Cuando CARETAS WEB editorializó la Feria Internacional del Libro (FIL) 2022, hizo un subrayado: se extrañó que en esos días de “fiesta” libresca no se haya abordado la problemática de la Ley 31053, o conocida también como la Ley del Libro. Sobre esta ley se discursea rico (hay que ser suicida para discutir o poner en cuestionamiento la importancia del fomento de la lectura), pero se hace muy poco porque la misma, tal y como está definida desde el 2020, firmada durante la gestión presidencial de Martín Vizcarra, es una trampa porque en ella se estipula que la exoneración del IGV signada en esta ley caduca el próximo 16 de octubre.
Como bien se sabe, la FIL de Lima es organizada por la Cámara Peruana del Libro (CPL), la entidad comercial y cultural que alberga a las principales empresas editoras y librescas del país. Por lo tanto, este es un tema que le compete y la pelota no necesariamente tiene que depender del Ministerio de Cultura (Mincul, el encargado de velar por la Ley 31053).
La logística de la referida ley abarca aspectos como la promoción de la lectura, el reforzamiento de las bibliotecas públicas, entre otros; sin embargo, al no contar con una exoneración “vitalicia” del IGV poco o nada se puede lograr en esa titánica y estimulante tarea que significa la difusión de la lectura en Perú.
El Mincul resulta insuficiente. Se requiere del compromiso de todos los actores de la galaxia libresca local y en este propósito el factor económico resulta clave por la sencilla razón de que el sector libresco está herido de muerte o en cuidados intensivos. A pesar de ello, este sigue siendo uno de los rubros culturales más activos del país (da trabajo directo e indirecto, en sus múltiples cadenas de comercio, a miles de peruanos).
¿Por qué? Porque hay una clase ilustrada (que recorre todos los segmentos sociales) que asume la compra de libros como una inversión cultural —pese a la recesión causada por la pandemia, en la FIL 2022 si bien el número de asistentes bajó (292 mil) en comparación a la FIL 2019 (586. 90), la diferencia en compras solo fue de tres millones de soles menos con la edición del 2019 (20 millones), según datos de Gestión)— y la idea es que esta siga creciendo. Para lograrlo, urge proteger económicamente a las librerías (está comprobado: sin librerías no hay industria del libro) y empresas editoras (grandes y pequeñas).
Este sí es un aspecto que la CPL debe impulsar en la FIL 2023. Discutir la razón de ser de esta ley incompleta, también analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2022 (a cuenta del Mincul, que debe presentar el balance en el primer semestre de este año, tal y como manda la Ley del Libro) y no preocuparse por el país invitado —México ya se había retirado de la fiesta hace varias semanas, desde que su embajador en Lima fuera declarado persona non grata—, menos en buscar sucedáneos, a saber: designando a Latinoamérica como la coronada de esta próxima edición.
Esas son cuestiones pasajeras que sirven para el selfie, inflar el ego y tarjetear.
La CPL está en la obligación de moral y ética de estar a la altura de las circunstancias, tan críticas y desalentadoras. Con una ley de libro completa y no como la que tenemos hoy, todo proyecto de fomento de la lectura tendrá sentido. Lo demás es absoluta demagogia e irrefutable desconocimiento de cómo se mueve el libro en Perú.
(GRO).
