“No se ha llegado a establecer en la cadena de m  ando que condujo a la matanza de El Frontón”.
“No se ha llegado a establecer en la cadena de m ando que condujo a la matanza de El Frontón”.
Edición 2589: Jueves, 9 de Mayo de 2019

Las Responsabilidades de García Pérez

Escribe: Salomon Lerner Febres | Expresidente de la CVR aborda otro aspecto controversial en la trayectoria del aprista: los Derechos Humanos.

“No se ha llegado a establecer en la cadena de m  ando que condujo a la matanza de El Frontón”.
“No se ha llegado a establecer en la cadena de m ando que condujo a la matanza de El Frontón”.

La valoración de la trayectoria pública de García Pérez transcurre por tres canales. El primero es el de su responsabilidad en delitos de corrupción. Esto ya no podrá ser esclarecido en un tribunal de justicia, pero las investigaciones del Ministerio Público echan luz inequívoca sobre su responsabilidad. El segundo canal discurre sobre su capacidad como gobernante. Es innegable que su primer gobierno fue desastroso y produjo enorme sufrimiento a los peruanos. Hay quien sostiene que el segundo fue exitoso, pero ello es discutible si se piensa en el desarrollo del país más allá del crecimiento económico posibilitado por factores externos. El tercer canal –un tema silenciado en estos días– es el de los derechos humanos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación investigó la ejecutoria del primer gobierno de García en el combate a la subversión. Se constató que el gobierno iniciado en 1985 hizo un intento de reenfocar la política contrasubversiva promoviendo el desarrollo de las regiones afectadas y apartándose de la estrategia previa. Esa intención fue pasajera. La matanza de El Frontón –junio de 1986– puso punto final a ese intento y se retomó la pauta ya trazada por el gobierno de Belaunde, caracterizada por numerosas violaciones de derechos humanos.

En abril de 1989 se produjo enfrentamiento del Ejército con MRTA en Molinos, Jauja.
En abril de 1989 se produjo enfrentamiento del Ejército con MRTA en Molinos, Jauja.

En ese marco de acción, durante el gobierno de García se produjo uno de los dos picos más altos de violaciones de derechos humanos durante el periodo. El primero de ellos tuvo lugar durante el gobierno de Belaúnde, en 1984. El segundo se registró entre los años 1988 y 1990.

Los gobernantes de esos años no se esforzaron en delinear una estrategia efectiva y respetuosa de los derechos humanos para hacer frente a la amenaza violenta de Sendero Luminoso, que desplegaba por su cuenta actos de terrorismo, sabotaje y de enfrentamiento directo con las fuerzas armadas y policiales. Matanzas como la de Cayara y las de El Frontón, y la consiguiente impunidad, resultan emblemáticas de lo que fue el gobierno de García Pérez en este dominio.

Filósofo, exrector de la PUCP.
Filósofo, exrector de la PUCP.
Al igual que durante el gobierno anterior, el poder civil desertó de su responsabilidad y prefirió dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos del sector militar. La contrapartida de eso fue asegurar la impunidad y negarse a realizar investigaciones cuando la sociedad denunciaba los delitos que se estaban cometiendo. Esta subordinación al poder militar, de otro lado, ha marcado una diferencia respecto de Fujimori a la hora de establecer la responsabilidad penal. En el caso de García, por esa misma sumisión al mando militar, no se ha llegado a establecer la continuidad en la cadena de mando que condujo a la matanza de El Frontón. Por ello, recordemos que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, recogiendo lo que señaló la CVR  en su Informe Final, encuentra al juzgarlo a Alberto Fujimori, una responsabilidad penal que no aparece en los gobiernos de Belaúnde y García. La responsabilidad política y moral, sin embargo, es innegable.

Pero, además de los abusos cometidos por agentes del Estado, y de la formación de un grupo paramilitar, como el mal llamado “Comando Rodrigo Franco”, hay otra dimensión de la responsabilidad: el haber permitido, por la aplicación de una estrategia deficiente, el crecimiento de Sendero Luminoso. Ello también fue resultado de la desastrosa gestión económica del gobierno. Como señaló la CVR en sus conclusiones: “[…] la aguda crisis económica y política que vivió el Perú a partir de 1988 favoreció el desarrollo de las agrupaciones subversivas y la vorágine de violencia. El fracaso del programa económico y el inicio de la hiperinflación llevaron a una situación de grave inestabilidad en el país.

Informe de la CVR incluyó valoración.
Informe de la CVR incluyó valoración.

Desde el fallido intento de estatización de la banca, el gobierno perdió el respaldo de los grupos empresariales y financieros del país. Las marchas y contramarchas en las políticas económicas agudizaron la tensión social existente, agravada por el colapso de los servicios básicos. El PCP-SL aprovechó esos espacios de descontento para iniciar sus propias marchas de protesta hasta en la misma capital”.

Es sintomático que, en estos días, cuando se escribe en abundancia sobre la trayectoria de García, se pase por alto la cuestión de los derechos humanos. Ello nos habla una vez más de las debilidades de la memoria histórica en el Perú y de la necesidad de seguir buscando una valoración de la política de contenido moral y atenta a la vida y la dignidad de las personas.