Gatillo nervioso Raúl Rosales. Derecha, presidente del PJ, Víctor Prado.
Gatillo nervioso Raúl Rosales. Derecha, presidente del PJ, Víctor Prado.
Edición 2558: Jueves, 27 de Septiembre de 2018

Juez y Reparte

Millonarios devengados de jueces supremos son monumentos al conflicto de interés.

Gatillo nervioso Raúl Rosales. Derecha, presidente del PJ, Víctor Prado.
Gatillo nervioso Raúl Rosales. Derecha, presidente del PJ, Víctor Prado.

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, señala que él no tenía conocimiento del caso de los millonarios devengados reclamados por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y que, solo para los jueces supremos, equivale a más de S/ 18 millones. “No he participado ni como directivo, abogado o juez en el requerimiento”, asegura.

El caso se dio a conocer porque en uno de los CNM-audios, el juez del Quinto Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez, le informa al suspendido supremo César Hinostroza que ya salió el cálculo de su liquidación de más de S/ 1.9 millones pero que debe solicitarla él mismo, pues el juez Velásquez no podía actuar de oficio.  

La Asociación Nacional de Magistrados es actualmente presidida por el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, también muy cuestionado en el escándalo de los audios.

La historia es así. La Asociación presentó en el 2009 la demanda de homologación de remuneraciones, que se justificaba en una norma del 2003. Fue declarada fundada en el 2010 por el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que era encabezado por el juez Raúl Rosales Mora. Quien, por cierto, no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2012. Tenía 9 sanciones en la OCMA y en febrero de 2010 protagonizó la portada de CARETAS en la que amenazó con una pistola al reportero. Rosales había expedido una sentencia para que el abogado Javier Ríos, tres años antes sorprendido por esta revista en un almuerzo con Agustín Mantilla y otros personajes cuestionados, ingrese al Tribunal Constitucional.  

 

Jueces Torres e Hinostroza.
Jueces Torres e Hinostroza.

La nivelación de los salarios se produjo de manera progresiva a partir del 2014, para lo que se expidió la ley 30124 que establece que los jueces superiores perciban el 80% de los supremos, los especializados y mixtos el 62%, y los jueces de paz letrados el 40%. En la norma original la homologación era de 90%, 80% y 70%, lo que era inviable presupuestalmente.

En el 2011 un grupo de 35 jueces encabezados por David Abanto Torres le pidieron a la Tercera Sala Civil el pago de intereses, devengados y costos a partir de la promulgación de la ley de 2003. Primó el principio de congruencia y el pedido fue denegado, pues no era parte de la demanda original.

Pero la cosa no quedó ahí. El juez Hugo Velásquez reemplazó a Rosales y se encargó de la ejecución de la sentencia original. En 2015 ordenó, contra la sentencia de la sala superior y contra la opinión de la Procuraduría del Poder Judicial, calcular la liquidación de devengados para aproximadamente 3,000 magistrados, entre jueces y fiscales. Como para quebrar la caja fiscal.

En 2017 se persistió en el error y la Quinta Sala Civil, inferior a la Tercera Sala Civil que ya había zanjado la materia, confirmó la decisión de Velásquez. Insólitamente, el juez superior Rómulo Torres Ventocilla resolvió como ponente cuando era dirigente de la Asociación de Magistrados. Meses después, fue promovido a juez supremo provisional, y con ese sueldo se acaba de jubilar.

“Reitero que no conocía de las irregularidades de la ejecución del proceso y que no cobraré ningún sol de una resolución que sea ilegal”, insiste Prado. “Invito a la prensa para que siga investigando y se convierta en una aliada en la lucha por la reforma judicial”.

Otros jueces supremos sí estaban al tanto del proceso, como se desprende del oficio firmado por el juez Velásquez el 25 de enero y dirigido al entonces presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, en el que se registra que el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas no estaba de acuerdo con el cálculo –que en su caso es de S/ 1.65 millones– e incluso demandó un incremento.  

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