El procedimiento con el cual se otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori tiene varias interrogantes.
El procedimiento con el cual se otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori tiene varias interrogantes.
Edición 2520: Viernes, 29 de Diciembre de 2017

Indulto Humanitario

Por: Luis F. Jiménez | PPK abre sensible frente internacional por negociar la impunidad de Fujimori.

El procedimiento con el cual se otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori tiene varias interrogantes.
El procedimiento con el cual se otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori tiene varias interrogantes.

La decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de conceder el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori por razones humanitarias ha sido atacada desde diversos frentes. Uno de ellos es el anunciado recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se pronunció en los casos de Barrios Altos y La Cantuta y consideró que el Grupo Colina, actuando al amparo del ex presidente, había cometido crímenes de lesa humanidad.

El recurrente ante la Corte IDH, Carlos Rivera del IDL, anunció que buscará que ese organismo examine la procedencia del indulto y de la aplicación de la gracia presidencial en casos de tan graves consecuencias para la vigencia del sistema interamericano de derechos humanos por el correlato de impunidad que estas medidas representan al eliminar la pena aplicada a Fujimori (25 años de prisión) y cancelar la posibilidad de investigar y sancionar nuevas violaciones. Rivera espera que la Corte decida anular la medida. Ello ocurrió con las leyes de punto final y obediencia debida en el caso de Argentina.

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El punto álgido es impedir o permitir la impunidad de crímenes gravísimos. La gravedad de estos delitos exige que el indulto pueda proceder en casos muy específicos regulados por la legislación nacional. Este punto deberá ser examinado por la Corte IDH.  Puede adelantarse, sin embargo, que la constitución nacional prohíbe conceder el indulto a los responsables de los delitos de secuestro y extorsión y decidir si los crímenes de lesa humanidad pueden ser asimilables a ellos.

Post en Facebook de Kenji Fujimori.
Post en Facebook de Kenji Fujimori.
El indulto humanitario debe recibir, además, un tratamiento institucional que en este momento se debate si fue realmente aplicado. El renunciante director general de derechos humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, ha indicado que se omitieron aspectos de trámite y de sustancia. Ello provocó su renuncia, así como la de otros colaboradores de ese ministerio. Se indicó que la Junta Médica formuló recomendaciones que correspondía realizar a la Comisión de Gracias Presidenciales.

El procedimiento, además, ha sido calificado de “express” por la rapidez que con que se  procesó la solicitud de Fujimori del 11 de diciembre pasado. Se señaló también que las dolencias que fundamentan la decisión presidencial “carecen de un mínimo de verosimilitud” y son frecuentes en personas de la edad de Fujimori. La decisión del presidente PPK, por tanto, ha sido apresurada y no ha cumplido con el procedimiento aplicable al indulto que contempla la participación de los representantes de las víctimas en ese procedimiento, la designación de médicos que las representen en la Junta Médica y la transparencia que debe rodear a todo el procedimiento.

Nada de esto ha ocurrido pues hasta el propio abogado defensor de PPK en el Congreso, el doctor Alberto Borea, señaló que nunca fue informado que se estuviera considerando en paralelo un indulto para Alberto Fujimori a lo cual él se hubiese opuesto.

El recurso a la Corte IDH debe también considerar que el presidente peruano, en función de sus facultades, ha decidido aplicar la gracia presidencial impidiendo con ello la investigación y sanción futura de cualquier otro delito cometido por Alberto Fujimori en el ejercicio de sus funciones. Esto es gravísimo pues se encuentra avanzada la investigación en el caso Pativilca y existe, además, una acusación fiscal a Alberto Fujimori por el secuestro agravado del general Jaime Salinas Sedo y los oficiales que el 13 de noviembre de 1992  buscaron restaurar el orden constitucional y fueron detenidos y sus derechos humanos vulnerados, delitos por los cuales podría ser condenado.

El proceder del presidente PPK en este caso, coloca al Perú fuera del orden jurídico hemisférico que viene luchando por evitar la impunidad ante los crímenes gravísimos que han enlutado a América Latina. En El Salvador acaba de acusarse a uno de los responsables del asesinato de los ocho jesuitas después de casi 20 años de investigaciones; en Argentina, en los mencionados casos de las leyes de obediencia debida y punto final se consideró necesario dejarlas sin efecto, por decisión de la Corte IDH, para evitar la impunidad.

El indulto y aplicación de la gracia presidencial a Fujimori implicaría, en los hechos, un desconocimiento de la obligatoriedad del Estado de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, en este caso, los crímenes cometidos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Observadores calificados sostienen además que, de la secuencia de los acontecimientos, puede deducirse que se logró impedir el procedimiento de vacancia del presidente por parte de partidarios de Fujimori a cambio de conceder el indulto a este. Someter un asunto tan grave como es la impunidad por delitos de lesa humanidad en una transacción política es dejar la puerta abierta a los más graves abusos. Ello deberá ser tomado en cuenta por la Corte IDH.

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