Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Intelige  ncia Financiera. “El lavador profesional no pregunta de dónde viene el dinero”.
Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Intelige ncia Financiera. “El lavador profesional no pregunta de dónde viene el dinero”.
Edición 2507: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

Lavadores Profesionales

Entrevista: Marco Zileri | Sentencia de Sala Suprema presidida por Hinostroza Pariachi es un peligroso retroceso en la lucha antilavado.

Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Intelige  ncia Financiera. “El lavador profesional no pregunta de dónde viene el dinero”.
Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Intelige ncia Financiera. “El lavador profesional no pregunta de dónde viene el dinero”.

Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF – Perú, sostiene que la sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema sobre lavado de dinero se aparta de la ley peruana y de los estándares internacionales. Espinosa se pronunció sobre el tema en la víspera de la llegada de la importante misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) este viernes 29 y del Pleno Casatorio de la Corte Suprema que debe precisar cuál es la tipificación del delito de lavado de dinero puesta en cuestionamiento por la polémica sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.  

–¿Cómo se prueba el delito de lavado de dinero?
–La ley peruana dice que hay lavado cuando el dinero proviene de “toda aquella actividad que sea susceptible de generar ganancias ilícitas”. La Sala de Hinostroza Pariachi lo ha convertido en “toda aquella grave”. Ha inventado una palabra que no existe en la ley. A su vez, tiene que ver con la famosa teoría del delito de la autonomía del delito de lavado de dinero. ¿Qué significa autónomo? Que no se tiene que probar el delito del cual proviene el dinero, sino demostrar que existe un nexo de las ganancias que  se están lavando con la actividad criminal. Por ejemplo, el caso Sánchez Paredes, con el tema de Rancho Luna y la plata de la droga de la actividad mexicana. Pero lo que la sentencia dice que no basta que la fiscalía alegue que esta es la vinculación, sino que tiene que probar que quien está siendo acusado de lavado sabe a qué acto delictivo específico –no a qué tipo de delito– corresponde ese dinero. Esta sentencia lo que está exigiendo es que el lavador sepa exactamente de cuál venta de droga o cargamento de minería ilegal proviene el dinero. Eso es absurdo e imposible.  

–¿Quién lava dinero? ¿Qué opinión le merece la sentencia de la Sala de Hinostroza Pariachi?
–En el 2010, la Corte Suprema emitió un acuerdo de Sala Plena donde dice que el delito es autónomo. Eso motivó que en el 2012 haya una modificación a la ley, donde se enfatizó el carácter autónomo del delito de lavado de dinero. El año pasado, con las facultades delegadas, nuevas modificaciones vuelven a enfatizar aún más el carácter autónomo. Todo eso lo tuvo en consideración la Sala de Hinostroza Pariachi. La sentencia cita el acuerdo de Sala Plena del 2010 y los DL 1106 y 1249, pero concluye en una cosa que estos decretos no dicen. El gran problema no es el caso de autolavado como puede ser, según la fiscalía, el caso Sánchez Paredes, sino cuando quien lava es un tercero. Para las firmas de lavado, y eso es lo que encontramos que está cada vez más presente en el Perú, el negocio no es delinquir, sino lavar. No preguntan de qué crimen proviene el dinero, ni presentan un formulario para llenar a los clientes. Lo que les interesa es el dinero, lo encubren y lo devuelven limpio. ¿Cómo sabe que es dinero sucio? Porque el cliente no pagaría lo que van a pagar. Sino lo lleva a un banco. Es muy claro.  

–¿Qué impacto tiene la sentencia de la Sala Suprema?  
Los abogados han empezado a presentar recursos para la liberación de sus clientes porque no se ha probado cuál es el delito precedente. El caso Sánchez Paredes peligra porque es el más cercano. Es también el caso Peter Ferrari. Felizmente el juez Concepción Carhuancho no admitió. Emitió una resolución diciendo que él “respetuosamente se aparta del criterio de la Sala porque está equivocado”, establece sus propios criterios y concluye que no tiene por qué archivar el caso Peter Ferrari ni retirar la orden de prisión preventiva. Se trata de una resolución muy valiosa.  

–¿Se trata de un caso de prevaricato?
–Eso es algo que tiene que ser investigado, pero la mayoría de los especialistas que se han pronunciado al respecto opinan que la sentencia está equivocada y que debe ser corregida.


Lista de Lavandería

Amenazas y problemas estructurales.  

VULNERABILIDADES
- El Perú es el principal productor de cocaína del mundo.
- El Poder Judicial solo ha sancionado 30 casos de lavado de dinero en su historia.
- La minería ilegal de oro es creciente y millonaria.
- Existe un problema de corrupción instalado que merma los esfuerzos del Estado para combatir el lavado a través de la Policía y la Fiscalía.
- La existencia de dos monedas: el sol y el dólar. El propio Banco Central de Reserva no sabe cuántos dólares hay en el mercado.
- Existe un mercado financiero informal sin supervisión alguna: cooperativas de ahorro y crédito y casas de cambio. Son proclives a ser infectadas por el lavado de dinero y el narcotráfico.
- Existen firmas en el país dedicadas al lavado de dinero.
- La UIF tiene acceso al secreto bancario, pero solo a través de la orden de un juez.
 
FORTALEZAS
- La Fiscalía ya cuenta con direcciones especializadas en lavado de activos.
- La red de sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas a la UIF se ha ampliado: bancos, notarías, sector inmobiliario, casas de cambio, venta de automóviles.
- La UIF ha sido fortalecida con equipos técnicos de software y capacitación.


