Edición 2568: Miércoles, 5 de Diciembre de 2018

Conducta Uruguaya

Escribe: Fernando de la Flor Arbulú * | “Uruguay liberó a un par de terroristas del MRTA a cambio de la libertad de su embajador".

El 17 de diciembre de 1996, el mundo fue remecido por un acontecimiento ocurrido en el Perú: un grupo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tomó la Embajada del Japón en Lima.

Fueron más de ochocientos los secuestrados por dicho grupo terrorista. La historia, que ha dado lugar a varios libros y algunas películas, por la espectacularidad de lo sucedido, es bastante conocida.

Pero algo que no debiéramos olvidar los peruanos es el comportamiento que, como país, tuvo el Uruguay frente a dicha dramática situación. Uno de los embajadores secuestrados, entre otros presentes en el ágape, fue precisamente el del Uruguay. Su nombre: Tabaré Bocalandro Yapeyú. A los pocos días de la toma, los terroristas liberaron, solo, al mencionado embajador uruguayo. La decisión, sin embargo, no fue gratuita.

Resulta que el gobierno del Uruguay liberó a un par de terroristas del MRTA que estaban detenidos en Montevideo y listos para ser extraditados al Perú, a cambio de la libertad de su embajador retenido en la residencia del Japón en Lima.

Hago este recuerdo porque con la decisión adoptada por el Uruguay denegando el asilo político a Alan García, digamos que se ha producido una especie de resarcimiento o reparación por la inconducta que conllevó el lamentable acontecimiento reseñado.

El propio presidente Tabaré Vásquez se ha encargado de hacer la pública declaración negando el asilo y, al hacerlo, ha manifestado que en el Perú existe separación de poderes.

En efecto, seamos claros: en el país hay un sistema democrático, imperfecto es verdad, pero en plena vigencia, donde hay irrestrictas libertades para opinar y expresarse, sin que se persiga o acose a nadie por razón de sus ideas políticas o creencias de cualquier naturaleza.

Alan García lo ha dicho en repetidas oportunidades: cada vez que ha sido citado a alguna diligencia judicial en los varios procesos que se le han iniciado, ninguno de los cuales reviste carácter político o ideológico, ha gozado de plenas garantías para defenderse, presentar pruebas y negar imputaciones.

No se le ha restringido ninguno de sus derechos en caso alguno, de manera que mal puede invocar que es un perseguido político.

Por eso exactamente es que el Uruguay, reconociendo que en el Perú hay un gobierno democrático que no hubiese merecido la humillante afrenta de ser desconocido como tal ante el mundo, reivindicándose ante la historia e interpretando cabalmente el derecho internacional, ha denegado el asilo político a Alan García.

*Abogado y fundador del Foro Demócratico

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