Periodista y corresponsal de CARETAS, Hugo Bustíos en misión periodística. (Foto: ALEJANDRO CORONADO)
Periodista y corresponsal de CARETAS, Hugo Bustíos en misión periodística. (Foto: ALEJANDRO CORONADO)
Edición 2461: Miércoles, 3 de Octubre de 2018

Testigos en Peligro

Inexplicable actitud de las autoridades en Ayacucho.

Periodista y corresponsal de CARETAS, Hugo Bustíos en misión periodística. (Foto: ALEJANDRO CORONADO)
Periodista y corresponsal de CARETAS, Hugo Bustíos en misión periodística. (Foto: ALEJANDRO CORONADO)

(Nota publicada en CARETAS, Edición 1037, 19 de diciembre de 1988)

En Ayacucho la semana pasada se han producido dos hechos que llaman a reflexión. Primero, el hostigamiento contra todo aquél que haya tenido que ver con el periodista asesinado Hu­go Bustíos, así como la deten­ción por efectivos militares de dos testigos. Segundo, el asesi­nato de tres comuneros de Cayara, dos de los cuales eran testigos de la matanza perpetra­da el 14 de mayo de este año.

A la 1 de la tarde del martes 13 de diciembre, 20 soldados al man­do del teniente "Carlos", se presentaron en casa del anciano Anto­nio Pacheco Aguado en el anexo de Erapata, cerca a Huanta. Comparando el rostro de Pacheco Aguado con un ejemplar de CARETAS, edición 1035, que llevaba en la mano, el teniente "Carlos" dijo: "¡Ah!, con que tú eres el viejo que dice que nosotros hemos matado a Bustíos ¿no? Por decir eso vas a morir y te vamos a cortar el cuello..."

Luego de esto, lo subieron a un camión donde ya estaba detenida Segundina Gálvez, otro de los testigos del asesinato de Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de CARETAS en Huanta.

Alejandrina Gálvez y Antonio Pacheco, testigos de la emboscada de Bustíos son liberados tras 48 horas de absurda detención. (Foto: A. CORONADO)
Alejandrina Gálvez y Antonio Pacheco, testigos de la emboscada de Bustíos son liberados tras 48 horas de absurda detención. (Foto: A. CORONADO)
Según relata Aguado Pacheco, poco antes de su detención y de oír las mti- midatorias palabras del teniente, había observado cómo el pelotón de soldados recorría el anexo de Erapata, casa por casa, comparando caras y fi­guras con las que aparecían en la revis­ta. Y en el momento de detenerlos, tanto al anciano como a Alejandrina Gálvez, les preguntaron insistente­mente por Aurelia Onofre Anaya, otra testigo. Esta, según versiones de los pobladores, se ha escabullido temien­do por su seguridad.

A la señora Gálvez y a Antonio Pacheco se los llevaron al cuartel de Castropampa. Una vez allí -según declaró el anciano- apareció un oficial que sin mediar palabra le soltó un puntapié en el tobillo diciéndole: "Viejo de mierda, si sigues hablando que nosotros hemos matado a ese periodis­ta, te matamos. Ahora te vamos a lle­var a la policía para que no digas nada..."

En efecto, cinco horas más tarde los dos testigos fueron trasladados a las oficinas ae la PIP en Huanta, acom­pañados de un singular oficio que entre otras cosas decía: "...Pongo a su dispo­sición aue los individuos Artemio Pa­checo Aguado y Alejandrina Gálvez Porras tienen problemas con vincula­ciones "DT" (delitos de terrorismo)".

En los mismos términos puso en conocimiento de la fiscalía de Huanta la detención de los testigos, el coman­dante PIP José López Alvarado. Lo hizo, sin embargo, recién al día si­guiente.

Ese miércoles, a las 11 de la maña­na, se presentó el fiscal Maximiliano de la Cruz y tomó la manifestación del caso a Alejandrina Gálvez. Esta aceptó haber sido entrevistada por CARETAS y ratificó su testimonio señalando no naber visto nada. Sólo dijo haber escu­chado. La intimidación había surtido efecto parcialmente.

Al día siguiente, jueves 14, al me­diodía, terminó el fiscal con la manifes­tación del otro testigo, que sí se ratificó en todo lo declarado a CARETAS.

Efectivos militares en la zona buscando a los testigos. (Foto: A. CORONADO)
Efectivos militares en la zona buscando a los testigos. (Foto: A. CORONADO)
  Después de esto ambos pasaron por un reconocimiento médico y el parte pertinente registra que no han sufrido maltratos. Finalmente salieron en li­bertad. En total, 48 horas de inútil detención y un fiscal que olvidó los derechos ciudadanos con bastante sol­tura.

Dos horas más tarde, Alejandro Coronado, corresponsal de CARETAS en Huanta, entrevistó al fiscal De la Cruz. Este contestó, extrañamente, que desconocía la condición de testigos de Jos que habían estado detenidos. Completó su original información di­ciendo que no se informó de esa condi­ción mediante lo publicado por CARE­TAS, porque no pudo comprar la revis­ta: aún no había cobrado su sueldo y se quejó del comportamiento del juez Orlando Quesada Chunga por no ha­berle remitido las diligencias de levan­tamiento del cadáver de Bustíos y la necropsia en las que éste había partici­pado. Según dijo, sus reclamaciones habían obtenido la respuesta de que el Poder Judicial estaba en huelga.

