Lima, 21 de enero de 2019
Ya está consolidado como método para borrar del mapa a líderes sociales, luchadores por los Derechos Humanos, periodistas involucrados en investigaciones incómodas, personas de a pie que denuncian corrupción, abusos, procesos irregulares y similares. En Latinoamérica se instaura como componente de la vida social el asesinato de personajes que ponen en evidencia proyectos que amenazan la vida y la integridad comunitaria y territorial de pueblos alejados de las grandes ciudades, pero también dentro de las colectividades urbanas, profesionales de la prensa, investigadores, fiscales, activistas. Es el límite: se les manda matar.
Colombia es el país que más casos reporta de crímenes contra opositores tanto a medidas ilícitas de expansión y apropiación de tierras, como contra el sistema capitalista en general. Entre la firma del Acuerdo de Paz (enero de 2016) y el pasado 10 de enero, la entidad Indepaz reporta 566 asesinatos de líderes sociales y defensores de DD.HH.
Según Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, no se puede hablar de una política de Estado detrás de estos crímenes, aunque el comportamiento de la policía y de ciertas fiscalías, con su inercia e indiferencia, hagan pensar en complicidades mafiosas.
En Chile, un escándalo internacional sucedió al asesinato del joven mapuche Camilo Catrillana por parte de carabineros del grupo táctico Comando Jungla. El gobierno de Piñera, en lugar de ordenar una investigación y poner las cosas en su lugar, solo ha respondido con represión contra un pueblo valiente y entrenado en la lucha por preservar sus tierras, su cultura, la vida de sus gentes.
El caso mexicano escapa ya a toda investigación, estadística o estrategia de respuesta. La violencia allá está entramada de tal modo en las relaciones sociales, gracias también a una historia demasiado larga de legalización de la corrupción, que ya no se sabe a quién pertenece la mano criminal. AMLO viene con un mensaje conciliador que de puro bueno suena naif, llama a los mexicanos a portarse bien.
El 19 pasado fue acribillado el ingeniero Wilbelder Ángel Vegas Torres, presidente del Frente de Defensa de la piurana comunidad de Suyo, ubicada en la provincia de Ayabaca. Suyo es una zona aurífera, sus pobladores hace una década por referéndum decidieron que no se iba a dar licencia social a una minera europea para explotar el metal. Lo que ocurrió fue que muchos de los vecinos comenzaron a extraer el oro con sus manos hasta que ingresaron las mafias de mineros ilegales y se apropiaron del negocio. Vegas Torres era contrario a esta actividad.
La desaparición del incómodo oponente es un método propio de la mafia y en Latinoamérica es regla de juego que aplican el Estado (las estrategias de las dictaduras militares de los setentas), grupos empresariales que no resisten ver reducidos sus privilegios, oscuros gestores de las economías informales e ilegales que en nuestro país, sumadas, en utilidades superan de lejos al modesto PBI.
Cuando el fiscal José Domingo Pérez pide garantías para su seguridad y la de su familia, no está montando un escenario metafórico, como sostiene la virulenta prensa fujimorista. Pérez sabe lo que le puede ocurrir por haberse metido donde nunca nadie se imaginó que las narices de la ley iban a entrar. Por menos en Argentina te matan y apareces como suicidado.
Esto es terrorismo si por la palabra entendemos la imposición de métodos de amedrentamiento, silencio y eliminación mediante la violencia, selectiva e indiscriminada. El miedo corta las lenguas, lo hemos vivido durante veinte años. Acalla las voces pero también genera suspicacias que aumentan el pánico y crean así un círculo vicioso que respeta con las justas la sobrevivencia.
Silvana Castagnola, la analista de Respuestas Gubernamentales de la empresa Telefónica, denunció que se le habría ordenado ocultar información sobre las llamadas de Keiko, solicitada por José Domingo Pérez. La noticia, aún en condicional, es para encender las alarmas, peor aún si la denunciante relata cómo su denuncia no fue tomada en la comisaría de La Victoria. El hecho de que en medio de estos hechos le hayan robado el celular y un vehículo la atropellara mientras ella andaba en su bicicleta, muestra la secuencia que el terror impone. Sea o no verdad que los hechos descritos estén concatenados, lo que triunfa es el miedo.
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