Edición 2484: Jueves, 20 de Abril de 2017

MARACANAZO

Ocho ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer, 12 de los 27 gobernadores del Brasil, casi un centenar de congresistas y los cinco expresidentes brasileños vivos: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inacio Lula y Dilma Rousseff en la lista Fachín de sospechosos.

El continuo terremoto político que vive Brasil a raíz del caso Odebrecht seguirá trayendo su onda expansiva al Perú (ver recuadro).

La lista Fachin –llamada así por el juez Edson Fachin, quien reemplazó al trágicamente fallecido Teori Savascki– se hizo pública con 9 ministros del actual presidente Michel Temer, 29 senadores y 42 diputados. Todos acusados de actos de corrupción.

Pero no solo el actual gobierno se encuentra jaqueado. Las administraciones de Lula da Silva y Dilma Rousseff se complican cada vez más. El diario Fohla de Sao Paulo publicó el martes 18 que el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘El italiano’, se encuentra en negociaciones con la Justicia de ese país para acogerse a la delación premiada.

Palocci fue un funcionario clave de los gobiernos del Partido de los Trabajadores entre el 2003 y 2011. Como ha venido ocurriendo, y quedó claramente demostrado en el caso de Marcelo Odebrecht, la cárcel es un factor determinante para impulsar la colaboración. Palocci está preso desde septiembre del año pasado.

Su testimonio sería especialmente relevante para el desarrollo del caso en el Perú. Ya Jorge Barata –ex ejecutivo de la constructora brasileña en el país– y el propio Odebrecht han confirmado que “aportaron” US$ 3 millones a la campaña de Ollanta Humala en el 2011.

El ex presidente lo ha negado todo. Pero Palocci podría complicarle más la vida. El ex ministro tuvo disponibilidad de una presunta planilla del llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, el de las coimas, y según las investigaciones del Ministerio Público, de allí habría salido la plata para Humala.

El dato no es menor.

Hasta ahora, Humala no solo niega que él y su esposa Nadine Heredia hayan recibido los millones. También ha recordado, como quien se cura en salud, que él no era funcionario público al momento del supuesto episodio.

Heredia vio un vuelco en su propio caso por los manejos irregulares de la campaña, pues el Poder Judicial levantó las medidas restrictivas a ella y su entorno, por lo que podría salir del país para asumir su puesto en la FAO.  

Fiscal de la Nación Pablo Sánchez firmó Acuerdo de Brasilia en febrero, que permite investigaciones coordinadas.
Fiscal de la Nación Pablo Sánchez firmó Acuerdo de Brasilia en febrero, que permite investigaciones coordinadas.

El presidente del Poder Judicial peruano, Duberlí Rodríguez, había hecho declaraciones en el sentido que observaba diferencias entre los casos de Humala y Alejandro Toledo (ver nota aparte). Estas fueron interpretadas como “exculpatorias” por los congresistas Héctor Becerril (FP) y Víctor Andrés García Belaunde (AP).  

Rodríguez insiste en que no tiene por qué emitir opinión. “Lo que yo he dicho es que para solicitar prisión preventiva, los fiscales tienen que respetar el artículo 158 del CPP. Cuando se tienen testimonios, solo con otras pruebas que los corroboren se podrá imponer medidas coercitivas. Es absolutamente claro y cuando hago alusión a ello es porque tengo que atenerme al estado de derecho”.
Y añade que “la cosa es bien sencilla. ¿Quiénes incurren en delitos de corrupción? Solo funcionario o servidor público. Un particular comete delitos comunes: asociación ilícita, estafa, defraudación tributaria, lo que fuera. Si una persona es todavía candidato no se le puede atribuir delito de corrupción.

Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht. Derecha, Palocci, exministro que sabe demasiado.
Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht. Derecha, Palocci, exministro que sabe demasiado.

Al señor Humala lo están investigando por lavado de activos, que es un delito común. Y a veces el lavado de activos tiene como delitos fuentes los de corrupción. Si la fiscalía construye que hay elementos y pasa la valla del artículo 158 el juez tomará la decisión que corresponda. Es una hipótesis que tendría que trabajar el MP pero no desde la óptica de delitos de corrupción”.