Y en cuanto a pedir las declaracio­nes de las patrullas de las fuerzas de seguridad que habían intervenido después del asesinato, afirmó que pedir tal cosa era competencia del ris­cal superior de Ayacucho. Concluyó diciendo que si se individualiza e iden­tifica a los autores, se los denunciará, pero que si la cosa sigue como hasta ahora, se archivaría el caso. Es decir, es fiscal, pero no sabe nada.

HACIA LIMA

El lunes 12 de diciembre, Alejandro Ortiz Soma se presentó en la redacción de CARETAS. Testigo principal de los hechos, había salido de Huanta en la noche del viernes 9, después de haber recibido la visita no deseada y amenzadora de un grupo de soldados en su domicilio, que lo obligaron a escabullirse apresuradamente por la parte de atrás. Hizo todo el viaje hasta Lima, con la testigo Teodosia Gálvez, en un camión de carga. Teodosia Gálvez cuenta que fue abordada por un grupo de militares el día jueves, quienes preguntaron cuántas personas había en su casa el día del asesinato de Hugo Bustíos. Después registraron toda la casa de manera bastante agresiva. Ante esto, optó también por escaparse hacia Lima.

El martes 13, Alejandro Ortiz y Eduardo Rojas Arce, sobrevivientes del atentado, se presentaron ante el fiscal supremo en lo penal, Pedro Méndez Jurado. Este ofreció reiterar los oficios al Comando Conjunto, al Ministerio de Defensa y a la Dirección de las Fuerzas Policiales.

Capilla donde mataron a Bustíos. (Foto: A. CORONADO)
Capilla donde mataron a Bustíos. (Foto: A. CORONADO)
  También afirmó haberse comunica­do telefónicamente con el fiscal supe­rior de Ayacucho para que éste le informase sobre sus instrucciones al fiscal provincial de Huanta en las que se le exhortaba a un mayor impulso a las investigaciones sobre el caso Bustíos.

El jueves 15, en horas de la mañana, los mismos testigos y supervivientes, visitaron en su despacho al senador PAP Javier Valle Riestra, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Este se comuni­có con el Fiscal de la Nación para inter­poner sus buenos oficios. Aseguró, de otra parte, que si después de las gestio­nes y un plazo prudencial, no se activa­ba la causa ni se prestaban las debidas garantías a los testigos, más allá del fuero nacional estaba el Tribunal de los Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.

Por la tarde del mismo jueves, se hizo otra visita, esta vez al diputado ayacuchano Alberto Valencia Cárde­nas, quien en el acto también se comu­nicó con el Fiscal de la Nación hacién­dole ver su preocupación por el asunto. (ver recuadro)

Adicionalmente, el diputado Valen­cia expresó su preocupación por la si­tuación en el departamento del que es originario y entregó a CARETAS unas notas sobre los graves problemas que detectó en su viaje. 

Por su parte el Fiscal de la Nación, Hugo Denegrí Cornejo, remitió el vier­nes 16 sendos oficios alos ministros del Interior y de Defensa y al prefecto de Lima a fin de que se prestasen las garantías del caso a la viuda de Bustíos, al sobreviviente Eduardo Rojas y a los testigos. También ofició y envió dos télex, al fiscal supremo en lo penal Pedro Méndez Juracxo y al fiscal supe­rior de Huamanga, solicitando información sobre las investigaciones en tomo al asesinato de Hugo Bustíos y exhortando a una mayor eficiencia en su avance.

Al parecer se estaría estudiando la posibilidad de nombrar un fiscal adhoc o inclusive transferir la jurisdicción del caso a otro distrito judicial (Lima) por razones de seguridad, tal como lo permite la ley orgánica del Ministerio Público.

NO SOLO TESTIGOS

Américo Bustíos también fue detenido.
Américo Bustíos también fue detenido.
El hermano de Hugo Bustíos, Américo, fue también detenido el sábado 9 por efectivos de la PIP de Huanta, por delito de encubrimiento de terrorismo. Tal denuncia no es infrecuente en la zona, perosíloes tratándose del jefe de Cooperación Popular de la provincia, concejal y conocido dirigente aprista, como es el caso de Américo Bustíos. Después de 48 horas de detención, Bustíos fue pasado el lunes 12 a la fiscalía con el correspondiente atesta­do policial y liberado casi inmediata­mente por el fiscal, ante la evidente falta de pruebas.

El hostigamiento contra todo aquel que haya tenido que ver con Hugo Bustíos Saavedra y su asesinato, sea familiar, colega o testigo, está llegan­do a extremos inaceptables. Adicional­mente, el comportamiento del fiscal huamanguino es de unalenidadincreí­ble. Es necesario una mayor energía en la conducción de las investigaciones y que ésta se asuma, como es ae ley, bajo la dirección del fiscal provincial. Este no puede ser un simple receptor a la espera de las informaciones que le lle­guen. Si por temor o por falta de capa­cidad. no está en disposición de hacer­lo, deoe apartarse del caso.

Por su parte, la conducta de algunos efectivos del cuartel de Castropampa no admite excusa. La condición excep­cional de las zonas declaradas en emergencia, no suspende la vigencia de la Constitución ni del Estado de Derecho. Admitir lo contrario nos lle­varía a convertir esos trozos del país en tierra de nadie. Y si toleramos que en ellos se cometan legicidios y hasta crí­menes en nombre de la pacificación, ello equivale a sustentar la misma posición que los asesinos de Sendero. Y ellos no tienen la legitimidad del voto y la voluntad populares.

El problema es que esa situación de tierra de nadie está queriendo afir­marse de manera peligrosa en algunos sitios. Los últimos sucesos relaciona­dos al caso Cayara así lo demuestran.

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