Coraje democrático.
Coraje democrático.
Edición 2495: Jueves, 6 de Julio de 2017

Venezuela: Donde Más Duela

Escribe: Luis F. Jiménez | El país se acerca al “mar de sangre” mencionado por PPK.

Coraje democrático.
Coraje democrático.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por el peruano Francisco Eguiguren, realiza del 3 al 7 julio su 163 Período  Extraordinario de Sesiones  en el hotel Meliá de Lima. Los temas en las 18 audiencias públicas son sobre situaciones de derechos humanos en Colombia, México, Argentina y Ecuador. Pero Venezuela se lleva la mayor parte de la atención. El jueves 6 se tratará a puerta cerrada la audiencia sobre violaciones a los Derechos Humanos en ese país, donde se espera la presencia del presidente de la asamblea, Julio Borges.

La premonición del presidente peruano Pedro Pablo Kuszinki (PPK) va camino a cumplirse: Venezuela se acerca a “un mar de sangre” después de casi 100 días de protestas ininterrumpidas, 90 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.

Los Estados de la OEA, al fracasar la sesión de la Reunión de Consulta de Cancilleres (RC) y la Asamblea General en Cancún para abordar la crisis venezolana, necesitan adoptar medidas que confronten la hecatombe política, social y humanitaria que asola al país que fuera uno de los más democráticos, ricos y solidarios del hemisferio.

¿Qué hacer para evitar que empeore lo que es ya una tragedia de dimensiones nunca vistas en América? Se propone aquí involucrar a Jefes de Estado y de Gobierno para decidir acciones sobre Venezuela y quizá convocar una Cumbre Hemisférica con este objeto.

Resumiremos aquí los elementos de la crisis venezolana para identificar medidas que permitan superar la violencia y fortalecer la democracia:

1) La dinámica de los acontecimientos indica que el diálogo y negociación no han prosperado; la decisión del régimen de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente (AC) revela que busca instituir un régimen autoritario y eliminar, desde lo jurídico, cualquier traza de democracia.

Esta AC “comunal” fue convocada sólo por Maduro, sus integrantes serán designados por su régimen y substituirá a las instituciones que la constitución estableció para preservar el juego democrático. Se opone a la AC el 85% de la población. Ello ha provocado fracturas entre quienes apoyan el régimen, la más notoria de los cuales es la Fiscal General. Observadores esperan que la fractura llegue a la Fuerza Armada. Con ello estaríamos a las puertas de una guerra civil.

2) Si el objetivo de la comunidad hemisférica es evitar la violencia y restituir la democracia, debe insistirse en el diálogo y la negociación para superar la polarización de la sociedad venezolana. La polarización indica que sólo una instancia internacional permitirá acercar a las partes –gobierno y oposición- para negociar. La OEA sigue siendo el mejor instrumento para lograrlo.

3) El fracaso de los intentos de diálogo reveló que el gobierno esperaba ganar tiempo para que un improbable aumento del precio del petróleo lo ayudara a preservar y acrecentar su poder. La enseñanza es que el diálogo y la negociación, con ser necesarios, no son suficientes para alcanza la meta democrática y pacífica.

4) ¿Qué faltó? Que el gobierno venezolano se viera en la necesidad de negociar. La instancia internacional debe crear esa necesidad y asumir un papel de mediador entre las partes y no sólo de “acompañante”. Ello significa que, en la búsqueda de una solución pacífica y negociada para reforzar la democracia, la instancia internacional debería poder adoptar decisiones obligatorias para las partes.

En su momento consideramos que esta instancia podía ser la RC; Cancún demostró que falta algo más que los 20 países de la OEA que propusieron una solución pacífica y negociada, aunque ellos representen el 93% de la población y el 96% del PBI de la región. La democracia tiene sus requerimientos específicos y los votos definieron que no era el momento de actuar para la OEA.

5) En medio del torbellino de condicionantes que esterilizaron la decisión de la RC (Petrocaribe, deudas impagas y perdonadas por Venezuela, etc.) hubo un condicionante clave que estuvo ausente: Rex Tillerson, secretario de estado de EE.UU. Su ausencia, con el debilitamiento de la posición de los 20 países que implicó, facilitó el “triunfo diplomático” de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Esto es un hecho objetivo que cualquier diplomático reconoce.

6) ¿Porqué es clave Tillerson? Porque a) El secretario de estado personifica las decisiones de política exterior de Estados Unidos. b) Fue, durante diez años, el CEO de ExxonMobil, y conoce como pocos en el mundo la incidencia del petróleo en la conducta de los gobernantes. c) Dirigía Exxon cuando fue nacionalizada por Hugo Chávez y estuvo involucrado en las tratativas con Guyana sobre los yacimientos petroleros en la zona del Esequibo, reclamada por Venezuela. d) Recibió de Vladimir Putin (principal apoyo político de Maduro) la medalla a la Amistad con Rusia.

Tillerson, secretario de Estado de EE.UU.
Tillerson, secretario de Estado de EE.UU.

Nadie como Tillerson conoce la forma de afectar al régimen de Maduro a través del petróleo. En 2016, EE.UU. pagó a Venezuela en efectivo alrededor de US$ 12 mil millones. El petróleo es el oxígeno de Maduro y Tillerson, mejor que nadie, sabe como apretar esa clavija. Él es quien levaría a Maduro a la mesa de negociaciones.

