En CARETAS 614 de setiembre de 1980, se publicó un reportaje titulado “¿Quién ronda las rondas?”, en el que se dio cuenta de la presentación de una solicitud —llevada a cabo por el APRA, UNIR (Unión de Izquierda Revolucionaria) y “un solitario diputado acciopopulista” de Cajamarca en la Cámara de Diputados— que tenía el objetivo de “legalizar las rondas campesinas”.
Por aquel entonces, un equipo de CARETAS viajó a Chota, Cajamarca, para recoger impresiones de primera mano de lo que estaba sucediendo con los reclamos de los ronderos.
Este fue uno de los primeros reportajes que abordaron un fenómeno social que no estaba siendo del todo atendido por la prensa, el cual reveló también una realidad signada por matices que iban desde la lucha de los campesinos por un trato justo a un comportamiento de los mismos que transitaba al margen de la ley.
Lo cierto es que las rondas campesinas —también llamados Comités de Autodefensa— ya venían operando desde 1956, teniendo como inicial punto de operaciones la estancia chotana de Marcopampa.
A lo largo de las décadas, no poco se ha dicho y escrito de las rondas campesinas. Por una parte, tenían en principio el visto bueno de las autoridades, porque estas cumplían un rol que debía precisamente cumplir el Estado, que no atendía las necesidades de las comunidades campesinas.
Bajo la consigna de luchar “contra los abigeos y poderosos del lugar”, las rondas campesinas de Cajamarca ejercieron un impacto en otras zonas del país, en las que empezaron a formar sus propios Comités de Autodefensa. En segundo lugar, los ronderos no han sido ajenos a los cuestionamientos a razón de la distorsión de los principios que decían defender y honrar.
De sus iniciales muestras de actividad durante los años 50, las rondas pasaron a la formalidad a fines de la década del 70, sin dejar de resaltar (en el discurso) los principios de justicia, dignidad y empoderamiento político de los campesinos.
Sobre este fenómeno —que muchos hoy en día ven con pavor por considerarlo una novedad— se han escrito libros, como Administrando justicia al margen del Estado. Las rondas campesinas de Cajamarca (IEP, 2013) de John Gitlitz y también informes de inteligencia que hacían más de un subrayado en cuanto al desvío de sus propósitos. A saber, el tráfico de tierras, el cobro de cupos, la administración del ganado y demás.
Al respecto, el recordado analista político Carlos Tapia llegó a proponer —en CARETAS 1807, enero de 2004— la creación de la Policía Rural, cuyo objetivo no era otro que fortalecer la institucionalidad de las rondas campesinas para evitar principalmente la criminalización de sus miembros.
En la memoria de no pocos peruanos, en especial de aquellos que vivieron los años del terrorismo, aún persiste el rol que estas rondas campesinas cumplieron en la lucha contra Sendero Luminoso. Por ejemplo, muchos quedaron sorprendidos cuando los vieron desfilar en las paradas militares de fiestas patrias durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Pues bien, la participación de las rondas campesinas en la guerra contra el terrorismo generó una cólera desatada —o indignación ideológica sin tapujos— en algunos senderistas recalcitrantes, odiadores del sistema que desde la comodidad del exilio europeo las llegaron a calificar de grupos paramilitares al mando de Fujimori.
La historia —los hechos— revela que los también llamados Comités de Autodefensa vuelven al ruedo de la vida política nacional cada vez que hay crisis. Para algunos, se trata de una gesta romántica en favor del pueblo; sin embargo, para otros, los ronderos no son más que el instrumento práctico a la orden de la demagogia política del momento. Todavía queda mucho por desgranar.
