“En el Perú nos pasamos discutiendo los planes de gobierno para después olvidarnos”.
“En el Perú nos pasamos discutiendo los planes de gobierno para después olvidarnos”.
Edición 2576: Jueves, 7 de Febrero de 2019

Conversaciones en el Lima Golf

Entrevista: Marco Zileri | Por qué hay que sancionar a los políticos que no cumplen sus promesas electorales

“En el Perú nos pasamos discutiendo los planes de gobierno para después olvidarnos”.
“En el Perú nos pasamos discutiendo los planes de gobierno para después olvidarnos”.

En el bar inglés del club Lima Golf dos personajes conversan acaloradamente sobre la calidad de la democracia peruana. El abogado Alonso Núñez del Prado, 66, alto y atildado, es de la firme creencia de que los políticos deben cumplir con sus promesas electorales o ser sancionados por ley. Carlos Raffo, 92, exembajador del Perú en Londres, exdirector del Banco Central de Reserva, gourmet y antiguo amigo de Haya de la Torre, escucha el argumento con una pizca de sal. Un alce de enorme cornamenta, cuya cabeza cuelga sobre la chimenea, sigue atento el diálogo.

–El cumplimiento del plan de gobierno del político electo debe de ser un mandato constitucional, dice Núñez del Prado.

–Imposible, zanja Raffo.

–¿Por qué?

–Nadie lee los planes de gobierno, quizás tú.

–Pero son promesas electorales.

–Para ganar las elecciones.

–¡Hasta cuándo! –protesta Núñez del Prado.

–La democracia peruana es muy frágil –explica Raffo.

–¡Precisamente!

–Y la economía también. ¿Las minas de quién son? ¿El precio del mineral quién lo establece?

–¿Y entonces?

–Los gobiernos deben enfrentarse a situaciones que no controlan y se la pasan capeando el temporal. Chapan de aquí y de allá –Raffo agita las manos como quien ordeña una vaca.

–En democracias avanzadas la oposición fiscaliza el cumplimiento de los planes de gobierno –vuelve a la carga Núñez del Prado.

–Mira, si López Obrador cumple con sus promesas, va a ser un desastre para México

–(...)

–Y el 2019 va a ser un mal año económico. La situación es muy precaria.

–Si el plan de gobierno no es un referente, ¿a qué atenernos?

–No hay nada claro, hemos perdido el norte.

–¡En eso estamos de acuerdo! –resopla Núñez del Prado.

–¿Sabes qué me hace feliz de ser viejo? –concede Raffo. No voy a ver el desastre que se avecina.

La noche cae sobre la cancha de golf sanisidrina. Los altos edificios de departamentos se proyectan sobre el cerco vivo que delimita el exclusivo club.

Alonso Núñez del Prado creó hace una década el Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Y no pierde la fe, pese a los desengaños, uno tras otro.

De hecho, el principio de “rendición de cuentas” ya es un mandato de la Constitución de 1993. El artículo 31 reza a la letra: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas”.

Núñez del Prado y Carlos Raffo: dos perspectivas; la misma urgencia.
Núñez del Prado y Carlos Raffo: dos perspectivas; la misma urgencia.

Más claro no canta el gallo. Pero este derecho constitucional fue restringido al momento de ser reglamentado solo al ámbito de los gobiernos subnacionales, según Núñez del Prado.
Y aún ahí, a la luz de los resultados, la cláusula constitucional está pintada en la pared.

El abogado arequipeño plantea que se lo restituya a todo orden de cosas. El referéndum del 9 de diciembre pasado –en el que la ciudadanía votó abrumadoramente a favor de la reforma judicial– fue el resultado político de la lectura más fiel del artículo 31 de la Constitución a la fecha.

Así, según Núñez del Prado, el referéndum es una oportunidad sin precedentes para llevar a cabo “las reformas que el pueblo peruano reclama y que la clase política ha evitado porque no conviene a sus mezquinos intereses”.

“La sociedad civil está en pie de guerra, mientras los políticos están arrinconados con pocas posibilidades de resistir propuestas razonables y justas”, afirma el arequipeño.

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política convocada por el presidente Martín Vizcarra –integrada por seis ciudadanos notables y presidida por Fernando Tuesta Soldevilla–, tiene la responsabilidad de interpretar el mandato ciudadano, así como de apuntalar la reforma con cláusulas y deberes que mejoren la democracia peruana.

Una de las claves, a juicio de Núñez del Prado, es el leal cumplimiento de las promesas electorales por parte de las organizaciones políticas electas y sus representantes.

“En el Perú nos pasamos discutiendo los planes de gobierno durante el proceso electoral, para después olvidarnos e iniciar el concurso de los más influyentes para que se haga lo que les parece mejor”, sostiene.

“Incluir en la Constitución la obligación de los elegidos de cumplir con sus planes de gobierno y ofertas electorales sería la mejor forma de evitar que los gobiernos sigan siendo títeres de los poderes fácticos”, asegura Núñez del Prado.

El segundo gobierno de Alan García no llegó a cumplir ni el 35% de su plan, según el Observatorio.

Humala –ante la incertidumbre entre su plan de gobierno y la Hoja de Ruta– “prefirió no asumir ningún compromiso y gobernó sin un norte y más bien apagando incendios, además de arrinconado por los medios y los poderes fácticos”.

Durante el gobierno de PPK, “no necesito ser muy explícito, el comportamiento de la mayoría del Congreso hizo casi imposible que se decidiera a cumplir lo que había ofrecido, hasta que por razones que no vienen al caso comentar, el Presidente se vio obligado a renunciar”.

Entre las múltiples ofertas electorales de PPK, destaca la reducción de 1% del IGV anual hasta anclarlo en 15%.

“A mi entender, el gobierno de Martín Vizcarra tendría que tratar de cumplir con el plan de gobierno de PPK. Fue ese Plan el que eligió el pueblo y en consecuencia es el que lo legitimaría, pero los grupos de poder pretenden que vaya por caminos que no están en ningún Plan”.

Aquí choca con Chocano. “Habrá situaciones en las que no se pueda cumplir e incluso convenga hacer algo diferente, pero en esas situaciones será necesario explicar con detalle a la sociedad civil las razones del cambio y, en casos importantes, usar mecanismos como el referéndum”, subraya el abogado.

Una bala de plata constitucional, en suma. Habría que preguntarle su opinión al alce de formidable cornamenta que adorna el bar inglés.