Edición 2529: Jueves, 8 de Marzo de 2018

Lavando la Ley

Escribe: Fernando de la Flor Arbulú *| “La Corte Suprema ha establecido que el lavado de activos es un delito autónomo”.

A propósito del delito de lavado de activos, que el  caso Odebrecht se ha encargado de poner de moda, se suscitó un debate entre fiscales y jueces.

Como los medios de comunicación han venido tratando el tema con frecuencia, quisiera ser didáctico para que se entienda qué se ha discutido y cómo la Corte Suprema ha zanjado la controversia.

Hay un principio universalmente aceptado: no hay delito sin ley. Para que a alguien se le acuse, se le enjuicie y se le condene, es indispensable que la conducta cuestionada se encuentre expresamente calificada como delito. Si no es así, no es posible ningún proceso ni sanción. Se llama principio de legalidad. De allí la importancia del Congreso como creador de buenas leyes. 

Ahora bien, la ley dice que el lavado de activos es un delito autónomo. Sin embargo, para que se ingresen al sistema dineros mal habidos, o sea,  para lavarlos, es necesario que haya un delito previo (o fuente). La ley también los relaciona específicamente: delitos de defraudación tributaria, robo, trata de personas, contra la administración de justicia, entre otros, y agrega: “… o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales…”

Llamo la atención de lo siguiente: la lista de los delitos que pueden dar lugar al lavado de activos y la generalidad del último párrafo. 

El pronunciamiento de la Corte Suprema ha establecido básicamente dos cosas: que el lavado de activos es un delito autónomo que no requiere el juzgamiento anterior del delito previo (el que originó los bienes a blanquearse) y, luego, que la relación de los llamados delitos fuente (antes mencionados) es meramente referencial.

Advierto, sin embargo, un serio problema respecto de este segundo alcance de lo resuelto por la Corte y el principio de legalidad, constitucionalmente protegido. Y es que no estando incluido en la lista de los delitos fuente taxativamente señalados, un juez no debiera convertirse en legislador e incorporar como conducta reprochable a aquella no prevista como tal en la misma ley. Dicho de otra manera, no cabe entenderse como delito previo a aquel no incluido expresamente en la relación.

Que la Corte Suprema haya dado efecto obligatorio a su decisión no resuelve, en mi concepto, la afectación al principio de legalidad.

Corolario: inapropiada técnica legislativa, desconcertante disputa entre las autoridades de justicia y una solución final que no es tal. Y hubiera sido tan fácil dar una buena ley.     

*Abogado y fundador del Foro Demócratico

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