7) ¿Cómo se logra que EE.UU. ponga sus acciones en línea con sus dichos? Otra vez, PPK nos pone en la ruta. La cancillería peruana avanzó la idea preliminar que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, coordinara las acciones de un grupo de países sobre Venezuela.

Los Estados miembros de la OEA deberían ir más allá de la RC y lograr que sus Jefes de Estado y de Gobierno coordinen acciones –y quizá celebrar una Cumbre Hemisférica- para considerar medidas que permitan resolver la crisis venezolana. Entre esas opciones estaría afectar los ingresos petroleros del régimen de Maduro; el principal protagonista de esas medidas sería EE.UU. y su artificie el secretario de estado.

El objetivo es detener la violencia y restablecer la democracia en Venezuela y evitar, de esa forma, el inevitable y sangriento colapso de la sociedad venezolana. Algo que cualquier gobernante democrático con sensibilidad humanitaria reconoce como el imperativo de la hora.

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MEDIDAS QUE PODRÍA ADOPTAR UNA CUMBRE HEMISFÉRICA 

Llevado Maduro a la mesa de negociaciones, se aplicarían las medidas sugeridas para la RC:  

Leer: La OEA en su Laberinto

  • Lograr que el gobierno venezolano avance en el diálogo con la oposición;  
  • Obtener que los apoyos de Maduro (Rusia, China, Cuba, Irán) ayuden a evitar el colapso de la sociedad venezolana;
  • Emplear los recursos diplomáticos necesarios (asilos) para remover de manera pacífica las resistencias al interior de Venezuela para celebrar elecciones en un plazo prudencial, con supervisión internacional, precedido por un período de sinceramiento político en el cual participe un PSUV democrático.
  • Sentar las bases de una estructura que canalice la ayuda internacional masiva requerida para superar los graves problemas humanitarios, financieros y productivos que afectan a la sociedad venezolana. 

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MADURO vs. ORTEGA

La guerra institucional

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, una estrecha seguidora de Hugo Chávez, fue designada en sus funciones en 2007. Apoyó las posiciones del gobierno  en casos tan controversiales como el de Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión en un juicio carente de las garantías al debido proceso, según expertos en derechos humanos.

Su apoyo a las posiciones gubernamentales cesó el 30 de marzo pasado cuando, a raíz de las dos sentencias por las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) canceló las funciones de la Asamblea Nacional y se las asignó a sí mismo, la fiscal consideró que se había “roto el hilo constitucional”. El enfrentamiento con el Poder Ejecutivo llegó al punto culminante cuando se opuso a la convocatoria de la Asamblea Constituyente por el presidente Maduro. A partir de allí, fue guerra declarada.

El presidente emplea al TSJ en su lucha contra la fiscal. El diputado chavista Pedro Carreño ha presentado una acción contra la fiscal ante el TSJ pidiendo que sea declarada incapaz por “insania mental”; el TSJ le abrió un antejuicio de mérito a la fiscal y considera que en caso de llegar a una sentencia condenatoria podría destituirla de su cargo. Según la Constitución Nacional, solo la Asamblea Nacional puede destituir a la fiscal por lo cual el TSJ cometería una falta grave en caso de destituirla. La audiencia fue fijada para el 4 de julio. EL TSJ, además, congeló sus cuentas y le prohibió la salida del país.

Otra medida adoptada por el TSJ, modificando indebidamente la Constitución, ha sido eliminar de las funciones de la fiscalía (Ministerio Público) facultándola a adoptar medidas contra los funcionarios que considere implicados en violaciones a los derechos humanos; el TSJ le asignó tales funciones al Defensor del Pueblo. Otra contravención constitucional.

Basándose en sus facultades constitucionales, la fiscal ha acusado al director de la Guardia Nacional Bolivariana, general Benavidez Torres, de haber cometido violaciones “reiteradas y sistemáticas” de los derechos humanos al reprimir las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición. Citó al general Benavidez a una audiencia para el 7 de julio.

Iguales acusaciones formuló el Ministerio Público contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, general Gustavo González López, quien es considerado cercano al diputado y jefe del ala dura del chavismo, Diosdado Cabello. Maduro ascendió al general González.

El vicepresidente de Venezuela, Tarek al Aisami, acusó a la fiscal de estar dirigiendo un golpe de estado en concierto con la oposición. La fiscal, ante el acoso que sufre ella, su familia y los funcionarios del Ministerio Público, solicitó medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Expertos en derecho constitucional consideran que las medidas adoptadas por el TSJ contra la fiscal son jurídicamente nulas y, junto con las acciones promovidas por ella contra los generales mencionados, constituirían antecedentes importantes si se decidiera accionar contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Venezuela es Estado parte en el Tratado de Roma cuyo artículo 7 contempla sanciones contra los jefes de Estado involucrados en violaciones a los derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad.

Hace la impresión que Nicolás Maduro no tiene clara conciencia de la magnitud del problema en el que está metido. Él mismo se enterró un poco más cuando afirmó, días atrás, que “lo que no logremos por los votos, lo lograremos por las armas”. (LJ)

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