Edición 2490: Jueves, 1 de Junio de 2017

Lo Que no se Quiere Entender

Por:: Alfredo Dammert | La adenda en palabras sencillas.

El ingeniero Alfredo Dammert,  director del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), es uno de los siete funcionarios públicos denunciados penalmente por la Contraloría General de la República por aprobar la adenda al contrato de concesión  del aeropuerto de Chinchero, Cusco. A continuación, Dammert pone los puntos sobre las íes.

En el caso del aeropuerto de Chinchero,  en el año 2014, la empresa Kuntur Wasi ganó la licitación para su construcción y operación por un período de 40 años.  

Los factores de competencia con los cuales ganó la empresa eran  el monto que se requería como aporte del Estado y el reintegro al Estado de los ingresos por operación del aeropuerto.  Parte de dicho aporte sería pagado por el Estado con un préstamo de US$265 millones.

El contrato requería que la empresa ganadora consiguiera el préstamo mencionado para traspasárselo al Estado, el cual debía repagarlo en 15 años más intereses.  Es decir, era el Estado quien debía pagarlo como parte de su aporte en la Asociación Público – Privada (APP)  más los intereses. La empresa recibiría una comisión, que es normal en estos casos si bien no es parte del contrato.  

Por otra parte, el contrato implicaba que la participación del Estado en el proyecto sería 80% y la de Kuntur Wasi  sería 20%.

El problema surgió cuando el crédito obtenido por Kuntur Wasi de la financiera Goldman Sachs consideraba una tasa de interés equivalente al 20 por ciento.  El gobierno consideró que dicha tasa de  interés era muy onerosa para el país, por lo que propuso financiar la parte de su aporte, que originalmente era a través del préstamo, directamente según avance del proyecto.

Es decir, el Estado en vez de aportar parte de su contribución con un préstamo, ofreció hacerlo directamente.  El resultado de esto sería que el Estado no pagaría intereses,  lo cual el gobierno lo consideraba mejor que hacerlo a través de un préstamo con intereses altos.  

Existen diferentes estimados al respecto, pero en cualquier caso existe un ahorro, dado que los intereses del préstamo ofrecido son superiores a los del mercado. Esta modificación no cambiaba la relación entre el aporte del Estado y el de la empresa que antes y después seguía siendo 80% del Estado –el préstamo era para el Estado quien lo tenía que pagar– y 20% de la empresa, contrariamente a lo que afirman algunos.

Por otra parte, la participación del Estado y de la empresa hacía que en ambos casos el proyecto fuera bajo la modalidad de APP.  

El otro tema, que los críticos al proyecto hacen, era que cambiaban los riesgos considerando que en el contrato original la empresa era intermediaria del préstamo aunque el Estado fuera el responsabel de pagarlo.  Algunos críticos opinan que por ello el riesgo se incrementaba con la adenda.  

Pero si se analiza el tema se puede apreciar que el riesgo es mínimo o inexistente por las siguientes razones:  en primer lugar el negocio para la empresa está en la operación del aeropuerto, por lo que no existiría ningún incentivo de que esta se retirara antes de terminada la construcción del aeropuerto; en segundo lugar, la empresa debe dar una garantía contra avance de obra, lo cual es un disuasivo a  que abandone la obra; y en tercer lugar, en el supuesto negado de que la empresa se retirara, la obra quedaría para el Estado, que la podría volver a licitar beneficiándose con lo avanzado.  

Tampoco ha cambiado el factor de competencia, pues los montos no han variado. Otro tema según opinión de la Contraloría es que no se había certificado la existencia de un acreedor permitido.  Sin embargo, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como la gerencia de OSITRAN nos informaron como directores que sí había un acreedor permitido.

Finalmente, algunos críticos a la adenda dicen que el Estado lo debió tomar como obra pública, y supuestamente después licitarlo. Estos no toman en cuenta que la obra pública requiere de una licitación y que esta en nuestro caso tomaría años.  Tampoco toman en cuenta que es mucho más conveniente que el operador del aeropuerto participe en su diseño y construcción con objeto de que estos estén de acuerdo con sus requerimientos futuros.

Un tema que no se tiene en consideración cuando se analiza el caso del aeropuerto de Chinchero es que el papel del inversionista privado no es solo de participar en el financiamiento sino en la gestión del aeropuerto.  La gestión de un aeropuerto requiere de experiencia en proveer de servicios eficientes a los pasajeros y usuarios comerciales, a la vez de facilitar las operaciones a las aeronaves.  

Por todo lo expuesto, considero que la adenda era una buena alternativa al contrato original.  Cabe agregar que la opinión de los técnicos de OSITRAN no analizaba a fondo los temas arriba mencionados, solamente mencionando que se desvirtuaba el esquema de APP lo cual como se ha explicado no es cierto, y que cambiaba la matriz de riesgo sin cuantificar los efectos.  

El Consejo Directivo de OSITRAN estaba en todo su derecho de analizar estos aspectos, tal como lo hicimos, no estando sujeto a la opinión de los técnicos que como he mencionado no iba al fondo del tema.  No se puede pretender que los técnicos de la institución tomen la decisión final, pues para eso está el Consejo Directivo.  

Cualquier otra solución a la que apoyamos el ingeniero César Balbuena y yo resultaría en demoras cuantiosas, ineficiencia y aumento de desconfianza por parte de los inversionistas no solo en el caso del aeropuerto sino en todos los proyectos en el país.  

El Perú necesita inversiones sustanciales en infraestructura con objeto de mejorar el nivel de vida de la población y de propiciar el desarrollo de su economía.  Estas inversiones requieren de empresas con la capacidad técnica y gerencial adecuadas, así como de financiamiento.   


Alfredo Dammert Lira, 73, es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un master en ingeniería química en la Universidad de Texas  y un Ph.D. en Economía de la misma universidad nortamericana. Es actual miembro del Consejo Directivo de  OSITRAN, presidente del Tribunal de Solución de Controversias de OSIPTEL y vocal del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minas (TSTEM).  Fue presidente del directorio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) del 2002 al 2012. Fue gerente de proyectos en desarrollo del sector privado para América del Sur y Asia del Sur del Banco Mundial de 1988 al 2002. Es actual director de la Maestría en Regulación, Gestión y Economía y director de la maestría en Regulación de los Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En contraste, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, es bachiller en Contabilidad de la Universidad San Agustín de Arequipa (grado que obtuvo 15 años después de terminados sus estudios)  y tiene una maestría en Administración de la Universidad Alas Peruanas del 2014 (CARETAS 2452)

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