El congresista Carlos Domínguez. Derecha, el especialista Erick Iriarte explica.
El congresista Carlos Domínguez. Derecha, el especialista Erick Iriarte explica.
Edición 2581: Jueves, 14 de Marzo de 2019

Troll en Ojo Ajeno

Escribe: Rodrigo Chillitupa | Un proyecto de ley de Fuerza Popular pretende sancionar la difamación en redes sociales y evitar filtraciones.

El congresista Carlos Domínguez. Derecha, el especialista Erick Iriarte explica.
El congresista Carlos Domínguez. Derecha, el especialista Erick Iriarte explica.

Partamos de una premisa: el fujimorismo tiene una fascinación por regular la libertad de expresión. El congresista de Fuerza Popular, Carlos Domínguez, presentó el miércoles 6 de marzo el proyecto de ley 03990/2019. Esta propuesta busca modificar el artículo 132 del Código Penal referido al delito de difamación. En el documento se señala que “si una persona comete este delito por medio de una red social, sea Facebook o Twitter, se le privará de su libertad entre dos y cuatro años”. Además, deberá pagar una multa –sin especificar– “de cuatro meses a un año”.

En la descripción del problema, el proyecto legislativo indica que “existen 22 millones (68%) de usuarios de Internet, sobre los 32.3 millones de la población total en el Perú”. También resalta que de esa cifra (22 millones), “alrededor de 20 millones acceden por sus celulares a las redes sociales”. Sin embargo, el proyecto se va por las ramas y alude a ejemplos televisivos como la sentencia contra la periodista Magaly Medina, condenada a cinco meses de prisión efectiva en el 2008 por difamar al futbolista Paolo Guerrero.

El proyecto de ley de Domínguez sobre las redes sociales se suma a las siete iniciativas que ha presentado Fuerza Popular (FP) en torno a la libertad de expresión desde el 2016.  Entre ellos destacan el proyecto de ley que sanciona la difusión de chats privados y vídeos sin consentimiento, y la iniciativa que regula la publicidad estatal.

“Este proyecto es malo e innecesario”, dice el abogado especializado en nuevas tecnologías, Erick Iriarte. “Ya existen sentencias de jueces que han decidido, con base en modificaciones en la legislación vigente del Código Penal, sobre difamación e injuria en redes sociales”, agrega. El especialista menciona casos como el del psicólogo Ernesto Reaño, quien acusó en su cuenta de Facebook al Colegio Trener de Monterrico de supuestamente discriminar a niños con discapacidad en el 2014. La institución educativa demandó a Reaño y consiguió que el Poder Judicial lo sentenciara a un año de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de S/. 30 mil.

Iriarte también recuerda el caso de José Godoy, sentenciado a tres años de prisión suspendida por difamar al congresista Jorge Mufarech. Godoy publicó en su blog Desde el Tercer Piso las supuestas amenazas que Mufarech hizo contra el entonces asesor de la bancada nacionalista, Julio Arbizú, el 2009. El periodista fue sentenciado a pagar S/. 300 mil y tener 120 días de trabajo social. Pero finalmente fue absuelto.

“Sería peligroso si se aprueba este proyecto de ley de redes sociales”, alerta Iriarte. El especialista enfatiza que la política 35 del Acuerdo Nacional, incorporado en agosto del 2017, indica que se “diseñarán las políticas y la regulación en materia de sociedad de la información y del conocimiento teniendo como base los principios de internet libre, abierto, neutro y para todos, así como el adecuado resguardo de la seguridad de la información”.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich sugiere que ‘‘en los últimos seis años se han orquestado campañas en las redes sociales para desviar temas, como las recientes revelaciones de los sobornos de Odebrecht, por ciertos grupos políticos como el fujimorismo’’.

Este proyecto no sería un intento del fujimorismo por dispararse a su propio pie fujitroll, sino simplemente una medida para evitar filtraciones como la del chat de La Botica, donde un raje contra el fiscal José Domingo Pérez evidenció  una obstrucción a la justicia que terminó en una prisión preventiva.

El proyecto de ley sugiere que el delito de difamación incluya a las redes sociales.
El proyecto de ley sugiere que el delito de difamación incluya a las redes sociales.