Fiscal Rafael Vela reclama pleno casatorio sobre prisión preventiva.
Fiscal Rafael Vela reclama pleno casatorio sobre prisión preventiva.
Edición 2590: Jueves, 16 de Mayo de 2019

La Hora de los Jueces

Últimas decisiones marcan importantes diferencias en torno al debido proceso y relacionamiento entre Fiscalía y Poder Judicial.

Fiscal Rafael Vela reclama pleno casatorio sobre prisión preventiva.
Fiscal Rafael Vela reclama pleno casatorio sobre prisión preventiva.

El juez Jorge Chávez Tamariz es desde hace dos meses el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Vino del Santa, donde llevó casos de mafias de terrenos y sicariato. El mes pasado, Chávez ordenó la detención preliminar y luego la preventiva de 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La última decisión fue revertida el 27 de abril por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que impuso el arresto domiciliario luego de que el propio Ministerio Público corrigiera sus pasos y solicitara esa medida menos gravosa tras confirmarse el delicado estado de salud del exmandatario.

Fue el mismo Chávez Tamariz quien decidió acceder al pedido fiscal de detención preventiva de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, el martes 14. Pero la decisión vino con una importante atingencia. El período determinado fue de 18 meses no de 36 como lo solicitó la Fiscalía en lo que ya es el estándar con los involucrados políticos de alto perfil político en el caso Lava Jato.

El razonamiento expresado por el juez fue sencillo: el caso se encuentra lo suficientemente avanzado y 18 meses serán más que suficientes para culminar la investigación, presentar la denuncia penal y desarrollar el proceso.

Juez Chávez Tamariz consideró que 18 meses son suficientes para caso Villarán.
Juez Chávez Tamariz consideró que 18 meses son suficientes para caso Villarán.
Ambas partes apelaron. Pero fue una decisión de sentido común que puede ayudar a enmarcar un proceso de tremenda complejidad e impacto para la sociedad. El que, por eso mismo, debe cumplir con estándares inobjetables.

De similar manera, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena decidió imponer comparecencia restringida al exministro Enrique Cornejo y otros tres investigados (ver nota aparte), en lugar de los 36 meses solicitados por la Fiscalía.  

“Este juzgador es del criterio de que los presupuestos no se han visto cumplidos porque los elementos de convicción no son graves ni fundados y tampoco se acredita el peligro procesal”, razonó el juez. El mismo que ordenó la detención preliminar del expresidente Alan García, cuyo operativo de cumplimiento terminó nada menos que en su suicidio. Cornejo es parte del mismo caso.

Esto ocurre en momentos en los que la Corte Suprema está por resolver la casación interpuesta por Keiko Fujimori, que cumple 36 meses de prisión preventiva.

El Ministerio Público reaccionó y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, demandó que la Corte Suprema realice un pleno casatorio para establecer los parámetros de la prisión preventiva, antes de que se tome la decisión sobre Keiko. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, respondió que la propuesta había sido “seguramente” impulsada por fiscales de menor rango. Evidentemente aludido, el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, consideró “irrespetuosas” las declaraciones de Lecaros, a quien además señaló por adelantar opinión sobre los plazos de la preventiva. Lecaros dijo que debería durar 18 meses, con posibilidad de ampliación a 27 en casos muy complejos. “No encuentro ninguna razón para que una investigación dure 36 meses”, criticó.   

Fujimori espera su casación. San Martín se inhibió pero controversia sigue.
Fujimori espera su casación. San Martín se inhibió pero controversia sigue.

El presidente de la Sala Penal Permanente, a la que corresponde decidir la casación de Keiko Fujimori, es César San Martín, quien se inhibió de participar en la decisión. Quedan cuatro jueces en la sala, pero el fiscal José Domingo Pérez demanda que uno de sus integrantes, Aldo Figueroa, se inhiba.

También que tome esa misma decisión el fiscal supremo al que le toca defender la posición del Ministerio Público, que es Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Ambos son cuestionados por haber votado a favor de la ponencia casatoria del exjuez César Hinostroza, que fijó un estándar sumamente alto para investigar el lavado de activos, y que fue corregida por la Suprema cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski alertó sobre la materia.

Vela y Pérez defienden la necesidad de contar con plazos de 36 meses para casos complejos y aluden a los ejemplos de fuga: desde el gobernador chalaco Félix Moreno hasta el ex presidente del club Regatas, Gustavo Salazar. Pasando por el propio “hermanito” Hinostroza. Argumentan que, aunque jueguen duro, lo hacen dentro de los márgenes de la ley. Al fin y al cabo corresponde a su trabajo como fiscales. La discusión de fondo se libra en la cancha de las cortes. ¿Son influenciadas por la presión mediática manejada agresivamente por los fiscales y social? ¿Evalúan actualmente posibles excesos?

Vela apunta a una discusión plenaria para dotar de mayor legitimidad al proceso y ya ha tenido encontrones con Ernesto Blume del Tribunal Constitucional. Pero incluso otros magistrados de la misma sala, como Eloy Espinosa-Saldaña, muestran una posición que admite mayor flexibilidad con la preventiva.

En la Suprema, Lecaros ya dejó en claro su posición. Pero otro es el enfoque de un juez influyente como Jorge Luis Salas Arenas. Y el propio expresidente del PJ, Víctor Prado, no se mostró, en su momento, contrario a echar mano al contexto de organización criminal para juzgar los casos de políticos corrompidos. En momentos tan difíciles, los jueces debaten.