Presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia Sergio Moro. Cuando la política y la   Justicia se acercan demasiado.
Presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia Sergio Moro. Cuando la política y la Justicia se acercan demasiado.
Edición 2595: Jueves, 20 de Junio de 2019

Guerra Judicial

Escribe: Luis F. Jiménez | El Caso Lula. ¿Presos políticos o políticos presos?

Presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia Sergio Moro. Cuando la política y la   Justicia se acercan demasiado.
Presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia Sergio Moro. Cuando la política y la Justicia se acercan demasiado.

El nuevo concepto de “guerra jurídica” o, más estrictamente, “guerra judicial” ha sido elaborado en medios académicos anglosajones y denominado “lawfare” como contracción de los términos “law” (ley, derecho) y “fare” derivado de “warfare” (guerra).

El concepto nació vinculado al concepto de seguridad nacional a fin de identificar las formas en que la ley y la actividad judicial pueden incidir en el desarrollo de conflictos armados al determinar si estos respetan ciertos valores humanitarios que deben ser el sustrato de toda acción armada.

En América Latina, el concepto ha adoptado otra connotación al ser vinculado con el empleo de la ley y del sistema judicial para eliminar de la competencia política a ciertos  actores. Ha surgido así la distinción entre presos políticos (en razón de sus ideas) y los políticos presos (por haber cometido delitos). El eje de las acusaciones hoy, en esta acepción, es que el combate contra la corrupción es un pretexto utilizado para eliminar a quienes sostienen posiciones progresistas en lo político y social.

Carátula demoledora.
Carátula demoledora.
LULA INTERCEPTADO

Un caso de resonancia es el del expresidente brasileño Luis Ignacio “Lula” da Silva quien fuera condenado en dos instancias por los tribunales y quedó impedido de postular a la presidencia cuando era el principal favorito. La reciente revelación por The Intercept de conversaciones telefónicas entre el entonces juez Sergio Moro, principal actor del caso lava jato, y los fiscales de la causa (lo cual está prohibido por la legislación brasileña) ha impulsado el caso de Lula, especialmente cuando Moro aceptó el cargo de Ministro de Justicia que le ofreció el recién electo presidente Jair Bolsonaro.

Para los partidarios del lawfare como instrumento de persecución política el caso de Lula es de claridad meridiana. Quienes toman el combate contra la corrupción con más cautela señalan que Lula tiene aún seis casos más pendientes de decisión judicial y que existen numerosas evidencias sobre la existencia de redes de corrupción en las que operaban funcionarios gubernamentales (especialmente de Petrobras), empresarios y miembros del congreso brasileño. Cuáles afectaban a Lula está por verse.

Debe señalarse, en beneficio de la objetividad del sistema judicial brasileño, que la ex presidente Dilma Rousseff, a pesar de haber sido ministro de energía y supervisado a Petrobras y luego presidente, no cuenta con cargos por corrupción.

Las evidencias, obtenidas a través de declaraciones de “arrepentidos” y de otras pruebas, involucran a políticos no solo del PT de Lula sino de opositores connotados. La masiva red de corrupción articulada principalmente a través de la empresa Odebrecht abarca también a similares sistemas de otros países y en el Perú ha llevado a prisión a cuatro expresidentes y muy posiblemente provocado el suicidio de otro de ellos. No solo a dirigentes populares se ha acusado de casos de corrupción. Y las causas son sólidas.

Lula da Silva. Casos pendientes.
Lula da Silva. Casos pendientes.

DE PERSEGUIDORA A PERSEGUIDA

La primera en esgrimir el argumento de ser una perseguida política para eliminarla del juego político fue Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Tiene ya 13 causas judiciales avanzadas y una en el estadio de juicio oral. Sus principales ministros están privados de la libertad y constituyen, según los partidarios de la expresidente, “presos políticos”.

Existen serias evidencias sobre la red de corrupción que habría creado Néstor Kirchner y que benefició a CFK y a sus hijos y allegados; ella y su hijo Máximo tienen fueros que los protegen (senadora y diputado respectivamente). Las evidencias incluyen las decisiones de jueces que procedieron bajo órdenes de CFK (el juez Oyarbide archivó el juicio por su enriquecimiento ilícito). Bajo la presidencia de CFK se denunció la forma en que los jueces adictos la protegían mientras acosaban a los opositores; el argumento que hoy emplea se puede volver en su contra.  El testimonio de su contador arrepentido ha sido demoledor. Lo mismo hizo el chofer que recogía millones de dólares en efectivo de diversas empresas para llevarlos a la Quinta Presidencial y al departamento del matrimonio Kirchner; los cuadernos del chofer son abrumadores.  

EL PAPA ENTRA A TALLAR

Un personaje que sufrió los rigores del matrimonio Kichner cuando fue arzobispo de Buenos Aires fue el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. La rápida conversión de Cristina supero las dudas que plagaron su felicitación cuando fue elevado al trono de Pedro. Escogió congratularse de que hubiese sido elegido “un papa latinoamericano”. (¡¿!?) Después fue recibida en siete oportunidades por Francisco, en manifiesta utilización de su imagen política favorable.

El 6 de junio pasado, Cristina envió un tweet señalando alborozada la posición de Francisco en relación con el law fare que era, exactamente lo que ella había venido postulando: se trata de una persecución política a través de pretextos judiciales. La utilización política de CFK es clara; lo que dijo el papa no lo es. El pronunciamiento papal es propio de un jesuita que, es, además, sumo pontífice. Puede interpretarse en cualquier sentido pues está cargado de ambigüedades y sutilezas solo aptas para expertos (Puede verse completo en You Tube).

 Cabe mencionar que el pronunciamiento sobre el law fare fue realizado durante una reunión de jueces latinoamericanos a la que asistió Eugenio Zaffaroni,  postulado por CFK como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La postulación fue contraria a las normas de la OEA, a pesar de lo cual fue elegido por la Asamblea General (Ver CARETAS ed. 2378, 26/3/2015).

La pelea electoral en curso en Argentina incluye como objetivo de la expresidente la anulación de sus causas por corrupción. Francisco, en este sentido, puede haber hecho un aporte.