Juez Concepción Carhuancho ordenó prisión tras extenuante jornada. La necesidad de tomarse un tiempo y sopesar argumentos.
Juez Concepción Carhuancho ordenó prisión tras extenuante jornada. La necesidad de tomarse un tiempo y sopesar argumentos.
Edición 2517: Jueves, 7 de Diciembre de 2017

Prisión Forzada

Inconsistencias de la Fi scalía en el caso de las empresas consorciadas con Odebrecht. Números no cuadran en supuesta entrega de coimas.

Juez Concepción Carhuancho ordenó prisión tras extenuante jornada. La necesidad de tomarse un tiempo y sopesar argumentos.
Juez Concepción Carhuancho ordenó prisión tras extenuante jornada. La necesidad de tomarse un tiempo y sopesar argumentos.

La justicia es para todos. Es la frase repetida ante la escena casi inimaginable: cinco de los principales empresarios constructores del país con las manos esposadas, entrando y saliendo de la carceleta del Poder Judicial y hacia el penal de máxima seguridad de Ancón.

A pedido del fiscal Hamilton Castro, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña –ambos exdirectivos de Graña y Montero–, Fernando Camet Piccone –de JCC Contratistas Generales– y José Castillo Dibós –ICCGSA–. Gonzalo Ferraro Rey, también de GyM, tiene arresto domiciliario en la Clínica Angloamericana, donde es tratado por cáncer. Todos se pusieron a disposición de la Justicia apenas enterados de la decisión del juez, anunciada tras 20 horas de extenuante jornada en la madrugada del lunes 4.

Leer: Esto documento habría perjudicado a empresas consorciadas con Odebrecht

El caso proviene de la coima  de IUS$ 20 millones ampliamente documentada que Odebrecht le pagó a Alejandro Toledo para hacerse de la licitación de la carretera Interoceánica Sur, en 2005. Allí la Fiscalía ha identificado la ruta del dinero de Odebrecht hasta Costa Rica, vía Londres. El círculo se cierra entre las declaraciones del exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata y la colaboración eficaz de Yosef Maiman, en cuyas cuentas se receptó la fortuna.

Pero en el caso de las empresas consorciadas las pruebas son inconsistentes.

NÚMEROS QUE NO CUADRAN
La Fiscalía se basa en el testimonio de Barata y el acta de junio del 2011 de reparto de utilidades del consorcio CONIRSA, encargado de los tramos 2 y 3 de la obra. El dividendo neto fue ascendente a S/ 94.318.519.47.

José Graña Miró Quesada, expresidente de directorio de GyM. Hernando Graña Acuña, exdirectivo de Graña y Montero. José Castillo Dibós, retirado del directorio de ICCGSA. Fernando Camet Piccone de JCC Contratistas Generales.
José Graña Miró Quesada, expresidente de directorio de GyM. Hernando Graña Acuña, exdirectivo de Graña y Montero. José Castillo Dibós, retirado del directorio de ICCGSA. Fernando Camet Piccone de JCC Contratistas Generales.

La cesión total de utilidades a Odebrecht por parte de sus tres socias fue de casi S/ 41.5 millones o US$ 15.083.805. Allí, según la hipótesis fiscal, empieza la danza de millones y se evidenciaría el pago de las peruanas por los que le tocaba de la coima acordada entre Toledo y Barata en el 2004, un año antes de la conformación del consorcio y la firma del contrato.

Así, Graña y Montero cedió US$ 6.219.627; JJC Contratistas Generales, US$ 5.641.151; e ICCGSA, US$ 3.223,026.

El problema reside en la matemática simple. La coima a Toledo fue de US$ 20 millones. Pero en el consorcio Odebrecht tenía el 70% y los nacionales el 30%: GyM iba con 19%, JJC con 7% e ICCGSA con 4%.

Al echar pluma resulta que si la coima seguía los porcentajes, los aportes debieron estar en el orden de US$ 3.9 millones de GyM, US$ 1.4 millones de JCC y US$ 800 mil de ICCGSA.

En total, les hubiera correspondido pagar el 30% de la coima, US$ 6 millones, pero pagaron el 75.4%, los US$ 15,083 millones.

Algo no cuadra en estos cálculos.

Fiscal Hamilton Castro solicitó prisión preventiva de 18 meses.
Fiscal Hamilton Castro solicitó prisión preventiva de 18 meses.

