Sheput señala que permanencia de Chávarry produce “afectación institucional”.
Sheput señala que permanencia de Chávarry produce “afectación institucional”.
Edición 2558: Jueves, 27 de Septiembre de 2018

El Informe Sheput

Fujimorismo y fiscal Chávarry ganan tiempo, mientras redoblan ofensiva contra Palacio.

Sheput señala que permanencia de Chávarry produce “afectación institucional”.
Sheput señala que permanencia de Chávarry produce “afectación institucional”.

El Congresista de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, remarca un concepto que se elabora ampliamente en el informe de denuncia constitucional que presentó sobre el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry.

Se trata de “juicio político”.

Echa mano a una sentencia del Tribunal Constitucional que deja en claro que entre las funciones sancionadoras del parlamento aplican “los casos en que se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión de un delito de por medio”.

El informe recomienda destituir a Chávarry e inhabilitarlo por 10 años de la función pública. Se basa sobre todo en la cadena de mentiras en las que incurrió el fiscal de la Nación a propósito del almuerzo con periodistas que le organizaron el suspendido juez supremo César Hinostroza y el encarcelado empresario Antonio Camayo.

“El denunciado encubrió la verdad hasta que ya no pudo sostener su versión, descubierto por la publicidad de más audios y debió declarar los hechos tal como fueron”, se lee en el  documento. “Frente a ello, lejos de asumir su responsabilidad, intentó encubrirla nuevamente, sosteniendo que pretendía defender a su institución. Lo real fue que ese encubrimiento permitió que se realice la elección de Fiscal de la Nacion, en la cual él era candidato único”.

No queda claro si esa reunión –o reuniones- bastaría en otras circunstancias para mandar a un fiscal de la Nación a su casa, pero en las actuales la relación con Hinostroza es sumamente corrosiva.
De no haberse dado a conocer los audios, dice el informe Sheput, “hoy tendríamos a un Fiscal de la Nación que mantendría una asociación de intercambio de favores con dos personajes bajo investigación penal”.

Esto, concluye, le hace perder la independencia para el ejercicio del cargo y produce profunda afectación institucional en el Ministerio Público, expresada en los “sendos pronunciamientos” de fiscales que piden la salida de Chávarry.

El congresista César Segura, que preside la subcomisión de acusaciones constitucionales, anunció que ese grupo de trabajo no se reunirá esta semana para debatir el informe presentado el viernes 21. Para Sheput, “esto es algo que beneficia al fiscal Chávarry, pues lo mantiene en su cargo. Él sigue tomando decisiones, cuando debería enfrentar en este momento el juicio político”.

Sin duda, sigue tomando decisiones. El mismo viernes 21 a las 10 de la noche, Chávarry anunció que amplió la investigación preliminar por la presunta “compra de votos” para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce. Los acusa de pertenecer a una organización criminal en agravio del Estado.

Aráoz respondió que “se busca sacarme de la vicepresidencia para luego vacar al Presidente. Es un golpe institucional urdido por la mayoría parlamentaria e instrumentada por el cuestionado Fiscal de la Nación”.

En marzo, Aráoz y Bruce habían sido denunciados inicialmente por el procurador del Congreso, Edwin Lévano. Pero el 15 de junio, en carta al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez, pidió “extraer” a ambos de la investigación en curso.

La vicepresidenta acusa a Fuerza Popular de querer “gobernar, a como dé lugar y sin ser elegidos y asegurarse que todas las investigaciones en su contra –lavado de activos y dinero recibido por Odebrecht en campaña- sean archivadas”.

¿Se exceden en su interpretación? No hay que olvidar que el otro filón reabierto por Chávarry contra Palacio es el del caso del aeropuerto de Chinchero, en el que ya investiga al ex ministro Alfredo Thorne, al que se le acusa por condicionar presupuesto de la Contraloría a la aprobación de ese proyecto. Se trata de los recordados audios que grabó el destituido contralor Édgar Alarcón.

El caso Chinchero se acerca al presidente Martín Vizcarra. Fue el ex fiscal de la Nación Sánchez quien en febrero archivó provisionalmente la investigación al entonces vicepresidente por haber autorizado la firma de la cuestionada adenda número 1.

Adicionalmente, se dio a conocer que el fiscal José Domingo Pérez ya no seguirá viendo el caso Chinchero, como lo hacía desde hace un año. Es el mismo fiscal que tiene a Keiko Fujimori contra las cuerdas, quien investiga los testimonios de los ex ejecutivos de Odebrecht sobre los aportes de campaña y quien se encuentra cerca de presentar la acusación por el llamado caso cócteles. ¿La permanencia de Chávarry le seguirá sirviendo a FP luego de que se conozca esa acusación? 

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