Tuesta ha abogado por bicameralidad, eliminación de preferencial y fortalecimiento de partidos.
Tuesta ha abogado por bicameralidad, eliminación de preferencial y fortalecimiento de partidos.
Edición 2571: Viernes, 28 de Diciembre de 2018

Las Puntas de la Reforma

Comisión de Reforma Política liderada por Fernando Tuesta rompe fuegos en diálogos con, peleados, presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y presidenta de Constituci ón, Rosa Bartra.

Tuesta ha abogado por bicameralidad, eliminación de preferencial y fortalecimiento de partidos.
Tuesta ha abogado por bicameralidad, eliminación de preferencial y fortalecimiento de partidos.

Lo primero que hará la flamante Comisión de Reforma Política será cursar oficios al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, con el objeto de mantener sendas reuniones y recoger sus aportes. Es obvio que buscan sortear los caminos divergentes que hoy tienen partido al fujimorismo.

La designación del grupo de trabajo presidido por Fernando Tuesta –docente y ex jefe de la ONPE en tiempos del rescate post montesinista– se cristalizó el jueves 20, tras las llamadas que hizo el premier César Villanueva. Ese día los invitaron a Palacio de Gobierno pero el encuentro se pospuso para el viernes 20 a las 3 de la tarde, debido a las actividades del presidente Martín Vizcarra.

Daniel Salaverry y ruta de colisión con su bancada. Reforma podría ser mecanismo de supervivencia del parlamento.
Daniel Salaverry y ruta de colisión con su bancada. Reforma podría ser mecanismo de supervivencia del parlamento.
Esa fue la primera vez que se juntaron todos: Tuesta, Martín Tanaka, Jessica Bensa, Paula Muñoz y Milagros Campos. Todos sociólogos y politólogos, excepto la última que es abogada constitucionalista.

Todos, ciertamente, ligados a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Esto motivó críticas por la falta de diversidad. La designación de Tuesta es, sin embargo, incontestable. Si de reforma política se trata, él es un cruzado que trabaja en sus diversos proyectos –casi todos truncos en el Congreso– desde hace varios años.

Hubo otros profesionales a los que Palacio les ofreció un asiento en la Comisión, y declinaron. Entre ellos el politólogo y columnista Alberto Vergara, el economista José Escaffi –de Apoyo Consultoría– y el constitucionalista Samuel Abad, que fue pieza clave de la Comisión de Reforma de Justicia encabezada por el ex canciller Allan Wagner.

Ya reunidos, Vizcarra les planteó la posibilidad de ampliar los miembros a 7 y que ellos mismos planteen a los otros dos. Pero prefirieron dejarla así.

Tuesta recomendó, lo que fue aceptado, designar a Ana Neyra como secretaria técnica del equipo. Fue su colaboradora en proyectos recientes como el proyecto de código electoral que sirvió de base para el documento de reforma política elaborado por la congresista Patricia Donayre –cuyo ninguneo por parte de Miki Torres motivó su renuncia a Fuerza Popular– y se desempeña como asesora del ministro de Justicia, Vicente Zeballos.  

Comisión ad honorem presentará recomendaciones y proyectos de ley específicos. Terminan su trabajo en marzo.
Comisión ad honorem presentará recomendaciones y proyectos de ley específicos. Terminan su trabajo en marzo.

Vizcarra, por cierto, no les enumeró una lista de temas. Aunque las posiciones de Tuesta sobre la reforma son conocidas –retorno de la bicameralidad, eliminación del voto preferencial, fortalecimiento de partidos, financiamiento público– la idea es abrir un debate lo suficientemente inclusivo que incluya a organismos públicos y de la sociedad civil.

En dos meses, que comienzan el 4 de enero, la comisión deberá producir recomendaciones concreta que incluirán proyectos de ley completos.

Si bien Tuesta publicó una columna en El Comercio el 20 de enero donde reitera que la bicameralidad es “la madre de todas las reformas”, también es consciente del resultado del referéndum, que le dijo contundentemente “no” a su retorno, producto de la modificación que se pretendió introducir en el Congreso para, entre otros contrabandos, debilitar la figura de la cuestión de confianza. Según la ley de participación ciudadana, el tema no se podría discutir hasta dentro de dos años, pero se discute si hay una pequeña salida en la posibilidad de volver a presentar el tema sin los puntos que motivaron la oposición de Vizcarra, que de todos modos ya fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

¿La bicameralidad sin esos molestos adornos contaría en la práctica como un nuevo tema? Difícil, pero será discutido.

Lo que no podrá tocarse es la prohibición de reelección, que los miembros de la Comisión no observan con entusiasmo, pero que ha quedado oleada y sacramentada con el referéndum.     

Dijeron no gracias. Alberto Vergara. Al centro, Economista José Escaffi de Apoyo. Izquierda, Constitucionalista Samuel Abad.
Dijeron no gracias. Alberto Vergara. Al centro, Economista José Escaffi de Apoyo. Izquierda, Constitucionalista Samuel Abad.

Un buen punto de partida, en cambio, es el proyecto de reforma constitucional refrendado también en el referéndum que transparenta el financiamiento de los partidos. Allí se incluyó la prohibición de la publicidad electoral privada en televisión y radio. Ha sido otro de los caballitos de batalla de Tuesta en los últimos años, aunque no ha sido muy tocado por los grandes medios de comunicación, pues la mayoría de la plata en campañas va a para a los canales televisivos. Según el proyecto del referéndum, el Estado ampliará la franja electoral y contratará directamente la publicidad, que será repartida de manera equitativa. Quejas por el financiamento de la política aparte, la medida marca un cambio sísmico para las futuras campañas, pues ahora los principales casos de aportes que han complicado penalmente a los líderes políticos tienen su origen en el apetito desmesurado por fondos para pagar publicidad. Ahora toca desarrollar la letra pequeña.

Preocupan los plazos. Según la ley, cualquier cambio de las reglas de juego electorales debe darse como máximo un año antes de la elección. Es decir, tendrían que estar en marcha a más tardar en abril del 2020. Dados los tiempos de las promulgaciones, los proyectos tienen que estar consensuados y ultimados, como máximo, en noviembre de 2019.  

Si se toma en cuenta que los proyectos de ley sobre reforma de justicia que Vizcarra presentó tras su mensaje de 28 de julio siguen encarpetados, ¿qué se puede esperar? ¿Acaso una nueva fase de tensión entre el Ejecutivo y el parlamento actual con sangre en el ojo?
Los choques pueden no haber terminado.

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