Edición 2475: Jueves, 16 de Febrero de 2017

Se Buscan Tecnócratas

Falsa premisa: La tecnocracia ha tomado el poder por asalto.

 

Con el escándalo Odebrecht, han florecido “especialistas” en sobrecostos, sobreprecios, adendas, adicionales. Suelen culpar a la tecnocracia. Uno escribió:  “ A lo largo de los gobiernos de Paniagua, Toledo, García y Humala descubrimos que los políticos, carentes de ideas y de cuadros, delegaron en los “expertos” la toma de las decisiones importantes, para bien y para mal”. Interesante, si fuera cierto.

En las empresas privadas hay una tecnocracia que les permite realizar el 80 por ciento de la inversión nacional, y tener un desempeño más eficiente y honesto que antes  -con la de ayuda un marco regulatorio adecuado y la supervisión de entidades que operan sin interferencias políticas.

García Belaunde tocó un nervio.
García Belaunde tocó un nervio.
En el sector público ocurre lo contrario. Sucesivas normas favorecieron las obras de las autoridades políticas de derecha e izquierda, sin distingos, mientras propiciaban que el ingreso de profesionales al Estado se sustentara sobre todo en credenciales con valor oficial (hay 35 colegios profesionales) pero cuestionable valor real. Hagamos un recuento.

En 1992 el Decreto Ley N° 25565 autorizó encargar a organismos internacionales las licitaciones y concursos para la selección de contratistas de construcción y consultoría de obras. Los contratos adjudicados se rigieron por los reglamentos, inmunidades y privilegios de los organismos, al margen de las leyes nacionales y la fiscalización de la Contraloría.

Esto permitió que las autoridades políticas contraten las obras de su preferencia, con bases ad-hoc y sin rendir cuentas. Tales organismos fueron solo tres: la UNOPS/PNUD- Naciones Unidas, la OIM-Organización Internacional para las Migraciones, y la OEI-Organización de los Estados Iberoamericanos. La OIM y la OEI no acreditaron en sus documentos institucionales ni en sus convenios con el Perú, calificaciones en obras públicas. No obstante, del 2011 al 2014 se encargaron del 66% de los contratos adjudicados por S/. 4,165 millones. Entre los tres manejaron el 93%.

Es evidente, por ello, que la mayoría de los profesionales de dichos organismos provino del Estado, atraída por la promesa de mejores sueldos y menos problemas. De esa manera, cada encargo entregado por las autoridades políticas minaba los cuadros necesarios para conducir las inversiones. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, que encargó todas sus contrataciones, no tenía en el 2011 un solo ingeniero de licitaciones y contratos.

En diciembre de 1992, el DL 26150 estableció para el resto de los procesos de selección (por ejemplo, infraestructura de transportes) que bastaría una calificación técnica de 75 puntos sobre 100 (el estándar es 80 o más) y que el costo de la supervisión de una obra no excedería el 5% del monto valorizado (el estándar es 10%). Después, el DL 26850 añadió que se aceptarían propuestas hasta por el 50% del valor referencial. Estas medidas no se habrían dado con una tecnocracia, porque vulneraban principios básicos de la ingeniería.

En efecto, dado que el valor referencial es el costo que calcula el Estado para la realización cabal de las tareas que integran un trabajo de ingeniería, y que dichas tareas no se pueden recortar sin faltar a la ética y a la corrección profesional, resulta obvio que ofrecer o recibir servicios por la mitad del valor referencial es algo impropio. Los que no aceptaron estas condiciones fueron reemplazados por contratistas con menos calidad y escrúpulos.

Esta pérdida de calidad la acentuó la ley de promoción de la inversión en educación, que a partir de 1998 activó la proliferación de títulos de universidades públicas y privadas. El 2017 el Colegio de Ingenieros tendrá más de 200,000 registrados y alcanzará pronto a Gran Bretaña, cuna de la ingeniería y segundo país en ganadores del Nobel. A lo anterior se sumó el recorte de sueldos del 2006, que acabó con lo que quedaba. Estas normas trajeron consecuencias que se están pagando hoy. 


Hecha la Ley, Hecha la Adenda

En el 2014, la Contraloría General de la República identificó cuatro grandes problemas como resultado de las normas anti – tecnocracia:

  •  Se afectó los principios de transparencia y libre concurrencia establecidos por ley, así como el acceso a la información pública.
  •  Se rebajó los requisitos y exigencias legales para las exoneraciones de licitaciones y concursos, causando que las exoneraciones crecieran cinco veces entre el 2004 y el 2009.
  •  Se redujo la calidad de los expedientes técnicos, multiplicando la necesidad  de obras adicionales destinadas a corregir estudios mal hechos, y no a su propósito verdadero de atender imprevistos y casos de fuerza mayor. En la Interoceánica el expediente técnico fue un estudio de factibilidad, algo técnicamente indebido pero aprobado por todas las fuerzas políticas.
  •  Se abusó del sistema de concurso-oferta. Este debe limitarse a obras que brindan certeza sobre la solución técnica, costos y plazos, pero se extendió indebidamente a proyectos donde dicha certeza no existe, como los viales.               

Históricos Chivos Expiatorios

Prado clausuró el Colegio de Ingenieros al día siguiente del golpe militar.

Esas no fueron faltas de tecnócratas, pero no es primera vez que se les culpa. Al comenzar la República no había un solo ingeniero al servicio del Estado, pero demoró 40 años constituir el Cuerpo de Ingenieros. El 1864 lo integraban 26 personas con una remuneración anual de $ 69,230, incluyendo al Director (Mariano F. Paz Soldán) y su asesor (Antonio Raimondi). Duró poco. En 1865, al día siguiente de su golpe de Estado, Mariano I. Prado lo disolvió por costoso y porque no “prestaba servicio alguno de verdadera utilidad”. Despidió ingenieros, rebajó sueldos y redujo la remuneración anual a $ 37,152 (¡bravo!). El ahorro sirvió para algo útil: contratar en Europa, por $ 69,604, el diseño de los señores Guillaume y Cugnot para el monumento al combate del Dos de Mayo (¡archibravo!). Después, cuando se  necesitó ingenieros para los ferrocarriles y la guerra, no había donde encontrarlos. Sabemos como terminó todo, pero nos resulta difícil aprender. Una tecnocracia estatal habría evitado la tragedia de hoy.         

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