Edición 2549: Jueves, 26 de Julio de 2018

Lava Juez y Lava Jato

Escribe: Gustavo Gorriti | “En ese cuadro deprimente pero preciso, la esperanza no está en la regla sino en la excepción. En los bolsones virtuosos de jueces y fiscales honestos que pugnan por lograr una justicia real.”.

Lava Jato y Lava Juez son casos parecidos y opuestos a la vez; las paradojas del destino pudieran hacerlos complementarios además.

Son parecidos porque en ambos los protagonistas centrales son fiscales y jueces. Opuestos porque en

Lava Jato los jueces y fiscales dirigieron una lucha de magnitud épica y alcance revolucionario contra la corrupción; en Lava Juez, los corruptos son los jueces.

Sabemos ahora que el caso Lava Jato solo fue posible en Brasil luego de un proceso largo de reforma que llevó a una nueva generación de jueces y fiscales inteligentes, bien preparados y con recursos, a aprender con la experiencia de varios casos previos los métodos y las estrategias que aplicaron exitosamente en Lava Jato.

En el Perú, como en otros países de Latinoamérica, la información sobre el caso Lava Jato llegó desde fuera y también por los esfuerzos del periodismo de investigación. Gracias a eso, la información que se tiene es mucho mayor que su exiguo avance procesal. En Brasil, recuérdese, fue todo lo contrario: el veloz avance del caso, las revelaciones provenientes de operativos y confesiones emergían del sistema de justicia con tanta velocidad que los periodistas y luego el público tenían que hacer grandes esfuerzos para no perder el paso de la información.

Aquí lo único comparable en velocidad de revelaciones ha sido el caso Lava Juez. Unos pocos días de sostenidas descargas de audios tuvieron un efecto sísmico sobre el sistema judicial y una reacción social muy parecida, en su intensa indignación, a la que hubo en Brasil. Pero el hecho de que allá los magistrados hayan sido los justicieros y aquí los bribones plantea problemas verdaderamente severos.

¿Cómo se van a juzgar los jueces a sí mismos? En casos aislados de corrupción es posible hacerlo. Pero cuando el caso es sistémico y cubre casi todo el aparato de justicia, se hace mucho más difícil.
Además, ¿cómo se podrá procesar judicialmente el caso Lava Jato en un sistema antes podrido y ahora siniestrado? Con mucha dificultad y mayor riesgo de fracaso. Tengan presente que un sistema judicial corrupto representa una calamidad para las mayorías pero una solución para los bribones con peso e influencia dentro de ese sistema. En la práctica les permite no solo encubrirse sino lograr una impunidad procesalmente legalizada.

En ese cuadro deprimente pero preciso, la esperanza no está en la regla sino en la excepción. En los bolsones virtuosos de jueces y fiscales honestos que pugnan por lograr una justicia real, que proteja a la gente honesta y persiga a los delincuentes, por poderosos que sean. Ello bajo la premisa de que no bastan las buenas intenciones sino que cuentan los resultados. Lava Juez, hay que recordarlo, fue posible precisamente por la acción de un grupo pequeño de fiscales que enfrentó a la gran organización de jueces, fiscales y consejeros corruptos.

En el caso Lava Jato en el Perú, la fiscalía que ha logrado los mejores resultados en tiempo relativamente corto es la del área de lavado de activos, bajo la coordinación del fiscal superior Rafael Vela Barba. El fiscal provincial a cargo de las investigaciones de aportes ilícitos a campañas electorales por parte de las empresas de Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, es quien claramente ha logrado los mayores avances en un período relativamente corto. Con menos recursos y una estrecha latitud de misión, Pérez Gómez logró mucho mayor progreso que el del equipo especial dirigido por Hamilton Castro.