El penalista Luis Lamas Puccio concuerda. “En el caso del señor Humala la situación se encuentra dificultada no tanto por la donación, que algunos denominan soborno, porque evidentemente no hay leyes que califiquen de delito penal el aporte a una campaña política, y él tampoco era funcionario. El punto realmente más dificultoso si esto se configuraría o no como un delito de lavado de activos”. Y recuerda que “el Departamento de Operaciones Estructuradas tenía como objetivo pagar coimas”.

Juez Edson Fachin soltó lista bomba que compromete a 9 ministros de Michel Temer.
Juez Edson Fachin soltó lista bomba que compromete a 9 ministros de Michel Temer.

La hipótesis de la “coima adelantada” tendría que encontrar evidencias con proyectos desarrollados en el gobierno de Humala. Nada indica que hayan aparecido. Pero si Palocci, que hasta ahora había negado a admitir su papel, se decide por cantar, las implicancias para el expresidente serían directas en lo referente a la procedencia del dinero.

COLABORACIÓN CONTINUADA
¿Cuánto le serviría al Perú lo encontrado en Brasil, dado que la empresa Odebrecht se encuentra prácticamente en proceso de retirada del país y considera que no ha recibido de parte del gobierno el mismo trato por colaborar como el que tuvo en otros países?

Dice que su campaña no recibió los millones. Pero añade que no era funcionario.
Dice que su campaña no recibió los millones. Pero añade que no era funcionario.

Hasta ahora, los términos del acuerdo preliminar que firmó la Fiscalía y la empresa se mantienen en reserva. Pero se sabe que el Ministerio Público del Perú se encuentra entre los firmantes del Acuerdo de Brasilia suscrito el 16 de febrero entre 11 países, que acuerda términos de investigación conjuntos en el caso Lava Jato, y que además alude a la Convención de Mérida contra la corrupción de Naciones Unidas.

A ello se añade que, el lunes 17, durante su intervención en la comisión parlamentaria que investiga el caso, la gerente legal de Odebrecht, Lourdes Carreño, confirmó que seguían colaborando con el Ministerio Público. Fue todo lo que reveló, pues no respondió a ninguna de las interrogantes de los indignados congresistas.


Los Inculpados

Lava Jato: Corte Suprema de Brasil abre proceso contra cerca de 100 políticos brasileños en base a la confesión de Odebrecht.

La Corte Suprema de Brasil decidió esta semana crear “un grupo de asesoría especializada” para acelerar los procesos relacionados con la operación Lava Jato, que investiga a casi un centenar de políticos aforados por su implicación, entre otros, en la trama corrupta destapada en la estatal Petrobras.

“Se trata de un grupo de asesoría especializada para reforzar el trabajo y dar prioridad a los procesos relacionados con la operación Lava Jato”, confirmaron a Efe fuentes del Tribunal Supremo.
La decisión fue tomada por el magistrado Edson Fachin, instructor en la máxima corte de Justicia del caso Petrobras, y la presidenta del órgano, Carmen Lucia Antunes, durante una reunión que tuvo lugar este lunes.
No obstante, esas mismas fuentes indicaron que aún no se tiene conocimiento ni cuántas ni qué personas integrarán ese núcleo de trabajo, que estará enfocado exclusivamente en agilizar las 113 investigaciones y cinco juicios ya abiertos relacionados con el caso Petrobras que tramitan en ese órgano.

El número de investigaciones aumentó notablemente después de que la Corte Suprema anunciara el martes pasado que autorizaba la apertura de 76 investigaciones contra casi 100 políticos con fuero privilegiado con base en las delaciones de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht, que participó de las corruptelas en la petrolera.

Entre los investigados están ocho ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer, que pese a ser citado no será investigado por la inmunidad de su cargo para hechos ocurridos antes del inicio de su mandato, y casi un centenar de parlamentarios de más de diez partidos políticos.

En la larga lista de sospechosos también están 12 de los 27 gobernadores del país y los cinco expresidentes brasileños vivos- José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).

La divulgación de los testimonios de Odebrecht, que estaban bajo secreto de sumario, se produjo un día después de la apertura de investigaciones y revelan, además de la financiación ilegal de campañas, “favores” en dinero para “retribuir” la obtención de obras públicas o la aprobación de leyes que favorecían a esas empresas.

Según desveló el exdirectivo Hilberto Mascarenhas en su declaración a la Justicia, el grupo Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, pagó 3.370 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2014.         

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