Edición 2523: Jueves, 25 de Enero de 2018

Rebelión Judicial

El desconcierto de la ciudadanía debe ser mayúsculo, pero lo más sorprendente es que es justificado. El sentido de la oportunidad o, dicho mejor, la inoportunidad para hacer cosas en el país, explica esta insólita combinación de sentimientos.

Veamos: el presidente de la República tiene la atribución de conceder indultos. PPK se había referido repetidas veces a la situación de Alberto Fujimori. Lo hizo aludiendo a varias figuras (perdón médico) y en distintas ocasiones (en Argentina dijo que habría noticias sobre el tema). Era su derecho. Sucede, sin embargo, que utilizó dicha facultad, inesperadamente, luego de haberse desaprobado en el Congreso la vacancia presidencial por incapacidad moral, contando para ello con una decena de votos fujimoristas.

El inoportuno ejercicio de PPK de la facultad de indultar a Alberto Fujimori, coincidentemente con la denegatoria de su destitución, hace entonces que el desconcierto sea justificado. Es más, la oportunidad (mejor dicho, la inoportunidad) convierte en arreglo lo uno a cambio de lo otro.  Y de allí el descreimiento a las razones humanitarias invocadas.

Pues bien, ahora la explosiva conjugación del desconcierto justificado obedece a la inoportuna decisión del Poder Judicial (el que faltaba para tener el dibujo completo de nuestro lánguido Estado), de trasladar los juicios del caso Lava Jato de la llamada Sala Penal Nacional (SPN) al denominado sistema anticorrupción.

Para hacerlo simple: lo dispuesto por la Corte Suprema implica que el juez Concepción Carhuancho (célebre por “la prisión del espectáculo”, al haber ordenado la detención de expresidentes y conocidos empresarios, siempre en audiencias públicas de varias horas continuas transmitidas por televisión, en vivo y en directo, a nivel nacional), ya no seguirá a cargo de procesar los delitos en los que están involucrados servidores públicos.

Se ha producido una reacción adversa de los magistrados que estaban tramitando dichos casos; una especie de rebelión de jueces. Han aludido a principios constitucionales, como el del juez natural, que no es más que quien empieza debe terminar el juzgamiento. Pero la Corte Suprema ha ratificado que los juicios, aún los en trámite, en los cuales estén involucrados funcionarios públicos, sean conocidos por el sistema judicial anticorrupción.

Luego, surge la sospecha, derivada del desconcierto justificado, de si esta inoportuna medida pudiera constituir un eventual cambio de giro en el juzgamiento a varios servidores públicos de los recientes gobiernos, por los delitos provenientes de los escándalos de corrupción ampliamente conocidos.

*Abogado y fundador del Foro Demócratico

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