Edición 2504: Jueves, 7 de Septiembre de 2017

Problema de Empaque

Cómo y quiénes eligen a los encargados de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todo el país, siempre ha sido un asunto de primer orden. Antes lo hacía el poder político: entre el presidente de la República y el Congreso se repartían el encargo. La injerencia era pues, directa y sin atenuantes.

Eso terminó. Ahora, tales funciones las cumple el denominado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual tiene la participación de la sociedad civil a través de los representantes elegidos por las universidades, profesionales y abogados de todo el país.

Lamentablemente, durante los últimos tiempos el CNM no ha estado a la altura de su responsabilidad. Diversos desaciertos y no menos escándalos, han contribuido a su creciente descrédito.

El Gobierno, por eso, ha presentado una iniciativa destinada a modificar su composición y la manera de elegir a sus miembros. La propuesta es que los integrantes sean designados por el Poder Ejecutivo, el Congreso y los delegados de los propios jueces y fiscales. Otra vez, el poder político. Nadie de la sociedad civil.

Si el ya célebre caso Lava Jato sigue avanzando como debiera –se trata de un clamor nacional ante el más impresionante caso de corrupción política de los últimos tiempos– la garantía de un sistema de justicia independiente, resulta fundamental.

En consecuencia, no solo para mantener el equilibrio de poderes y alejar al sistema de justicia del país de cualquier influencia política, es necesario descartar la iniciativa formulada. Una democracia no es creíble cuando sus jueces y fiscales les deben su nombramiento y permanencia a quienes ejercen el poder, o a quienes los representan.  

La opción debiera ser mantener lo que hay y mejorar las fallas detectadas: requisitos más exigentes para quienes representan a la sociedad civil, y escrupulosa vigilancia en su elección y en el desempeño de sus funciones.

Y es que es mucho más conveniente seguir teniendo la participación de la ciudadanía antes que la del poder político.

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