Ministra Aljovín apretó el acelerador. Nueva subasta sería en enero. Derecha, Mauricio Cruz de Odebrecht. Diferencias en conflictuado consorcio se superaron.
Ministra Aljovín apretó el acelerador. Nueva subasta sería en enero. Derecha, Mauricio Cruz de Odebrecht. Diferencias en conflictuado consorcio se superaron.
Edición 2507: Jueves, 28 de Septiembre de 2017

Por un Tubo

Demoró, pero el destrabe del Gasoducto del Sur por fin se concretó. Odebrecht entrega bienes al Estado para relicitar.

Ministra Aljovín apretó el acelerador. Nueva subasta sería en enero. Derecha, Mauricio Cruz de Odebrecht. Diferencias en conflictuado consorcio se superaron.
Ministra Aljovín apretó el acelerador. Nueva subasta sería en enero. Derecha, Mauricio Cruz de Odebrecht. Diferencias en conflictuado consorcio se superaron.

Al cierre de esta edición se confirmaba que el consorcio del Gasoducto Sur Andino aprobó entregar por fin los bienes del proyecto al Estado, lo que permitiría que se vuelva a licitar en el término  legal, para enero próximo.

Como se recuerda, a inicios de año el contrato fue ejecutado porque el Consorcio –conformado por Odebrecht (55%), Graña y Montero (20%) y la española Enagás (25%)– no lograron su cierre financiero. Esto fue consecuencia directa del escándalo de corrupción asociado a la brasileña, que no consiguió financiamiento y tampoco logró la venta de sus activos.

“Fue como el imperio romano cuando se estaba desmembrando y se resistía a reconocerlo”, recuerda una fuente con conocimiento del proceso.

En los meses previos a la ejecución, la empresa de origen español, que administra toda la operación de gas en ese país, presionó a su poderoso socio, convertido en un Rey Midas en reverso tras la explosión del caso Lava Jato, por concretar la venta.

Cuando esto no se logró, se inició la puja para poder revertir los bienes al Estado. Enagás, que había asumido la gerencia del consorcio ante la crisis, tenía apuro por soltar la papa caliente. En su caso, el 5% de acciones le pertenecen al gobierno español y del 95% restante, que lista en bolsa, una gran mayoría corresponde a fondos de inversión y pensiones en países como Canadá y China. La sensibilidad frente a la condición tóxica de Odebrecht era muy marcada.

Pero la brasileña estaba cercada por una figura inusual, desarrollada solo en el Perú y expresada en el Decreto de Urgencia 003. En otros países se han impuesto multas severísimas pero no se les ha expulsado del mercado. Aquí están obligados a vender sus activos y retirarse.

Además de retrasar la entrega de bienes durante casi nueve meses, Odebrecht inició un trámite de “trato directo” –paso previo a una demanda– en el marco del tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y Luxemburgo. Según Odebrecht, el Perú había aplicado la cláusula anticorrupción de manera  incorrecta, lo que precipitó el colapso del proyecto.

La salida de Gonzalo Tamayo del Ministerio de Energía y Minas fue atribuida en parte a la lentitud con la que avanzaba el proceso. Su sucesora, Cayetana Aljovín, apretó el acelerador e incluso en los últimos días ha mantenido reuniones con posibles postores como Techint.

La ola expansiva también llegó a Proinversión. La renuncia de Álvaro Quijandría ha sido también relacionada al retraso.

Los principios de la próxima subasta establecen un mínimo del 75% de lo invertido por el consorcio hasta el momento de la ejecución del contrato, que equivale a más del 37% del avance de la obra, cuya inversión total fue calculada en US$ 7,200 millones. Esto incluye tubos, servidumbres y estudios medioambientales.

Al no haber aportado Odebrecht dinero ni garantías en el último año de operaciones, quedará bien atrás en la cadena de pagos una vez recibido el dinero en el nuevo proceso. Antes estarán las obligaciones con trabajadores, proveedores y bancos. La luz verde para la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, donde Odebrecht invirtió US$ 1,200 millones, y los activos de Olmos redujeron la presión.

Enagás, mientras tanto, se ha considerado una “víctima colateral” de la situación. Era la primera vez que se asociaban a Odebrecht. Su otra operación en el país es la de Transportadora de Gas del Perú (TGP) donde tiene casi el 29% de participación. El 50% es de Canada Pension Plan Investment Board (CPPB) y el 21% de Sipco Perú Pipelines Corporation.

Este destrabe es una buena noticia y debería ser una señal para que otros corran por un tubo.

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