Inefable Barata, prófugo Toledo y difunto Genaro Matute, excontralor general de la República.
Inefable Barata, prófugo Toledo y difunto Genaro Matute, excontralor general de la República.
Edición 2479: Jueves, 16 de Marzo de 2017

Pista Equivocada

Otra patinada en la investigación Lava Jato.

Inefable Barata, prófugo Toledo y difunto Genaro Matute, excontralor general de la República.
Inefable Barata, prófugo Toledo y difunto Genaro Matute, excontralor general de la República.

El proyecto de la Interoceánica fue técnicamente malo y éticamente corrupto. Ahora se cuestiona su proceso de adjudicación. Esto requiere investigación seria, no una turbamulta. Deben participar expertos, no solo auditores y procuradores. Si se libra una guerra desaforada contra la corrupción la primera víctima será la verdad. Y si predomina el afán de figuración, los culpables eludirán la sanción.

El miércoles 8 la procuradora Katherine Ampuero, en pared con la CGR, se sumó al linchamiento. Declaró haber solicitado el testimonio de PPK sobre el contrato de la Interoceánica “porque en ese entonces ni Odebrecht ni Graña y Montero podían suscribir contratos porque tenían juicios pendientes con el Estado”.

No es cierto. Si lo fuera, todos los contratos de Odebrecht y Graña y Montero desde el 2005 serían nulos. Ninguna ley las inhabilitaba. Nadie puede ser excluído  por un proceso judicial iniciado por o contra el Estado. Solo puede serlo por una sanción, después de concluido el juicio. Es un derecho. Lo dice la ley. Es civilidad democrática.

El numeral 5.2.2.4 de las bases para el concurso de la Interoceánica  estableció impedimentos para contratar a las empresas con juicios. La Ley de Contrataciones dispone lo contrario. Señala que “están impedidas de contratar con el Estado las personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado”. Claro como el cristal. El numeral era ilegal y contrario al reglamento de Proinversión, pero calzaba a la medida con los pleitos judiciales de la CGR al establecer que los postores: i) “no tengan proceso judicial relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de las obras y el mantenimiento de los tramos viales” en el que hubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado, Proinversión y el Comité” ii)  “no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado”; y iii)no tengan impedimento ni estén sujetos a restricciones para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas bases”.

Carretera Interoceánica rumbo a Lava Jato.
Carretera Interoceánica rumbo a Lava Jato.
Con estas exigencias Proinversión se puso la soga al cuello. La CGR tiró de la misma con su carta del 3 de agosto, para jaquear el contrato. Dijo haber “tomado conocimiento” de que Odebrecht, Graña y Montero, y Queiroz Galvao “formarían parte de los consorcios que han obtenido la buena pro” y “de acuerdo a los reportes que obran en la Procuraduría Pública adscrita a la CGR” dichas firmas “tienen procesos por y contra el Estado”, lo cual “se informa a Proinversión en aplicación del literal b) del artículo 15° de la Ley N° 27785”. La carta no sintonizaba con la verdad. La CGR tenía la información desde el 23-06-2005. Era pública y notoria. Los “procesos por y contra el Estado” eran de la CGR. El literal b) del art. 15° no se refería a impedimentos sino a que la CGR puede “Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de decisiones…” Al respecto, la carta fue inoportuna, buscó impedir la toma de decisiones y en lugar de mejorar la capacidad  y eficiencia de Proinversión, trató de paralizarla.

Esas insinuaciones ocasionaron las acrobacias del Acta del 4-8-2005. Los funcionarios corrieron a cubrirse ante la perspectiva de que en el caso de los procesos judiciales en materias que razonablemente den indicios de la falta de idoneidad, la CGR dictase cuáles eran las firmas idóneas. Igual para los postores que hubieran sido demandados o reconvenidos porque esto coincidía exactamente con uno de los pleitos de la CGR. Cierto que los acápites ii) y iii) contradecían al acápite i) pero no importó. Tampoco que los juicios exhibidos por la CGR fueran sobre asuntos no relacionados con las bases. Los procesos hablan por sí solos.

Asustado Sergio Bravo, expresidente del comité de licitaciones de Proinversión, ante el Congreso.
Asustado Sergio Bravo, expresidente del comité de licitaciones de Proinversión, ante el Congreso.

Para la CGR, Odebrecht estaba inhabilitada por el canal Apacheta-Choccoro, concluido el 09-02-99. Un Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho denunció el 2002 que el revestimiento lateral no tenía los 7.5 cm proyectados porque Odebrecht se había robado el concreto. Se sabe que en una obra así el concreto es lo que menos cuesta, pero el perito nombrado por la fiscalía fue el técnico del Frente. Los peritos del Colegio de Ingenieros y del Congreso de la República descartaron su peritaje, el robo y deficiencias, recomendando que Odebrecht cambie a su costo el 4% de los paños. La firma aceptó, pero la CGR se opuso porque se ocultaría el cuerpo del delito. De ahí la demanda de la CGR (2004) declarada improcedente, pero apelada. Costo del concreto para el 4%:   US$ 3,600. Para todo el canal, $ 90,000.

Graña y Montero, según la CGR, quedaba fuera por un juicio iniciado por la CGR contra un tercero, el consorcio CES-SISA supervisor de la rehabilitación de las áreas de Chavimochic afectadas por El Niño de 1998. La CGR demandaba una indemnización de S/  76,956.58 por inejecución de obligaciones. Los demandados pidieron que participen del juicio los constructores, Odebrecht-Graña y Montero. El juez los incorporó como Litis Consorte Pasivo Necesario. Suficiente para salir de la Interoceánica 

El tercer inhabilitado, para la CGR, era Queiroz Galvao. Esta firma  demandó a la CGR para obtener una indemnización por US$ 2’197,344 por obras  adicionales de la carretera Santa Rosa-Sicuani aduciendo que la CGR había hecho ejercicio abusivo y arbitrario de sus atribuciones. La CGR reconvino la demanda. La constructora, fuera de la Interoceánica.