¿Cómo? Aparte de un trabajo enérgico, Rafael Vela y Pérez Gómez adoptaron un método simple y eficaz: la cooperación estrecha, basada en relaciones de confianza con los fiscales brasileños, dentro del marco legal de ese país, especialmente a través de los acuerdos de delación premiada.
Interrogar a ejecutivos de Odebrecht en Brasil, bajo la dirección de un fiscal [procurador] general brasileño y los términos de la delación premiada, que los obliga a responder con verdad y sin omisiones a las preguntas, bajo pena, de no hacerlo, de perder los considerables beneficios logrados en ese país por su delación, garantiza un buen resultado en el interrogatorio. Y eso es lo que ha sucedido en la serie de diligencias que tuvieron lugar el año pasado y parte de este, pese a que el tema de lo preguntado y confesado estuvo restringido solo a los aportes ilegales de Odebrecht a las campañas electorales de varios candidatos.

Además, Odebrecht está interesada en confesar, pactar sus multas y reparaciones, para alcanzar una nueva normalidad, como ya lo ha hecho en Brasil. La corporación ha pasado y pasa por una profunda reforma interna dirigida a convertirla en una compañía honesta, bajo sistemas estrictos de cumplimiento y monitoreo externo. En Brasil ya ha sido calificada para competir nuevamente en licitaciones y su cooperación con los procuradores anticorrupción y los jueces –además del Departamento de Justicia estadounidense– es constante y fluida.

Sumada a la delación colectiva de cerca de sus 80 mayores ejecutivos desde finales de 2016, recientemente se homologó en Brasil el proceso de lenidad a otras decenas de ejecutivos de nivel operacional. Quedan así listos para sumarse con detalle a las confesiones más generales de los gerentes principales.

Si se lleva a cabo un proceso de acuerdos (multas, reparaciones, confesiones) con Odebrecht en el Perú y se pacta a la vez la confesión en Brasil de los delatores y los lenientes, llegará una catarata de información a este país. Si los acuerdos se hacen en forma rápida y eficaz, las otras compañías, tanto brasileñas como peruanas, que han rehuido confesar al ver lo mal que le fue a Odebrecht por hacerlo, formarán en cola para no ser los últimos, aquellos que solo pueden ofrecer la información que ya se tiene.

Si se hace lo anterior, el caso Lava Jato podrá alcanzar y superar el punto de inflexión estratégica antes del fin de año. Eso significa que toda la información relevante sobre los principales corruptos habrá sido entregada, con pruebas que la corroboren. Y significa también que la información decisiva llegará cuando la maquinaria de encubrimiento e impunidad judicial esté aún debilitada por el caso Lava Juez.

Es una gran oportunidad que, paradójicamente, se ofrece y se puede perder en estos días.

Una de las primeras decisiones del controvertido nuevo fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, fue anunciar el nombramiento de Rafael Vela como nuevo coordinador del equipo especial del caso Lava Jato; y de José Domingo Pérez a cargo de la investigación. Lo hizo el mismo día de su discutida juramentación.

Fue una excelente decisión, que su predecesor, Pablo Sánchez, no se animó a realizar. Si se formaliza del todo este jueves 26, y se empieza a implementar de inmediato con los recursos necesarios, el caso Lava Jato habrá ingresado a su etapa de ofensiva estratégica.

¿Por qué lo haría la misma persona que trata de ‘hermano’ y ‘hermanito’ a Hinostroza Pariachi? Porque sabe que su única esperanza de mantenerse en el cargo es a través de una política enérgica contra la corrupción. Puede que solo intente ganar tiempo, puede que sea una fuga hacia adelante, o puede que apenas se haya estabilizado desande sus avances, lo cual, desde el punto de vista de su propio interés, sería necio pero no imposible.

Pero también es posible que, como ha sucedido en otros casos, Chávarry intente reivindicar su pasado a través de los logros del presente. Sea como fuere, y teniendo clara la posibilidad de que otras pruebas puedan cambiar el escenario, propongo que por lo menos se le dé el tiempo para reorganizar la fiscalía del caso Lava Jato. La enorme utilidad de esa acción contrapesa, a mi entender, toda razón contraria.

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