Edición 2585: Jueves, 11 de Abril de 2019

CASO SÁNCHEZ PAREDES

Lima, 2 de abril de 2019

El articulo ‘Se Van de Robo’ de CARETAS 2583 tiene una  serie de inexactitudes induciendo a que el proceso en mención es irregular. Señalan que la vocal María Luisa Apaza “logró quedarse pero toma decisiones muy cuestionables”, cuando se sabe que las decisiones en un tribunal colegiado se adoptan por mayoría o unanimidad de sus integrantes, un solo magistrado de un colegiado de tres, no puede tomar decisiones cuestionables ni no cuestionables, porque uno de tres no hace mayoría. Tendrían que identificar cuáles son esas decisiones “cuestionables” y los motivos, invocando a la base legal, del porqué resultan cuestionables. No se puede esgrimir un cuestionamiento genérico, sin ningún sustento legal, pues afecta la imagen del proceso, de los magistrados y de los abogados que venimos ejerciendo la defensa técnica.
Es falso que Santos Orlando Sánchez Paredes y la minera COMARSA tengan algún tipo de relación con los tristes acontecimientos ocurridos en Ica hace más de ocho años y eso lo sabe CARETAS, que cubrió los hechos en varias ediciones y conoce perfectamente que los mismos se refieren a otra empresa minera ajena a mi patrocinado.
Refieren que “en la audiencia del lunes 25, la sala presidida por la jueza María Luisa Apaza anunció una peculiar decisión. La tacha presentada por falsificación contra un documento clave por la defensa de Orlando recién sería respondida con la sentencia. A este paso, como para la calendas griegas”. Este  cuestionamiento carece de sustento legal, pues el Código de Procedimientos Penales señala que las cuestiones probatorias –o sea la tacha en cuestión– que  se formulen durante el desarrollo del juicio oral, se resuelven en la sentencia.
Sostienen también, que la defensa de Santos Orlando Sánchez Paredes intentó acreditar que este trabajó en Pesca Perú desde el año 1970, presentando una constancia firmada por un exgerente, y que la Fiscalía y la Procuraduría  encontraron que este gerente nunca trabajó en esa empresa. Debo precisar, que el modelo económico que contiene la pericia económica y que permite establecer los ingresos de Santos Orlando por la actividad de pesca no se ha construido en base a una constancia. Es el propio Estado peruano, a través de la ONP, mediante el reporte de estado de cuenta individual al SNP, ha informado sobre los aportes en Pesca Perú  realizados por Santos Orlando, desde mayo de 1973 hasta enero de 1977 (Expediente ONP N°12300622816) La construcción del modelo económico para la actividad de pesca se ha elaborado en base a centenares de documentos, entrevistas a pescadores de la época que laboraron junto a Santos Orlando, informes de IREMAR, de IMARPE, entre otros.  Es falso que sea en base a una constancia y que quien la firma no haya trabajado en Pesca Perú, pues basta con revisar el Reporte de Aportaciones de este exgerente para verificar que sí laboró en Pesca Perú desde el 1 de julio de 1973.  Es falso que la defensa sostenga que en la actividad de pesca, Santos Orlando haya generado como ingresos US$ 12 millones de dólares y que en la empresa de Transportes Expreso Antisuyo hayan sido US$ 10 millones de dólares. Si hubiesen consultado con la Defensa Técnica, habrían conocido que  la pericia económica estable como ingresos para Santos Orlando en la actividad de pesca por la suma de US$ 292,095.05 (Doscientos noventa y dos mil noventa y cinco dólares) y en la actividad de Transporte por US$ 1’571,327,05 (Un millón quinientos setenta y un mil trescientos veintisiete dólares).
Así mismo, cuestionan la imparcialidad del Tribunal, so pretexto a que el exvocal supremo César Hinostroza conversaba con dos consejeros sobre el pedido de traslado que venía solicitando administrativamente la juez superior María Apaza Panuera. Ya este cuestionamiento fue objeto de dos incidencias de recusación contra la magistrada que fueron declaradas improcedentes y tanto la Fiscalía como la Procuraduría ejercieron su derecho a la doble instancia, interponiendo recurso de nulidad en ambos incidentes de recusación. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha declarado no haber nulidad en lo resuelto por el colegiado, respecto al rechazo de las recusaciones interpuestas por la Fiscalía y la Procuraduría. Que no nos guste el sentido de un fallo judicial, no significa que sea irregular, ilegal o insólito.
También dejan entrever que a través de nuestra defensa técnica se vendría dilatando el desarrollo de las sesiones en el juicio oral. Qué mejor tener datos objetivos sobre el debate y el análisis de la pericia económica de la defensa, la cual en su primera parte fue examinada por la Fiscalía Superior por más de nueve meses. Se brinda de manera descriptiva la siguiente información: El examen y contra-examen de la pericia de pesca de Santos Orlando Sánchez Paredes fue llevada en 56 sesiones, de las cuales ocho sesiones no se realizaron por diversos motivos (Suspensión, enfermedad, etc.); es decir, son 56 sesiones efectivas computadas desde la sesión 74 desde el 3 de mayo hasta la sesión 137 del 16 de enero de 2019. De todo el interrogatorio de las 56 sesiones tenemos: el 3.57% correspondió a las sesiones en las que la defensa ha tenido a su cargo el interrogatorio y el 96.43% han sido sesiones de contrainterrogatorio a cargo del Ministerio Público. A partir de esta información, ¿la demora en el desarrollo de este juicio oral es responsabilidad de la Defensa técnica? Evidentemente que no.
César Augusto Nakazaki Servigón
Abogado

Una respuesta que motiva en esta edición la entrevista sobre este gigantesco juicio de lavado de activos.