LA ACUSACIÓN FISCAL
Según la acusación, la cesión de las utilidades fue justificada en supuestos “riesgos adicionales” que no fueron debidamente provisionados contablemente. Esto es, no aparecieron en los cierres contables de cada ejercicio anual entre 2006 y 2011.

Sin embargo, el propio peritaje contable encargado por la Fiscalía concluye que “la industria de la construcción está sujeta a más riesgos e incertidumbres que muchas otras industrias. El proceso de tomar un proyecto desde el inicio (evaluación de la inversión) hasta llevarlo a término y ponerlo en marcha resulta complejo” (página 52 de la resolución judicial).

Leer: La Huella de Graña

En cambio, el fiscal sustentó los cargos por lavado de acivos  y colusión (a pesar de que José Graña no ha sido funcionario público)  basado  en que “la cesión de utilidades por parte de las empresas peruanas en favor de Odebrecht NO FUERON DEBIDAMENTE PROVISIONADOS CONTABLEMENTE (las mayúsculas son del expediente) como corresponde al cierre del ejercicio, esto es, no fueron identificados y cuantificados”.

Todos se pusieron a disposición de la Justicia  apenas enterados de la decisión del juez, anunciada tras 20 horas de extenuante jornada en la madrugada del lunes 4.
Todos se pusieron a disposición de la Justicia  apenas enterados de la decisión del juez, anunciada tras 20 horas de extenuante jornada en la madrugada del lunes 4.

Para un problema legal se llama a un abogado. Para uno técnico, a un ingeniero. Sin embargo, para meterse en los entresijos de una compleja obra de ingeniería el fiscal llamó a contadores. Con su ayuda dictaminó que la cesión de utilidades pactada en junio del 2011 para compensar los riesgos adicionales de Odebrecht era indebida porque dichos riesgos adicionales no habían existido, tal como lo probaba el hecho de que no se habían hecho provisiones contables para ellos.

Ahí, el propio informe contable señala que, si bien en contabilidad no hay riesgos adicionales,  sí los hay en ingeniería y construcción,  y sus costos son muy difíciles de medir porque muchas veces son imprevistos.

El juez confirmó que no hubo riesgos adicionales y que por ello el fee por liderazgo para Odebrecht (1.5% de la facturación del consorcio) era una simple figura para ocultar las coimas. Así se saltó a la garrocha el hecho de que el 2005, en la constitución del consorcio, consta en derecho de Odebrecht a recibir un fee de liderazgo.  

Sophia Icaza, defensora de Hernando Graña y “medida abusiva”.
Sophia Icaza, defensora de Hernando Graña y “medida abusiva”.

Los riesgos de ingeniería son distintos a los contables y no se pueden provisionar. Los riesgos adicionales son por obras como la del puente Billinghurst, por ejemplo, el más grande del país, en Puerto Maldonado.  Son obras adicionales que, por definición, no están previstas en el contrato, carecen de certeza de ejecución y de cronogramas y presupuestos. No tienen costos que se puedan provisionar. El informe contable así lo dice, pero la carencia de una provisión contable fue la prueba decisiva para la sentencia.

El INFORME FORENSE
Los abogados de los ejecutivos encarcelados critican que la Fiscalía no solicitó sus descargos antes de pedir la orden de prisión contra los ejecutivos.

La mejor forma de entenderlos es el informe de auditoría que GyM encargó en enero del 2017 al estudio de abogados neoyorquino Simpson Thacher y Bartlett (STB), entregado el 1 de noviembre último.

Es una de las firmas más reputadas del mundo, con emplazamientos en los rankings de AboveTheLaw, Vault 100 y Forbes.

Graña y los demás ejecutivos están investigados bajo ley de crimen organizado, por lo que les corresponde un régimen especial cerrado, con restricciones de patio y visitas.
Graña y los demás ejecutivos están investigados bajo ley de crimen organizado, por lo que les corresponde un régimen especial cerrado, con restricciones de patio y visitas.

Según el informe firmado por los abogados Jeffrey H. Knox y George S. Wang, “la investigación no identificó evidencia como para establecer que el personal de la Compañía participó a sabiendas en sobornos en relación con cualquiera de los Proyectos” (CARETAS 2516)..

