Absurdas contramarchas después que expareja presidencial entregó domicilio familiar.
Absurdas contramarchas después que expareja presidencial entregó domicilio familiar.
Edición 2538: Jueves, 10 de Mayo de 2018

Freno en Seco

Juez ordena Incautación contra los Humala luego de que Tribunal Constitucional le enmendara la plana. Urgen correctivos.

Absurdas contramarchas después que expareja presidencial entregó domicilio familiar.
Absurdas contramarchas después que expareja presidencial entregó domicilio familiar.

Ver a Nadine Heredia pasar, en apenas una semana, de la cárcel a vivir en la casa de su suegro Isaac Humala resultaba para ella una pesadilla francamente inimaginable. Eso fue lo que se pensó en un primer momento.

Pero, al final, la familia del expresidente Ollanta Humala se instaló en la casa que la madre de Nadine, Antonia Alarcón, tiene en la cuadra 2 de la calle Fernando Castrat, Surco.

Es un inmueble vecino a la casa familiar incautada, propiedad de la ex primera dama, por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Allí vivía el hermano de Nadine, Ilán Heredia, que en consecuencia se mudó a un departamento de la misma calle prestado por un vecino.

Juez Richard Concepción Carhuancho ordenó incautación, suspendió la medida y dejó sin efecto la suspensión.
Juez Richard Concepción Carhuancho ordenó incautación, suspendió la medida y dejó sin efecto la suspensión.

Don Isaac declaró a la prensa que le dijo a su hijo “que se quedara allí”, en su casa. “Que se defienda, aunque sea con garrote”. Pero, añadió, “se acobardaron”. El peculiar patriarca se refirió al juez como “idiota, necio, estúpido”.

Visto desde otro ángulo, el juez Concepción Carhuancho puede terminar siendo el reorganizador del diezmado Partido Nacionalista.

La seguidilla que fue del lunes 7 al martes 8 fue tan errática que para una mente conspirativa parecía tener como objetivo victimizar a Ollanta Humala y Nadine Heredia.

REBELIÓN EN LA SALA
Primero incautó cinco inmuebles relacionados a la pareja que recuperó su libertad apenas una semana atrás, incluyendo la casa familiar de Surco y otros en La Molina, La Victoria y Lurín. También cinco vehículos y 14 cuentas bancarias pertenecientes a Heredia, sus hijas, su madre, su amiga Rocío Calderón, el Partido Nacionalista y la empresa Todo Graph. Según Juárez, los bienes serían producto de fondos ilícitos procedentes de Venezuela y Brasil para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, respectivamente.

Abogado César Nakasaki reclama más pruebas.
Abogado César Nakasaki reclama más pruebas.

Luego, cuando ya habían dejado el domicilio y entregado las llaves al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), Concepción Carhuancho suspendió por 30 días la incautación de la casa en cuestión, en respuesta a un recurso de aclaración que pedía respetar el derecho de los tres hijos menores de edad, y considerando que era tiempo suficiente para que encuentren dónde vivir. Las críticas hicieron notar que firmó el correctivo el lunes pero lo dio a conocer el martes, cuando ya habían salido de la casa. Entonces el juez no tuvo mejor respuesta que revocar su propia suspensión porque ya había sido ejecutada.

Lo más absurdo que no era un toma y daca entre distintas salas, sino contramarchas del mismo juez.
Uno de los abogados de la pareja, Wilfredo Pedraza, cuenta que las dos hijas y el hijo de la pareja estaban felices con el retroceso del juez, para que unas horas después volvieran a ser decepcionados.

Según detalla, a partir de la conversación que tuvieron con las autoridades del PRONABI, espera que aún no se asignen esos bienes porque sobre su destino pende una apelación.  

Santiago Gastañadui.
Santiago Gastañadui.

Todo más grave porque la incautación se produjo 11 días después de que el Tribunal Constitucional le enmendara la plana al juez Concepción Carhuancho, y por añadidura al fiscal de lavado de activos Germán Juárez, y cuestionara severamente la prisión preventiva de 18 meses dictada en contra del expresidente y su esposa.

La sentencia del TC –ajustada con votación de 4 a 3 pero contundente en su argumentación– estableció que una medida tan extrema como tener a los investigados presos cuando ni siquiera media una acusación fiscal, y sin indicios de peligro de fuga ni peligro procesal, constituye un abuso evidente.

Que se hable de un expresidente elegido en democracia solo podía agravar la situación.

Amiga incautada, Rocío Calderón.
Amiga incautada, Rocío Calderón.

Juárez solicitó la incautación al juez el 11 de abril. Es decir, antes de la sentencia del TC. Pero entonces ya era vox pópuli que solo faltaba conocer el voto del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, y que el mismo inclinaría la balanza a favor de los Humala-Heredia.

Es inevitable ver todo el episodio como una respuesta en rebeldía al serísimo llamado de atención de la instancia constitucional.

Un consenso muy pronunciado de penalistas arroja que la Fiscalía no necesitaba imponer una medida como la incautación a estas alturas, sobre todo cuando los bienes ya habían sido embargados y no era posible transferirlos.

Según Fiscalía propiedades fueron compradas con dinero ilícito de campaña.
Según Fiscalía propiedades fueron compradas con dinero ilícito de campaña.

RECUSACIÓN DE CONCEPCIÓN
Sobre Concepción queda pendiente una recusación interpuesta por la defensa de Humala y Heredia. El juez la rechazó, por lo que pasa a la Sala Superior que debe dar a conocer su decisión en los próximos días. Mientras ello ocurre, suspendió la audiencia del martes 8, donde debía responder a la tutela de derechos interpuesta por los abogados de la expareja presidencial. El recurso, calificado de dilatorio por la Fiscalía, busca incorporar nuevas pruebas que puedan ser discutidas en el próximo juicio oral.  
El casi omnipresente abogado César Nakasaki declaró que Juárez recién viene construyendo un caso.

Habría recibido aportes en Lima.
Habría recibido aportes en Lima.
Estaba apurado, pues de ahí debía ir a una audiencia de otro de sus patrocinados, Orlando Sánchez Paredes. En realidad, los cargos contra los Humala son sumamente serios (ver nota siguiente) pero los administradores de justicia lucen más interesados en los espectáculos colaterales que en la pelea de fondo. La Fiscalía debe presentar su denuncia a la brevedad y el juez, probablemente otro distinto a Concepción Carhuancho, decidir si se inicia el juicio.

En una entrevista el juez Concepción reconocía que “evidentemente” había incurrido en equivocaciones en el pasado. “Por eso existe la instancia plural, que parte de la idea de la falibilidad humana”.
Hoy debería recordar sus palabras.

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