Edición 2538: Jueves, 10 de Mayo de 2018

Jalón de Orejas

Escribe: Fernando de la Flor Arbulú * | “Si bien es verdad la justicia debe ser rápida, no lo puede ser tanto que resulte irracional”.

La reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), revocando la prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala, es una severa llamada de atención al juez Richard Concepción Carhuancho. Resulta preocupante, por eso, que el mencionado magistrado haya declarado que no se ha sentido aludido.
En efecto, la sentencia sostiene que un juez no puede –léase no debe– al comenzar una investigación penal, en el marco de una audiencia preliminar, afirmar que el imputado ha cometido un delito, dando como un hecho aquello que debe ser demostrado. El TC es categórico en indicar que dicho señalamiento, además de excesivo, deviene inconstitucional porque viola el principio fundamental de la presunción de inocencia. Adviértase que en el caso de Ollanta Humala aún no existe acusación fiscal, es decir, que todavía no se ha tipificado la conducta reprobada o el delito cometido como para que el juez se permita una aseveración de la envergadura que ha realizado.

El TC, de otro lado, señala que al juez no le corresponde evaluar la suficiencia de un recurso de apelación, reparando en eventuales errores de hecho o de derecho que pudiesen haberse cometido. Esa calificación le corresponde a la segunda instancia. Recuérdese, a este respecto, que el juez Concepción Carhuancho denegó las apelaciones de dos de los empresarios de la construcción peruanos vinculados al caso Odebrecht, porque, en su opinión, no reunían los requisitos formales legalmente exigidos. Esa conducta reprochable, según el TC, afecta directamente el principio de la doble instancia.

Si bien es verdad la justicia debe ser rápida, no lo puede ser tanto que resulte irracional. El plazo razonable se vulnera si es que las actuaciones judiciales se hacen en tiempos excesivamente cortos, que no permitan a las partes hacer valer sus derechos. En este sentido, la sentencia del TC afirma que no es de justicia que se lleven a cabo sesiones de más de 18  horas seguidas, llegando hasta la madrugada, pretendiendo que se ejerza, en tales condiciones, una defensa legal idónea, como aquellas que realizó el juez Concepción Carhuancho, transmitidas por televisión, en directo, a nivel nacional.
Porque claro, en el Perú, somos de extremos: justicia que demora años en resolver casos y casos que se resuelven en horas.  

Ese fenómeno, que se dio en llamar la prisión del espectáculo, es lo que el TC ha señalado que no se haga precisamente para evitar la banalización de la justicia. Y en esto hay que ser tajantes: la lucha contra la corrupción no debe implicar afectar derechos constitucionales.

*Abogado y fundador del Foro Demócratico

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