La investigación duró más de medio año e incluyó  entrevistas a directivos y empleados pasados y actuales; y revisión documental y de registros financieros. Tuvo un especial énfasis en la cesión de utilidades por riesgos adicionales.

STB identificó que esos “riesgos adicionales” representan el pago por “fee –tarifa– de liderazgo y dividendos diferenciados” acordados con Odebrecht a la hora de conformar el consorcio. Añade que no son figuras “intrínsecamente sospechosas. Son legales y frecuentes, prácticas aceptadas en la industria de la construcción”.

Detalla que, en el caso de la Interoceánica Sur, “los accionistas minoritarios en última instancia acordaron pagar el total de un fee por liderazgo del 1.5% de los ingresos totales de CONIRSA y de las Concesiones de IIRSA Sur. El total de ingresos fue de aproximadamente S/ 6,100 millones en 2011.

Este fee por liderazgo pasó a ser aproximadamente el 18% de las ganancias totales porque el margen de ganancia de 2011 fue menor al anticipado originalmente. Odebrecht aparentemente recibió su fee por liderazgo de parte de JJC y ICCGSA en su totalidad a través de dividendos diferenciados (en otras palabras, los dividendos aumentados que se pagaron a Odebrecht con relación a la participación en el 70% del capital de Odebrecht y se redujeron los dividendos que se pagaron a JJC y ICCGSA con relación a su respectiva participación en el capital) al menos durante el período de tiempo en que la Compañía –GyM– fue parte de los proyectos de IIRSA. Odebrecht recibió su fee por liderazgo de la Compañía a través de dividendos diferenciados y en parte a través de la deuda reconocida por la compañía”.

El informe detalla además que “la relación asimétrica entre las partes” limitó la información a la que accedió GyM, pues solo se le alcanzaba “estados financieros resumidos”.

Al respecto concluye que “el proyecto, si no me equivoco, tuvo una utilidad de 80 o 90 millones, entonces de esa utilidad se saca, esto se puede comprobar en los estados auditados de la empresa”.
 
POLCA POLÍTICA

La norma autoriza al juez dictar orden de prisión preventiva en 48 horas para los crímenes. Pero no debería ser el caso para delitos financieros de alto vuelo que merecen ser estudiados.

Es que es muy difícil no relacionar el paso de polca al que ha ido este caso en los últimos días con el acre contexto político, en el que la comisión Lava Jato decidió, sin base alguna, citar a la primera dama Nancy Lange.La ofensiva fujimorista se desató la primera quincena de noviembre. Keiko Fujimori, enfiló sus baterías contra El Comercio y José Graña al día siguiente que el fiscal peruano José Domingo Pérez interrogara a Marcelo Odebrecht en Curitiba., el 10 de noviembre.

“El Comercio miente en su portada, sí, miente cuando afirma que: Odebrecht dice que financió campaña de Keiko Fujimori (…) Debo presumir que los señores Graña, vinculados al grupo El Comercio, y que están involucrados en Lava Jato con la empresa Odebrecht, le ha preocupado que el congresista Daniel Salaverry, con el respaldo unánime de toda la bancada, haya denunciado al fiscal de la Nación por hacerse de la vista gorda y no investigar a la empresa Graña y Montero pese al tiempo transcurrido”, declaró Fujimori en un mensaje por video.

La lideresa de Fuerza Popular está convencida que El Comercio le robó  la elección y cargó contra José Graña Miro Quesada so pretexto que él es el dueño. Sin embargo, él posee el 4,03% de las acciones y su hermana 4,02%. Juntos tienen el 8,05% del grupo. Es decir, no son dueños de nada. La investigación sí se desarrollaba, como lo reportó en mayo CARETAS 2486. Lo que no se sabía es que tomaría un vuelco tan dramático y, eventualmente, arbitrario.


Barata Dixit

Jorge Barata. memoria selectiva.
Jorge Barata. memoria selectiva.
Al rompecabezas se añaden las piezas no concluyentes aportadas por Barata.

En su declaración dijo que “el pago (de la coima) ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta. Esto lo verificaré”. Añadió que el tema se abordó “con los miembros del directorio, en esta época eran Fernando Castillo, Fernando Camet y José Graña Miró Quesada, con ellos conversé personalmente; recuerdo claramente que ellos me dijeron ‘yo no sé nada’”.

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