Edición 2530: Jueves, 15 de Marzo de 2018

El Gato y la Despensa

Escribe: Rafo León | “La política formal e institucional es la misma que anula a la institucionalidad democrática”.

El espectáculo político que tenemos ante nuestros ojos ha pasado de tragicomedia a sainete. Irreal, fantasmagórico, a la mentalidad promedio la tendría que llevar a pensar que la situación es insostenible y a actuar para que deje de serlo. Sin embargo aquí no pasa nada. El futuro inmediato se definirá en los artilugios argolleros del Congreso y es probable que en poco tiempo volvamos a caer en manos de un fujimontesinismo en versión recargada. No nos engañemos, un sector muy numeroso de la población del Perú coincide con la ética de ese Congreso y las organizaciones que lo conforman y hay que buscarlo tanto en los directorios blancos de las empresas CONFIEP como en los barracones del Callao, en los sets de televisión, en los territorios vedados para la policía del altiplano, en los espacios controlados por los sicarios trujillanos, en las bancas de las iglesias donde señoronas del Opus depositan sus ofrendas.

Una analogía que me explique mejor. Si hay una lucha legítima entre la población rural de nuestro país, esa es la que defiende la tierra, el agua, la salud de la gente y la producción agropecuaria de los abusos de una minería en mucho tributaria de los métodos extractivos del siglo XIX. Las comunidades que se organizan para enfrentar proyectos mineros abusivos y ponzoñosos no necesitan de líderes iluminados para poner la cara, basta con constatar que sus ríos ya no acarrean vida, sus tierras les son usurpadas y las entidades del Estado en lugar de jugar el papel regulador que les corresponde, actúan como abogados de las empresas.

En ciertas zonas del país donde dominan las economías paralelas derivadas de actividades económicas informales e ilegales, la cuestión sin embargo no es tan simple. Pensemos en Puno (contrabando, narcotráfico), en las serranías de Lambayeque y Piura (amapola) y en otros lugares donde es la minería ilegal la que se opone a la formal. En estos espacios la legítima protesta contra la minería contaminante se entrelaza con otra que defiende el statu quo porque este es su hábitat y así la lucha se lumpeniza. Amapola, narcotráfico, contrabando, tráfico de terrenos, extracción de oro de los ríos amazónicos y los cerros de la costa sur, tráfico de personas, solo pueden desarrollarse en la oscuridad de la informalidad y la ausencia de orden, autoridad y estructura.

Para el contrabandista, el mochilero que lleva pasta, el que vende lotes invadidos, para el policía involucrado, lo peor que puede ocurrir es que un día ingrese a sus pagos una empresa que lleve consigo zonificación, carreteras iluminadas, controles, vigilancia, cámaras de seguridad, exigencias de identificación, tributación, factura. Es decir, formalización, límites, legalidad, Estado.

A mayor escala es lo que ocurre con esa gran porción de peruanos que está en su salsa cuando las más altas autoridades empiezan a caer como los naipes de un castillo, gracias a la constatación de que todos tuvieron un precio. Cuando el Congreso y sus partidos mayoritarios vienen ejerciendo la representatividad para la cual se les eligió, esa de los caciques provincianos extorsionadores, la de los ladrones de distinta monta, la de los lobbystas de empresas y corporaciones cuyos métodos son incompatibles con la ley, con el bien común, con el buen gobierno, la de los altos funcionarios adictos a la puerta giratoria.

Se habla desde hace tiempo de que en nuestro territorio coexisten dos países, el bueno y el malo; el que sigue y respeta la ley y el que la patea todos los días. El país del corrupto compulsivo y el de quienes aún se escandalizan ante la coima, el atropello y la connivencia de la autoridad con los intereses del delincuente. Puede que haya más de dos países porque entre el bien y el mal sobran los matices. Lo peculiar del Perú de hoy es que la política formal e institucional, la que ocupa el poder, es la misma que anula a la institucionalidad democrática porque esta no conviene a sus fines. Es el sector mafioso que se monta sobre la legítima lucha de las comunidades que se defienden de la minería inadecuada pero para conseguir sus objetivos subalternos.

Por el camino que hemos tomado estamos a un paso de perfilarnos como un narcoestado. Y más, como un país fallido, ingobernable gracias a una paradoja: sus autoridades políticas, elegidas, representativas, son las que sostienen al caos y la anomía; las que lucharán con uñas y dientes antes de que en sus zonas se instalen reflectores, controles, códigos de convivencia, finalmente la ley. ¿Quién arregla esto? Antauro, dicen algunos. Sería el horror que nos corresponda.

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