Altamente Calificados) permiten contar con funcionarios en posiciones claves que puedan ganar hasta 18 y 25 mil. A esas personas si les puedes exigir que sepan de todo y no tienes problemas de ineficiencia. La corrupción está pegada a la ineficiencia. ¿Por qué? La coima no sale de la utilidad de la empresa porque sería una transferencia. Sale de la sobrevaloración. La tasa de utilidad neta después impuestos, sin corrupción, que el empresario se lleva al bolsillo está alrededor de 8%-10%. En una obra de 100 millones gano 10 millones. Con coima la obra sale 120 millones. Ese es el problema. Cualquier cosa que el Estado haga por la eficiencia va a tener un efecto en el combate contra la corrupción.
TRANSFORMACIONES URGENTES
—Se dice que el Perú tiene legislación idónea, pero no es así. Hay leyes que vienen de la época de Luz Áurea Sáenz, con más de 20 años.
Además de la del control, hay cinco reformas sin las cuales la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional no va a hacerse efectiva. Más allá de la bicameralidad o no, lo crucial es la transparencia en las campañas electorales. Luego la reforma del sistema de justicia, la del servicio civil, y todo lo vinculado a transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Como bien dices, la quinta reforma es la de la calidad regulatoria y la simplificación administrativa. Estamos plagados de normas incompletas y anacrónicas. La única norma que regula como se hace una obra por administración directa es una resolución de la entonces señora contralora general, de 1988. Cuando revisé el tema dije que tanto problema hay, yo lo resuelvo. Pero resulta que en el 2002 cambia la ley orgánica y ya no tenemos esas facultades. Es una norma tan vieja, al amparo de la ley orgánica que dio el gobierno militar, que obviamente está totalmente desfasada y genera una serie de problemas al momento de ejecutar y controlar esas obras.
—Hay además sectores especialmente adeptos a las consultorías.
Los principales problemas de las consultorías no están en los gobiernos locales y regionales, están en el gobierno nacional. Particularmente en algunos ministerios. Educación es uno, el MEF, Mincetur, Produce. Ahí se gastan tranquilamente S/.3 mil millones al año. Y hay que separar la paja del trigo.
—La típica reacción es decir que las prohíban.
No, lo que hay que hacer es regularlo mejor. Hacer el expediente técnico de un saldo de obra que está paralizada, eso es una consultoría. Y no tiene por qué estar mal. Cuando la contraloría hace una auditoría financiera a Petroperú y contrata a Price Waterhouse, eso también es una consultoría. Lo que está mal son las de Richard Swing y tantos otros casos. Este año vamos a hacer megaoperativos bajo la misma lógica que te decía del territorio, pero sectorial. Durante un par de meses voy a parar a todos los auditores y los voy a meter a mirar todas las consultorías. Ahora el punto no va a ser solamente cómo contrataron al señor Enrique Chávez sino más bien qué ha producido. Por eso presentamos un proyecto de ley al Congreso y ya es una ley en la cual le da a la Contraloría la capacidad de ordenar a todo el sector público subir los entregables a un portal público que se lanza este mes. La idea es que la propia población se preocupe. Contrataron al señor Shack y su entregable son dos hojas. De repente son dos hojas son muy valiosas pero se abrirá la discusión. Se abrirá en agosto para que se llene el portal primero, por ley.
CASTILLO DE CAOS
—Se refirió al incremento del gasto en las UIT con Castillo. ¿Hubo constante en la corrupción de su gobierno o fue sencillamente un caos?
Caos, sí, porque el daño más grande que hizo el gobierno de Castillo no fue tanto que robaron mucho. En todos los gobiernos han robado antes. Fue el deterioro institucional y eso lo ha logrado a partir de copar el Estado con gente no idónea que en muchos casos entró de frente a robar.
—¿Una especie de asalto?
Exactamente. La diferencia fue poner gente, digamos, con esa motivación. Estoy acá hace 6 años, he trabajado con seis presidentes y nunca había visto un nivel de deterioro tan grande con la profusión de casos de corrupción menuda. Si te pones a pensar no ha habido un caso grande de megacorrupción porque justamente todo estuvo más o menos paralizado. No recuerdo ninguna grande en el gobierno de Castillo, ninguna gran inversión. No hicieron nada de obra.
—La erosión.
El deterioro de la capacidad institucional de todo el poder Ejecutivo ha sido evidentemente gigantesco.
LA REFORMA
—¿Qué es lo más importante en términos de la reforma del control?
Lo más importante es que se ha cambiado el modelo de control en el Perú. De uno esencialmente posterior, reactivo y punitivo a otro simultáneo. No funcionaba no por el problema del control que siempre se ha hecho, sino porque el resto del Estado no funciona bien. El valor público que generaba un informe de control era en algunos casos inexistente. Ya la carretera está mal hecha y ya robaron. ¿Qué queda? Perseguir a los culpables. Pero si esa persecución no tiene efectividad, porque no hay sanción y no se recupera nada, lloramos sobre la leche derramada. Este modelo de control trata de evitar de que se derrame, pues. Que miremos la gestión durante el proceso y alertemos a los gestores para que corrijan eso. En la concurrencia casi todo se puede arreglar.
