Óscar MedranoAsistieron los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), tres del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay). Además de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá de América Central, más tres Estados caribeños: Jamaica, Santa Lucía y Barbados. A ellos se sumó Canadá.
Asistieron los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), tres del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay). Además de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá de América Central, más tres Estados caribeños: Jamaica, Santa Lucía y Barbados. A ellos se sumó Canadá.
Edición 2499: Jueves, 3 de Agosto de 2017

Cancilleres firmaron la Declaración de Lima

Escribe: Luis F. Jiménez | Diplomáticos reunidos en Torre Tagle llegaron a 16 acuerdos para hacer frente a la grave crisis que atraviesa Venezuela

Óscar MedranoAsistieron los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), tres del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay). Además de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá de América Central, más tres Estados caribeños: Jamaica, Santa Lucía y Barbados. A ellos se sumó Canadá.
Asistieron los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), tres del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay). Además de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá de América Central, más tres Estados caribeños: Jamaica, Santa Lucía y Barbados. A ellos se sumó Canadá.

 

La reunión de cancilleres realizada en Lima el 8 de agosto pasado, convocada por el canciller peruano Ricardo Luna, reflejó las preocupaciones expresadas desde el inicio de su gobierno por el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre la grave situación que afecta a Venezuela.

Asistieron los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), tres del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay). También asisten de América Central Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá a los cuales se agregan tres Estados caribeños: Jamaica, Santa Lucía y Barbados. A ellos se suma Canadá (15 países).

El canciller de Uruguay asistió pero se retiró a la hora debido a las profundas divisiones en el gobernante Frente Amplio, fisurado por la exclusión de Venezuela del MERCOSUR.

Cabe notar la ausencia de Estados Unidos que es una pieza clave en lo que respecta a la adopción de sanciones y pronunciamientos sobre democracia y derechos humanos. Se mencionó que se habría buscado evitar que esta reunión fuera atacada por el gobierno venezolano al considerarla como parte de una confabulación de EE.UU. contra él; también se pensó en el fuerte rechazo que provoca Donald Trump en América Latina.

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También están ausentes los países afines al gobierno venezolano: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Un signo positivo es la presencia de tres Estados caribeños que forman parte del CARICOM que había estado actuando en bloque defendiendo las posiciones del gobierno de Venezuela.

La Declaración de Lima, leída al inicio de la conferencia de prensa, es un esfuerzo importante para alcanzar consensos sobre medidas específicas para incidir sobre la crisis venezolana. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela es la piedra fundamental sobre la que se asienta el conjunto del texto que sigue con el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y de los actos que de ella emanen, por considerarla ilegítima.

De estas afirmaciones se deriva el reconocimiento de la Asamblea Nacional como el órgano de verdadero origen democrático y el desconocimiento de las medidas que sean adoptadas sin su aprobación, exigida por la Constitución vigente. Este aspecto es clave pues en esa categoría de actos se encuentran la ley de endeudamiento externo y las concesiones de explotaciones energéticas o mineras que tanto interés despiertan en China y Rusia.

 (Foto: ÓSCAR MEDRANO)
(Foto: ÓSCAR MEDRANO)

Los Estados reunidos también condenaron “la violación sistemática de los derechos humanos,  la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres”.  También manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria que afecta Venezuela y condenaron “al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas”.

Los Estados asistentes, se comprometieron a realizar “un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en esos países”. Manifestaron que la próxima reunión se realizaría con motivo de la Asamblea de las NNUU, ocasión en la que podría sumarse otros países.

Expresaron su decisión de continuar con la aplicación de la Carta Democrática cuyo única medida adicional podría ser la suspensión de Venezuela como Estado miembro de la OEA, medida carente de sentido ante el retiro de la Organización que ha decidido el país afectado.

La Declaración de Lima manifestó “su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.”

Se esperaba la reacción del gobierno venezolano y sus aliados que estaba reunidos en Caracas.

Los cancilleres de los países del ALBA, reunidos en Caracas el mismo martes 8, expresaron su apoyo al gobierno venezolano y saludaron a la Asamblea Constituyente. Rechazaron las sanciones de EE.UU. contra autoridades venezolanas y “los ataques de la derecha nacional e internacional,” en los mismo términos que los empleados por el gobierno de Nicolás Maduro. La división hemisférica es profunda. 

¿CÓMO SE GESTA?                                            

Esta invitación sigue a la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (RC), también propuesta por Perú en el marco de la Carta de la OEA, que quedó instalada el 31 de mayo de 2017 (XXIX RC).

Las divisiones entre sus integrantes ha impedido que la RC adopte decisiones sobre pronunciamientos y, menos aún, sobre medidas para asistir en la solución de los graves problemas creados por la crisis venezolana. Igual situación ha afectado a la Asamblea General de la OEA.

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El empeoramiento de la situación en Venezuela, acelerada con la instalación de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, ha provocado fenómenos migratorios y amenaza con tener graves repercusiones económicas y de política internacional en el hemisferio.

Ello motivó la invitación de la cancillería peruana para abordar estos delicados problemas en un ámbito de relativa informalidad en la búsqueda de consensos sobre medidas que les permitan encausar la solución de los problemas venezolanos a través del diálogo y la negociación entre las partes que, debido a la extrema polarización de la situación interna, parece difícil de lograr sin alguna forma de cooperación externa.

LAS DISCREPANCIAS Y EL PARÁLISIS

Las posiciones en el hemisferio difieren marcadamente y provocan la parálisis. Un grupo de países considera que se ha producido en Venezuela una destrucción sistemática de la institucionalidad democrática, afectando los derechos humanos cuya vigencia ha sido proclamada oficialmente por la Organización.

La posición del gobierno venezolano es que se encuentra bajo el ataque de sectores políticos que, apoyados por potencias extrajeras, se oponen a la construcción del modelo socialista de sociedad decidido por el pueblo venezolano. Según el gobierno, ese ataque incluye medidas económicas y financieras que han provocado graves consecuencias sobre las condiciones de vida de la población.

Estas divergencias, traducidas a la estructura jurídica de la OEA, provoca que unos Estados consideren que la democracia y los derechos humanos constituyen imperativos a los cuales deben adaptarse los gobiernos. El gobierno de Venezuela, por su parte, sostiene que sus acciones están protegidas por el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA. Este argumento ha sido reforzado por una red de vínculos económico y, especialmente, energéticos que le permiten contar con los votos de los países beneficiarios que bloquean los acuerdos.

Debe señalarse que, a través de la historia hemisférica, todas las dictaduras se ampararon en el principio de no intervención para violar los derechos humanos y destruir la institucionalidad democrática.

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