Edición 2598: Viernes, 12 de Julio de 2019

¿Casar a la Señora K?

Escribe: Escribe: Fernando de la Flor Arbulú* | ¿Qué hará la Corte Suprema en este caso en el que la Fiscalía Suprema y Keiko están de acuerdo?

La casación es un recurso legal extraordinario que permite que la Corte Suprema revise una controversia por consideraciones jurídicas excepcionales.

La idea de la casación es que cualquier caso no llegue a la Suprema sino que termine en segunda instancia, después del pronunciamiento de un juez. Así queda cumplida la garantía de la doble instancia constitucionalmente establecida. Esto cuando se trata del fondo de los procesos, pues cuando se examinan medidas cautelares (especie de expedientes derivados, o dicho en fácil, de ramas de un árbol), la exigencia para recurrir en casación ante la Corte Suprema es aún mayor.

Recordemos: cuando se dictó la orden de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala, este interpuso casación y la Corte Suprema se la denegó. Simplemente la declaró inadmisible. Para dicha decisión, la Suprema aplicó lo establecido en la ley: para el caso de medidas cautelares (la prisión preventiva lo es), todo queda resuelto en la Corte Superior. Humala entonces tuvo que plantear una acción de habeas corpus para que el Tribunal Constitucional (TC), ordenase su liberación.

En el caso de la tan comentada casación de Keiko Fujimori han ocurrido cosas inusuales jurídicamente hablando. Primero, se le concedió el recurso sin más trámite; decisión radicalmente distinta a la adoptada por la misma Corte sobre Ollanta Humala. No obstante tratarse de casos semejantes, hubo pronunciamientos opuestos: ¿no era que la justicia ciega, con venda en los ojos, trata a todos por igual?; y ¿dónde queda la predictibilidad de las resoluciones judiciales?

Pero, sin duda, lo más sorprendente es la actitud del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien como representante del Ministerio Público y guardián de la legalidad, le ha pedido a la Corte Suprema que anule la prisión preventiva de Keiko Fujimori y ordene su inmediata libertad. Dicho de otra manera, el mencionado fiscal, contrariando lo actuado en todo el proceso, ahora, coincide con la propia imputada y solicita que se le deje en libertad.

Difícil que la ciudadanía entienda este despropósito, más aún si se tiene en cuenta que dos jueces supremos integrantes de la Sala para resolver el caso han tenido que apartarse por su vinculación con la organización criminal Los Cuellos Blancos; a diferencia del fiscal Rodríguez Montenza, quien a pesar de estar relacionado también, se ha mantenido en el puesto.

Pero ¿qué hará la Corte Suprema en este caso en el que ambas partes, la Fiscalía Suprema y Keiko Fujimori, están de acuerdo y, por tanto, no hay controversia?

Pues debiera aplicar el control de legalidad y avocarse a resolver si ratifica la prisión preventiva (casarla o no), ya que se trata de un asunto de derecho (no solo de interés) público. Debiera examinar el pronunciamiento del juez, confirmado por la Corte Superior, incluyendo los argumentos de la propia Keiko Fujimori y su nuevo defensor, el fiscal supremo Rodríguez Monteza.

*Abogado y fundador del Foro Demócratico