—¿Qué pasa con las Oficinas de Control Interno (OCI) de las instituciones?
¿Cómo la OCI de un distrito o provincia va a poder controlar bien lo que hace el alcalde y su equipo gerencial si dependen de ellos? Otro elemento clave fue incorporarlas administrativamente, absorber las oficinas de control de tal manera que la operación logística, los sueldos de la gente, los procesos de selección y capacitación sean de la Contraloría. Ayuda muchísimo porque las denuncias se procesan con mayor agilidad. Incluso antes a veces la Contraloría ponía al jefe de la OCI, pero toda la operación estaba a cargo del municipio. Si soy alcalde y no quiero que vayan a ver la obra les digo no tengo plata, y punto. Y ahí queda el pastel. Eso también generó una enorme brecha en la atención de denuncias. Pueblo chico infierno grande, ahí todo se sabe y se denuncia. Pero no había esa capacidad de respuesta. El tercer cambio es abrazar la transformación digital. Después del COVID no es posible pensar solamente en los mecanismos tradicionales de hacer auditoría. Necesitamos entrar a un proceso intenso en el uso de tecnologías y comunicaciones de control. Más allá de los demás desafíos, esos tres cambios son fundamentales.
—¿Qué queda por delante?
Primero terminar este proceso de reforma que se diseñó para que se ejecute en cuatro años. Debió terminar en 2021 pero el COVID generó un rezago y debe terminar este año. Mi período termina en julio del 24. Por ejemplo, absorbimos las OCI de los gobiernos regionales y locales provinciales, pero falta el nacional. Eso tenemos que hacer este año. Cuando comenzamos operábamos con tres bases de datos. Ahora son casi 50. Ya recuperamos la capacidad sancionadora. El tribunal de la Contraloría ya fue electo y vamos a iniciar las sanciones e inhabilitaciones que correspondan. Se expandió el control concurrente pero los recursos vinieron recién a fines del año pasado. Este año vamos a intervenir por lo menos en unos 6 mil proyectos. Lo último pendiente es generar una nueva ley que permita crear la carrera del auditor gubernamental.
—¿Cuántos son ahora?
Unos 3600 en una organización con un total de 4800 personas. Estos auditores son régimen 728 así que para garantizar su independencia y autonomía se requiere crear una carrera especial como la que tienen los diplomáticos, los policías, para que ni siquiera el contralor, que es técnico, pero es de extracción política, pueda decidir quien es el jefe de cada oficina. Es mejor que se institucionalice. Con eso debe cerrarse en términos gruesos la reforma.
OBRAS PARALIZADAS
—Hay 21 mil millones de soles en 1879 obras paralizadas. Pero se redujeron desde el año pasado ¿Vamos hacia mejor o peor?
A mediados de año pasado la cifra era 2300 obras por 29 mil millones. Pero no es que 500 obras se hayan reactivado. En octubre salió una ley del congreso, la 31589, con la nueva definición de obra paralizada. Antes para la Contraloría una obra paralizada era cualquiera que no tenga movimiento físico en tres meses. Ahora es 6 meses. Por eso evidentemente se ha reducido. Para arreglar esas obras se necesita sobre todo gestión. La ley abre una serie de mecanismos para reactivar las obras y recoge mucho la propuesta de la contraloría en 2018. Se necesita una inyección de recursos. Como autoridad yo voy a querer hacer mis obras. Si uso la plata del presupuesto para reactivar la obra del otro ya no voy a tener plata para hacer las mías. Hay un problema estructural que le he mencionado al ministro de economía. Lo que hay que hacer es tomar decisiones. ¿Cuáles quieres reactivar? De esas obras la Contraloría lo sabe todo, por ejemplo, si el problema es con el expediente técnico. Hay obras que están al 95%. Métele la plata para terminarlas.
—¿Cómo califica la receptividad del MEF actual, Álex Contreras?
Ha sido receptivo. Ya se estudió harto, incluso está valorizado lo que falta. De esos 21 mil millones se han gastado como 11 mil y faltan invertir alrededor de 10 mil. Pero puedes empezar, con mil millones, con el marco legal vigente, y reactivas el 25% de las obras paralizadas. Escoges las grandes que están al final. Para el resto se necesita una reestructuración mayor del sistema. El año pasado se ejecutaron casi 45 mil obras en el Perú. Se gastó 47 mil millones de soles. El nivel de atomización de la inversión pública es brutal. Se hacen en promedio obras de un millón de soles. Tienes de 200, 300, 500 mil. Ese es un primer problema. ¿Cuánta plata necesitan para que se cierren esos proyectos y entren en operación? Casi 150 mil millones. La capacidad de ejecución del Estado peruano es un poco menos de 50 mil millones. No se trata solo de plata, sino de capacidad de absorción de ese gasto. En resumen, por los próximos tres años nadie debería aprobar ningún proyecto nuevo. Cierra lo que tienes.
—Debería ser un tema de campaña.
Lo mejor es sincerar y hablar de verdad. Si estas cosas no cambian, mucho de lo que han prometido las autoridades no se va a cumplir. Pueden tener la mejor voluntad, pero los números no dan, pues. Si vas a terminar las obras, termínalas. Sino ciérralas. Limpia la cartera de inversiones.
(Enrique Chávez).