Severo Examen

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inicia severa evaluación sobre mecanismos y eficiencia de lucha contra el lavado de dinero esta semana. El Perú es el primer país productor de cocaína del mundo.   

El arribo al Perú de la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) este viernes 29, marca el inicio del riguroso proceso de evaluación anti lavado de dinero al que será sometido el sistema financiero y de justicia peruano en los próximos 12 meses. La misión es presidida por el embajador argentino Engenio Curia, presidente de GAFILAT, brazo regional del ente intergubernamental internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Lo acompaña el secretario general del GAFILAT, Marconi Melo del Brasil. La misión se entrevistará con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial, el titular del Ministerio Público, la dirección de la Policía Nacional y los representantes del Congreso.  

La evaluación medirá el grado de cumplimiento del Perú de las 40 recomendaciones y la metodología antilavado y antifinanciamiento del terrorismo de nuestro país. Las conclusiones se darán a conocer en noviembre del 2018. Una mala evaluación podría ser sancionada con la inclusión del Perú en la lista negra del GAFI con severas consecuencias en la percepción riesgo - país y su efecto negativo en la tasa de interés,  inversiones extranjeras y otras.

“Nosotros tenemos muchas cosas que se han hecho en los últimos años, y tenemos importantes cosas que no se han podido cubrir. Estamos en una posición intermedia. Naturalmente tenemos la expectativa de salir bien en la evaluación. Obviamente tenemos puntos negativos y de eso estamos conscientes de que van a resaltar,  pero la meta es no terminar en una posición para ir a la lista de GAFI”, explica Espinosa de la UIF – Perú.

Pero aún hay mucha tela por cortar.

El Perú es el principal productor de cocaína en el mundo y los narcotraficantes generan millones de dólares,  pero el Poder Judicial apenas ha sentenciado 30 casos de lavado de dinero en su historia. En efecto, las cifras no cuadran. “En los casos de narcotráfico nos hemos acostumbrado a que se presente la casa incautada,  la droga y los tres individuos en la Tv. ¿Y la plata cómo se movió?”, describe Espinosa. “Nos falta dar el segundo paso. Cada uno de los casos importantes debería convertirse en un caso de lavado de dinero”, dice.

TERRENO MINADO
El Perú cumplió con realizar la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA / FT) en noviembre del 2016. El mapeo se realizó  con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La evaluación de riesgos identificó cinco amenazas y  43 riesgos en materia de LA/FT. No es una lista corta.

La reciente sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema presidida por César Hinostroza Pariachi implica un grave retroceso en ese campo minado.

“Hasta hace un mes estábamos seguros de que teníamos una adecuada tipificación del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El delito de lavado –y GAFI lo dice así–, tiene que ser legislado como un delito autónomo. Sin embargo, tenemos hoy una interpretación de la Sala de la Corte Suprema –que además es una sentencia de observancia obligatoria– que dice otra cosa. Si ese criterio no es revocado a través del Pleno Casatorio convocado por la Corte Suprema el próximo 2 de octubre, va a ser un problema sumamente serio para la evaluación del  GAFI”, advirtió Espinosa  de la UIF – Perú.   

“Se pueden tener muchas falencias, pero lo que no se puede dejar de tener es una ley que tipifique adecuadamente el delito de lavado y financiamiento del terrorismo”, dijo.


Pleito en justicia

Si hay algo que desconcierta es ver a dos autoridades judiciales enfrentadas. Es lo que está sucediendo actualmente  entre el Poder Judicial y la Fiscalía. El conflicto es relevante. Se trata, nada menos, que de los alcances del delito de lavado de activos, tan en boga en estos tiempos de Odebrecht.

La Corte Suprema acaba de emitir una sentencia que precisa que para que exista lavado de activos se requiere, entre otros requisitos, que se acredite la existencia de un delito previo, o fuente, directamente conectado, en el que el acusado haya tenido, o pudiera haber tenido, conocimiento del origen delictivo (no solo ilegitimo) del dinero recibido.

Esta ejecutoria suprema ha señalado, además, que sus alcances resultan de obligatorio cumplimiento por los jueces que vienen conociendo acusaciones de lavado de activos. Le dicen efecto vinculante.

La Fiscalía ha manifestado su pública discrepancia sobre esta decisión y ha destacado que cumplirla conllevará consagrar la impunidad en el país. El Ministerio de Justicia se ha sumado a la protesta.

No es aleccionador que quienes tienen la responsabilidad de resolver conflictos, los generen entre ellos, y es incomprensible que lo hagan públicamente, como si los medios de comunicación, la opinión de la ciudadanía o el punto de vista de algunos entendidos, resolviese la diferencia planteada. Como se sabe, por mandato constitucional lo que decida el Poder Judicial, se cumple.

Lo que sucede es que la sentencia suprema desbarataría la tesis de la Fiscalía en el caso, por ejemplo, del ex presidente Ollanta Humala, quien aún permanece preso sin acusación. Y es que si para que se configure el lavado de activos se necesita conocer el origen delictivo de los fondos recibidos, la imputación contra Humala resultaría improcedente, pues cuando habría recibido los tres millones de dólares el año 2011, Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, actuaba como tal, suscribía contratos y participaba en la inauguración de obras públicas junto a las autoridades oficiales. Todavía no se sabía que se declararía, tiempo después, como un delincuente y que trabajaba para una organización criminal.

Ahora bien, como pareciera que existen pronunciamientos distintos sobre el mismo tema, se le ha pedido al Poder Judicial una interpretación auténtica.

Lo aconsejable es que si esto se lleva a cabo, se haga con la discreción que la seriedad del caso exige. Y luego se ponga en conocimiento público. (Por: Fernando de la Flor Arbulú)

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