“Que se bajen de su nube, aquí nadie tiene corona”, dijo Becerril. El día de denuncia en Montevideo, 23 de octubre, llegó su carta al  presidente del Tribunal.
“Que se bajen de su nube, aquí nadie tiene corona”, dijo Becerril. El día de denuncia en Montevideo, 23 de octubre, llegó su carta al presidente del Tribunal.
Edición 2512: Jueves, 2 de Noviembre de 2017

Becerril de Oro

Héctor Becerril presiona al TC. Además de caso El Frontón, demanda documentos de caso de fiscalización minera.

“Que se bajen de su nube, aquí nadie tiene corona”, dijo Becerril. El día de denuncia en Montevideo, 23 de octubre, llegó su carta al  presidente del Tribunal.
“Que se bajen de su nube, aquí nadie tiene corona”, dijo Becerril. El día de denuncia en Montevideo, 23 de octubre, llegó su carta al presidente del Tribunal.

"Ellos se creen intocables, creen que por ser del TC están fuera del alcance de la ley. Que se bajen de su nube, aquí nadie tiene corona. Les guste o no, la investigación que se les sigue en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es legal y debe seguir su curso”.

¿Es truco o treta? Implacable, el congresista Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, respondió así a la denuncia que tres magistrados del Tribunal Constitucional hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los jueces Eloy Espinoza, Carlos Ramos y Marianella Ledesma viajaron a Montevideo, Uruguay, para participar el 23 de octubre en una sesión de la CIDH y dar a conocer que el Congreso tramita contra ellos –y contra el presidente del TC, Manuel Miranda– una acusación constitucional por una resolución que el máximo Tribunal emitió en marzo último sobre el caso El Frontón.  

Ledesma advirtió ante la CIDH que “se viene usando el mecanismo de la  acusación constitucional como medio de amedrentamiento a nuestra independencia cada vez que tenemos que resolver casos vinculados con el grupo mayoritario del Congreso”.

La denuncia constitucional  por prevaricato, por lo que los jueces podrían ser removidos del TC, fue presentada por el abogado de los marinos retirados, actualmente procesados por el caso El Frontón.

Se trata de Sergio Tapia, muy recordado por ser en 1999 uno de los encargados en el Ministerio de Justicia de justificar el retiro peruano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Caso Perubar enfrenta a minera con el Estado.
Caso Perubar enfrenta a minera con el Estado.
MASACRE DE EL FRONTÓN
El proceso se apertura como consecuencia de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2000.

Nueve años más tarde, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial califica los hechos como “crímenes de lesa humanidad”. El abogado Humberto Bocanegra interpone en respuesta una demanda de habeas corpus. En su fallo de 2013, el TC declaró como válido el inicio del proceso penal, pero infundada la calificación de crímenes de lesa humanidad.  

La sentencia la firmaron Carlos Mesía, Fernando Calle, Ernesto Álvarez y Juan Vergara. En contra estuvieron César Landa, Gerardo Eto y Ricardo Beaumont.

EL ERROR DE CONTEO
En 2013, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional denunció que el  voto de Vergara fue erróneamente contabilizado a favor del dictamen el mayoría. En ese respecto, la votación no habría sido cuatro contra tres, sino empate de a tres, con Vergara en voto singular.

Vergara aclaraba que estaba en desacuerdo sobre el fundamento en torno a la lesa humanidad: “considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional toda vez que aquella no es materia de la demanda”,  se lee. Y más adelante añade que a quien le corresponde calificar los delitos con “determinado tipo penal” es “al juzgador penal ordinario”.  

QUIEBRA DEL EMPATE
En marzo del 2017, el TC, con otra conformación, subsanó la sentencia a pedido de la Procuraduría y corrigió lo que consideró un “error material”.  No se pronuncia si los hechos investigados son de delitos de lesa humanidad. Tampoco reabre el proceso –por cierto nunca cerrado-, no se pronuncia sobre si hubo prescripción ni dice si los marinos enjuiciados tienen responsabilidad.

Votaron a favor los cuatro magistrados hoy investigados por el Congreso: Eloy Espinoza, Carlos Ramos y Marianella Ledesma y el presidente del TC, Manuel Miranda. En contra estuvieron Óscar Urviola –reemplazado desde entonces por Augusto Ferrero-, Ernesto Blume y José Luis Sardón.

Familiar de muertos en El Frontón, durante debelamiento de 1986.
Familiar de muertos en El Frontón, durante debelamiento de 1986.

Mientras tanto, el 8 de septiembre se inició en el Colegiado B de la Sala Penal Nacional el juicio oral contra 35 marinos acusados de asesinar a 133 reos durante el debelamiento de un motín en ese penal, el 18 y 19 de junio de 1986. El Ministerio Público pide condenas de entre 25 y 30 años de cárcel. La fiscal a cargo es Luz Ibáñez Carranza de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional.

Sobre los magistrados del TC, Becerril opina que “si están seguros de que no han actuado mal, más bien deberían saludar esta investigación. Si piensan que denunciando al Congreso se van a salvar de la investigación, están equivocados”.

Becerril integra la subcomisión de acusaciones constitucionales que verá el caso.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, acusó a los magistrados de “querer vender que en el Perú no hay democracia”. Calificó de “preocupante, inaudito e inapropiado” que recurran a una instancia internacional.

Se trata de un choque de trenes.

Presidente Manuel Miranda, señalando, es uno   de los denunciados. A su lado, Marianella Ledesma, también incluida.
Presidente Manuel Miranda, señalando, es uno   de los denunciados. A su lado, Marianella Ledesma, también incluida.

EL CASO PERUBAR
Las palabras de Ledesma sobre “el grupo mayoritario del Congreso” cobran más sentido cuando se confirma que la mesa de partes del TC recibió el pasado 23 de octubre, el día de la audiencia de Montevideo, una carta de Becerril dirigida a su presidente, Miranda, en la que ejerce presión sobre el caso en el que la compañía minera Perubar se enfrenta con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La  compañía minera del  Grupo Glencore, reclama que el Estado le devuelva lo cobrado por concepto de regulación ambiental, calculado aproximadamente en S/120 millones, y que no le cobre el aporte en un futuro. Esto podría marcar un importante precedente para las demás empresas.

La sentencia fue declarada improcedente por territorialidad en dos instancias –se presentó en el Callao– y llegó al TC. Becerril le advierte en su carta al TC que no debe pronunciarse sobre la materia de fondo sino que solo limitarse a confirmar el error de jurisdicción. También demanda las copias de los documentos referentes a los procesos en marcha.

Las mineras se han opuesto al aporte por regulación, que equivale a un poco menos del 0.5% de sus utilidades, y aluden que ya pagaban un arancel por regulación. La OEFA sostiene que este solo financia la supervisión y viáticos cuando los funcionarios se trasladan a las instalaciones mineras, mientras que el aporte cubre toda la “macrofiscalización” ambiental.  

Con el gran interés que expresa este químico farmacéutico en el trabajo jurídico del TC, hay que volver a preguntarse sobre la postura del fujimorismo actual sobre la separación democrática de los poderes. 

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