Luis Díaz y Carlos Montero presidieron la Junta General de Accionistas.
Luis Díaz y Carlos Montero presidieron la Junta General de Accionistas.
Edición 2482: Jueves, 6 de Abril de 2017

Graña a Raya

Resultado de investigación forense definirá estrategia de defensa de Graña y Montero.

Luis Díaz y Carlos Montero presidieron la Junta General de Accionistas.
Luis Díaz y Carlos Montero presidieron la Junta General de Accionistas.

No es fácil asistir a la Junta General Anual de Accionistas de Graña y Montero: hay que ser accionista. No es difícil ser accionista: se adquieren en dos sopapos en cualquier agente de bolsa. Además están a precio huevo. Basta tener una sola acción para tener derecho a asistir. CARETAS compró tres acciones por 10 soles. Así, el viernes 31, a las 3:30 p.m., participamos en la Junta. Al momento de la inscripción se repartió una cédula de votación. El primer punto de la agenda fue la elección del nuevo directorio.  Éramos unos 40 asistentes de corbatas finas y ceño fruncido. El conteo tardó 15 tensos minutos. Carlos Montero Graña jugueteaba nerviosamente con un lapicero imitación Mont Blanc.  Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo, dio lectura a los resultados: Roberto Abusada 419 millones de votos, Augusto Baertl 617 millones, Pedro Pablo Errázuriz 370 millones, Carlos Montero Graña 684 millones,  Alfonso García Miró 613 millones, Alfonso de Orbegoso 307 millones, José Antonio Rosas 378 millones, Rafael Venegas 311 millones. Las tres acciones de quien escribe daban derecho a 27 votos.  Difícilmente inclinó la  balanza.  

El nuevo presidente del Directorio es Baertl.  El vicepresidente es Venegas. Tienen la responsabilidad de conducir el barco en el periodo 2017 – 2020. Baertl representa las acciones de GH Holding de José Graña Miró Quesada, quien renunció a la presidencia del Grupo a finales de febrero, junto con Mario Alvarado Pflucker, gerente general corporativo, y Hernán Graña, director.   

Graña y Montero ha sido socio de Odebrecht en la construcción de las carreteras Interocéanicas (2005 – 2009) y el Gasoducto Sur Peruano (2015).  Lo siguen siendo en el proyecto de irrigación Chavimochic III (2014). En diciembre pasado, Roberto Barata, presidente ejecutivo de Odebrecht–Perú,  declaró a la Fiscalía de la Nación, en el marco de la colaboración eficaz,  que los directivos de Graña y Montero “sí tenían conocimiento, no detalles”, del soborno de US$ 20 millones al expresidente Alejandro Toledo, en 2005.   Graña y Alvarado han negado enfáticamente que la imputación sea cierta.

Un backlog de US$ 3,6 mil millones.
Un backlog de US$ 3,6 mil millones.
INVESTIGACIÓN FORENSE
Se informó durante la Junta de Accionistas que, en enero último,  el directorio ordenó una investigación forense de la empresa desde el 2005 a la fecha.  La firma de abogados norteameriana Simpson, Thatcher & Barlett ha sido contratada para tal efecto.  Las conclusiones de la investigación forense definirán la estrategia de defensa del Grupo ante las imputaciones de Lava Jato. No existe un plazo fijo para la entrega de los resultados. El nuevo directorio definirá si se hacen públicos.

A su vez, no se dieron a conocer los Estados Financieros 2016 auditados como es usual. La firma auditora Pricewaterhouse Cooppers (PwC) activó cláusulas internas tras las declaraciones de Barata. El balance está supeditado de las conclusiones de la investigación forense. El forense y el auditor compartirán información.  La instrucción es: “nada por escrito”. Se confió que se contará con EEFF auditados a mediados del presente año.

El estudio de abogados peruano, Rebaza, Alcázar y De las Casas, ha sido contratado para ejercer la defensa en nuestro país.

REFINANCIAMIENTO EN CURSO
El Grupo Graña y Montero lucha por su supervivencia. La súbita terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano en diciembre fue un duro golpe al plexo.  La delación de Barata provocó el desplome del valor bursátil del Grupo en Lima y Nueva York. El draconiano Decreto de Urgencia 003 pende como una espada de Damocles.

Pero la crisis empieza a ser remontada. Díaz anunció que la deuda con la aseguradora Chubb Perú se refinanció a 12 meses la semana pasada. Precisó que esta semana se debe cerrar la negociación con el sindicato de bancos integrado por el Banco de Crédito, BBVA, Scotiabank e Interbankpara refinanciar el crédito puente del gasoducto del sur por US$ 250 millones. El plan de venta de activos no estratégicos, hasta por la suma de US$ 300 millones en 2017, aprobado en enero, superó las expectativas en el primer trimestre.

El Grupo Graña y Montero mantiene una cartera de proyectos (backlog) por US$ 3,600 millones: ampliación de la mina de cobre de Toquepala, la modernización de la refinería de Talara, la continuidad de la Línea Amarilla en Lima, el desarrollo de las minas Shahuindo y La Arena, el Hotel Aloft. Solo el 11% de los contratos son con el sector público.

Se subrayó que se ha creado el Comité de Riesgos y Cumplimiento e iniciado el proceso de reforzamiento del Programa de Cumplimiento Anticorrupción (FCPA) en el marco de la legislación norteamericana, con especial énfasis en la elección futura de socios estratégicos.

Pocas horas antes de la Junta, el Ministerio de Justicia hizo pública la lista negra de empresas prohibidas de contratar con el Estado en el marco del DU 003. Ni Graña y Montero ni sus empresas  subsidiarias figuran en la nómina. Pero el daño está hecho. Por lo pronto, ante El Niño, ha puesto a disposición del Estado su principal capital: 3,800 ingenieros.

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